Cristián Venegas M.

Si la semana pasada se hubiera rechazado en la Cámara de Diputados el proyecto que crea un royalty a la minería del cobre y el litio, la iniciativa se hubiera archivado por lo menos un año según el procedimiento legislativo, advierte el parlamentario de la región Esteban Velásquez, quien presentó el proyecto en septiembre de 2018.

Diputado que espera que la moción parlamentaria siga avanzando en su tramitación gracias al apoyo transversal que ha suscitado la iniciativa y pese a las advertencia del Gobierno de llevarla al Tribunal Constitucional, pues, a su juicio, la creación de nuevos tributos son potestad exclusiva del Presidente de la República.

"Es muy importante que la Cámara de Diputados haya entregado una mayoría bastante abrumadora al proyecto, hemos ido construyendo voluntades y mayorías que serán fundamentales para que esta iniciativa sea ley de la República en un futuro cercano", dijo sobre el proyecto que solicita 3% de las ventas del mineral extraído, el ex alcalde de Calama.

Velásquez agregó que "el mérito es que pudimos conversar y convencer a parlamentarios de sectores políticos de gobierno, oficialistas, de RN y la UDI; quienes entendieron que esta es una propuesta regionalista, a la que se sumaron diputados de regiones mineras y de algunos del sur del país".

Tramitación

Respecto de lo que se viene en lo inmediato para la tramitación del proyecto, el diputado precisó que la iniciativa "volvió a la Comisión de Minería y el presidente Pablo Vidal ya lo colocó en tabla para el miércoles 14 de abril, lo que es muy importante porque se van a revisar las indicaciones que puedan hacerse al proyecto, ya sea para mejorarlo o hacer observaciones. Luego de ese proceso el proyecto retorna a la sala, para ser despachado al Senado".

En este sentido, dijo que "es interesante el respaldo que hemos tenido y con perseverancia puede salir adelante este proyecto, más allá de lo que ha dicho el Gobierno desde un inicio respecto que esto es solo facultad del Presidente".

Inconstitucional

Sobre este último punto, específicamente los argumentos que tiene el oficialismo para rechazar la iniciativa y advertir que lo declarará inconstitucional, pues imponer nuevos impuestos es facultad exclusiva del Ejecutivo, Velásquez dijo que "en nuestros fundamentos del royalty no se habla en ningún caso de impuesto, establecemos esto como un derecho y estudios comparados nos hacen ver cómo otras naciones que han establecido estos mismos derechos de compensación por la extracción de riquezas naturales no renovables".

"Tenemos los argumentos suficientes para defendernos si el Gobierno insiste en llevarnos al Tribunal Constitucional (...) la gente se está convenciendo cada día más que el Gobierno no quiere tocar a la gran industria privada del cobre, porque si cree que este proyecto no es el adecuado, si no comparte su inspiración, si no le gusta el color del proyecto, su origen regionalista y del norte, invitamos al Gobierno a que proponga otro, que haga un proyecto de ley diferente, pero se pone de brazos cruzados y eso no hace más que aumentar el malestar ciudadano", añadió.

El proyecto de ley que reconoce un derecho de compensación económica en favor del Estado de Chile por la extracción del cobre y del litio (royalty), de un 3% sobre el valor ad valorem de los minerales extraídos por las empresas, fue ingresado por el diputado e integrante de la Comisión de Minería, Esteban Velásquez (FRVS), el 12 de septiembre de 2018. Iniciativa que ha sido duramente criticada por el Gobierno y gremios como el Consejo Minero, que agrupa a las principales firmas mineras del país.

3% de las ventas del cobre y litio pide el proyecto como compensación por extraer recursos no renovables.

Seis millones de toneladas de cobre produjeron las mineras chilena, aproximadamente, durante el 2020.

3,85 dólares es el valor promedio de la libra de cobre en lo que va de este 2021, de acuerdo a Cochilco.

Veinticuatro pequeños productores integran la Asociación Gremial Minera de Calama (Amical), los que en su mayoría mantienen sus actividades extractivas paralizadas por los costos que significa trasladar su mineral hasta Mantos Blancos, en Antofagasta, o Tocopilla, los poderes de compra de Enami más cercanos a la comuna desde que en el 2013 cerrara la planta maquiladora Santa Margarita.

La quiebra y el cierre de la planta fue devastadora para la actividad en Calama, que "agoniza" según explica el presidente de la Asociación, Jaime Aguilera, pues actualmente "todas las actividades de explotación, comercial y de trabajo exploratorio están completamente detenidas y no se explotan las minas de los asociados".

Esto, según le hicieron ver al propio Presidente y a los ministros de Minería y Hacienda a través de una carta, pese a que como agrupación han solicitado ayuda a Enami, Corfo, y otras entidades y autoridades de gobierno desde el cierre del poder comprador, "sin que a la fecha nos hayan dado respuesta". En este punto, el dirigente recalcó que, en promedio, las minas están a 95 kilómetros de Calama, y entre 236 y 258 kilómetros de los poderes de compra más próximos.

Patentes mineras

En este punto, Aguilera recalcó que otra de las complejidades que los preocupa es el pago de las patentes mineras, que en un contexto de pandemia que se extiende ya por más de un año, es una obligación que ya le costó perder sus pertenencias mineras a dos de sus asociados por el no pago.

En este sentido, el gremio solicita una rebaja, aplazamiento o convenio de pago normal de a patente minera, y la eliminación definitiva del recargo de pago de impuesto del 100%, pues una "deuda de un millón, que ya es difícil de pagar y más aún en este contexto de emergencia sanitaria, se convierte inmediatamente en una de dos millones cuando vencen los plazos y no queremos perder nuestras pertenencias minera", explicó.

95 km de Calama están en promedio las minas de Amical, es decir, entre 236 y 258 km de los poderes de compra.

2013 quebró y cerró la planta maquiladora Santa Margarita, el otrora poder de compra más cercano a Calama.

Hasta esta tarde (19 horas) los 706 asociados del Sindicato de Trabajadores Radomiro Tomic (STRT) tienen plazo para votar la última oferta de la administración divisional de Codelco, en el marco de la negociación colectiva reglada que llevan adelante ambas partes desde principios de febrero. Votación que inició el lunes pasado.

El presidente del gremio, Marcelo Robles, aseguró que se ha tratado de un proceso de negociación "muy tranquilo, de harto diálogo, y muy técnico" en el que, a diferencia de otros procesos, "efectivamente se pudo negociar" con la administración que encabeza el gerente general Lindor Quiroga.

El dirigente detalló que de rechazarse la última oferta, se pasa a la mediación (lo que era conocido como los buenos oficios) que se extiende por cinco días, y en caso de no alcanzar un acuerdo cualquiera de las partes puede solicitar cinco días adicionales de negociación. Si después de ese punto no hay acuerdo se hace efectiva la huelga en los plazos que estipula la Ley Laboral.

Mañana también votará la última oferta de la administración el centenar de trabajadores de Radomiro Tomic que integran el Sindicato de Establecimiento Planta-Administración (SEPA), que también inició sus tratativas con Codelco en febrero, con la entrega de su propuesta de contrato.