Pablo Orellana G.

Los concejales Ricardo Campusano, Dinka López y Carolina Latorre concurrieron ayer hasta la Fiscalía de Calama para hacer entrega de nuevos antecedentes, "esto en el marco de una investigación en curso en relación a eventuales responsabilidades penales por fraude al fisco cometidas contra la Municipalidad de Calama, la cual desde el año 2018 es investigada por el Ministerio Público tras la compraventa de un terreno que sería destinado a la construcción de una clínica dental para uso de la comunidad", comentó Latorre.

Información

Según los ediles "la información aportada está contenida en el preinforme de Contraloría -del 3 de febrero del 2021-, en donde se solicita información que no fue entregada; además se llama al municipio a efectuar las correcciones y sumarios correspondientes, acerca de irregularidades y gastos no justificados o que bien no correspondían por más de 44 millones de pesos. Además del pago de asesorías no justificadas; todas estas situaciones fácticas que podrían revestir algún tipo de delito funcionario, por eso entregamos esta información y que permita establecer responsabilidades y sobre todo si hubo o no ilícitos", dijo Carolina Latorre.

En paralelo los concejales acusan otra irregularidad, "el traspaso de 890 millones de pesos, y sin consulta al Concejo Municipal, a la Corporación de Cultura y Turismo de Calama, e incumpliendo la normativa establecida para este tipo de entregas. Ahí también se incurre en una falta grave", explicó Latorre.

Reunión

En tanto la concejala Dinka López agregó que "insistiremos en tener una reunión con Contraloría y exponer por ejemplo la poca transparencia que ha significado el tener información acerca del proceso de devolución de los dineros per cápita que durante esta administración fueron derivados para otros usos. Además de mayores antecedentes efectuados en la investigación del organismo".

Los concejales denunciantes explicaron además que "se persigue con estas acciones las responsabilidades en cada uno de estos casos. El municipio es una entidad jerarquizada y por tanto los funcionarios no se mandan solos. Si existe desorden y claramente una falta de control, entonces hay responsabilidades civiles, penales, políticas y administrativas. Y esperamos que las cosas no se corten por el hilo más delgado", agregó Carolina Latorre.

Esta acción de los concejales "se enmarca en las atribuciones que tenemos siendo aún concejales de esta comuna, y que por tal efectuamos una labor de fiscalización sobre estas serias irregularidades detectadas por Contraloría y aún no atendidas", dijo la concejala Latorre.

ComdesSobre esta acción que realizaron los concejales en Fiscalía, desde la Comdes, a través de su directora ejecutiva, Jubitza Tapia, informaron que "no existen nuevos antecedentes de la casa que fue adquirida para el proyecto de Droguería. En Comdes nos encontramos realizando los procesos legales en los plazos que se nos han dado. Hemos presentado propuestas al Servicio de Salud y estamos a la espera de una respuesta, sin embargo, ese terreno siempre ha estado considerado para proyectos de salud".

Mañana, martes 23 de marzo, se votará en la Sala de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Royalty Minero ingresado en 2018 por el diputado por la región de Antofagasta Esteban Velásquez, con el que busca establecer un derecho de compensación económica en favor del Estado por la extracción del cobre y del litio, de un 3% sobre el valor ad valorem de los minerales, destinando un 50% de lo recaudado a un Fondo de Convergencia Regional para obras de desarrollo en las comunas mineras y el otro 50% se destina a obras de mitigación, reparación y compensación por los impactos ambientales en las comunas de extracción.

"Actualmente existe un impuesto específico a la actividad minera que se calcula sobre una tasa progresiva pero siempre depende de las utilidades de la empresa minera y que está íntimamente relacionado al impuesto a la renta; lo que buscamos es que las grandes mineras transnacionales paguen un derecho al Estado por extraer el cobre y el litio y destinar ese porcentaje a las regiones y comunas mineras", señaló el autor del proyecto.