El concepto de espectacular no se queda corto ante el proyecto que pretende realizar la Compañía Regional Aguas Marítimas, Cramsa en la región. Se trata de una iniciativa que involucra US$ 5 mil millones para construir una desaladora y la habilitación con agua potable de amplísimos sectores de la capital regional y Calama.

Por el monto involucrado se trata de la iniciativa no vinculada a la minería o la energía, más relevante de las últimas décadas.

Sin embargo, no todo es tan sencillo, pues la propuesta genera cuestionamientos en otros actores de esta industria regulada. En privado se duda de la capacidad para generar un desarrollo de esta envergadura, aunque en lo concreto, el Ministerio de Obras Públicas parece estar a punto de firmar el decreto de concesión que sería el hito fundamental para que Cramsa comience con su plan.

Los detalles

Como se sabe, el régimen sanitario chileno establece un régimen de concesión en un territorio operacional, donde una empresa entrega de forma exclusiva el servicio, mientras la tarifa es fijada por la autoridad, teniendo como objetivo un precio razonable para los usuarios y el desarrollo de la compañía a cargo sólo se presta servicio en áreas urbanas y no rurales.

Así, por ejemplo, Aguas Antofagasta opera territorios precisos en la Región de Antofagasta, particularmente zonas urbanas, sin que otro competidor pueda interferir en ese espacio y sin que la sanitaria pueda añadir otros que no estén autorizados por el Estado.

Lo sorprendente ocurrió en febrero de 2019, cuando Cramsa presentó una solicitud de concesión a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, aparecida en el Diario Oficial, por tres polígonos: dos en la capital regional y uno en Calama, por un total aproximado a las 17 mil hectáreas, una solicitud nunca antes vista en el país, considerando la magnitud.

En la capital regional los polígonos están ubicados al norte de la ciudad, desde la carretera, en la zona de La Portada y por sobre la Ruta 1, hasta el límite urbano, por aproximadamente 2.345 hectáreas.

A esta se suman 12.645 hectáreas de un polígono ubicado en el sector de La Negra y otras dos mil hectáreas en Calama, fuera de la Circunvalación camino a Chiu Chiu. En todo los casos, se trata de espacios que están fuera del radio operacional de Aguas Antofagasta.

Aguas Antofagasta y Ecconsa tienen reticencia y desconfianza en el proyecto y ha trascendido que han hablado con distintas autoridades advirtiendo que la idea no sería viable económicamente. Para tener en consideración, la superficie solicitada es seis veces más grande que lo que tiene actualmente Agua Antofagasta.

En la compañía advirtieron que habrían participado de la licitación si los polígonos hubieran sido más pequeños, así que finalmente, Cramsa fue el único oferente.

Una clave fundamental de la iniciativa es que Cramsa no tiene derechos de agua, por eso debe implementar una desaladora que debiera tener una capacidad mínima de 1.500 litros por segundo, considerando que el caudal máximo para Antofagasta es de 1.400 litros por segundo y el de Calama, 825 litros por segundo.

Otro dato relevante es que Cramsa propone estar operando el año 2025. Ante lo acotado de las fechas, apareen otras suspicacias: el riesgo que esto no se ejecute nunca, porque los retornos son a muy largo plazo. Es por esto que surge la imputación de que esto sería una "especulación", lo que la sanitaria, de hecho, ha detallado a las direcciones de obras municipales de Antofagasta y Calama.

El asunto en detalle se explicaría por la magnitud de la inversión y las estimaciones de incremento de la población, las que no serían las supuestas por Cramsa, dicen los críticos. No obstante, otras autoridades que se han reunido con personeros de la firma aseguran que el financiamiento de la obra está garantizado por entes internacionales y se funda, entre otros detalles, en llevar agua a sectores estratégicos como La Negra y barrio industrial de Calama, los que hoy no tienen agua potable del sistema.

Ante las consultas, Cramsa solo respondió (además ver recuadro) que ingresará este año el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), "continuará fortaleciendo las relaciones con las comunidades y socializando el proyecto con autoridades regionales y la sociedad civil" y confirmó que el inicio de las obras está previsto para el primer semestre de 2023, y el comienzo de las operaciones para mediados de 2025.

¿Qué falta, entonces? Aparentemente muy poco. Se dice que la concesión estaría casi por salir y que sólo faltaría la firma de Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas, pero la empresa ya podría entregar las factibilidades que hacen posible el desarrollo inmobiliario en un sector en particular.

Ante las consultas, Cramsa se definió como una empresa sanitaria de producción y distribución de agua potable, como también de recolección, tratamiento y disposición final de aguas residuales. "El propósito de Cramsa es generar mayor disponibilidad hídrica en la Región de Antofagasta, con el fin de que más personas tengan acceso a agua potable y alcantarillado, como también aportar al desarrollo sustentable de su territorio, la industria y la agricultura local, a través de nuestra principal fuente de abastecimiento: agua de mar, mediante su desalación".

Durante la tarde del 18 de mayo de 2009, el auto de Armando Pérez fue robado en plena calle. Su sobrino iba al volante mientras se dirigía a una tienda de repuestos de motos. Una vez que se bajó para atender un asunto que le tomaría poco tiempo, un sujeto lo robó aprovechando que dejó las llaves puestas.

En ese momento, Pérez no imaginó que este ilícito sería el comienzo de una cadena de sucesos que afectarían mental y físicamente a él y su familia hasta hoy, a causa de lo que él denuncia como una negligencia por parte de las autoridades correspondientes.

El evento clave que sigue generándole problemas ocurrió en diciembre de 2016. Pérez recibió un llamado por parte de un hombre que le informó la compra del vehículo que había sido robado. Lo había obtenido en un remate judicial, después de que este fuera recuperado en Putre.

"Como supuestamente nosotros no reclamamos el vehículo, la Fiscalía de Calama lo entregó para que fuera rematado. Se hizo eso con todos los autos que ingresaron al país y no habían sido reclamados por sus dueños", señala el afectado.

El aspecto curioso es que, según Pérez, "yo vivo en el mismo lugar desde hace tiempo, siempre he estado con el mismo teléfono y el tipo que compró el auto me ubico altiro. La persona o gente que remató el auto en Calama fue incapaz de avisarme de la situación".

Poco después del llamado, tras un encuentro que tuvieron en el centro de Antofagasta, el comprador, junto a un acompañante involucrado en la adquisición, le exigió a Pérez el levantamiento de una prenda que tenía el vehículo para que pudiese tener su propiedad. Este último se negó.

"Yo le dije: "Mira viejo, yo no tengo problemas contigo. Yo lo siento en el alma, pero no te lo puedo transferir porque es mi auto. No te lo puedo regalar". Él debió ir a la Fiscalía de Calama a solucionar el problema", relata.

A partir de ahí, los problemas no pararon de acumularse para Pérez. Recibió amenazas a la integridad física de su familia por parte del comprador. Y tras eso, le llegaron denuncias y multas por diversos delitos que no había cometido, los cuales estaban relacionados con el vehículo.

El antecedente más reciente que se tiene del vehículo fue una multa de 1 UTM que le llegó a la familia desde Paine. El auto había circulado sin pagar TAG el 29 de diciembre del año pasado. En este caso lograron ser absueltos de pagar la sanción, pero aseguran estar cansados.