En medio del mayor esfuerzo sanitario que se recuerde en un siglo, los funcionarios de la salud de todo el país y en especial de la Atención Primaria enfrentan un nuevo desafío, llevar adelante la campaña contra la influenza.

Ésta se desarrollará a la par de la campaña de inoculación contra el covid 19, lo que supone una gran complejidad y un esfuerzo logístico mayor, que hará necesaria una precisa coordinación y un abundante canal de información hacia la comunidad.

No podemos olvidar que la influenza es la segunda enfermedad que mayor crisis sanitaria genera en el sistema de salud pública y, por ende, tener a la población protegida es una necesidad crítica para evitar un agravamiendo en la escena hospitalaria.

Según informó el Ministerio de Salud, este año se espera vacunar a 8.484.505 personas en todo el país.

En este grupo se encuentran los menos de 6 meses a 10 años de edad, los adultos de 65 a 80 años y más, las embarazadas, enfermos crónicos, personal de salud, trabajadores de la educación preescolar y escolar hasta 5° año básico; y este año además se han integrado otros grupos críticos, como personal de establecimientos de atención cerrada (Sename, Eleam, establecimientos psiquiátricos), cuidadores y contactos intradomiciliarios de personas postradas, población privada de libertad, recolectores de basura, transportistas, funcionarios públicos en general, carabineros, bomberos, Onemi e integrantes de las Fuerzas Armadas, entre otros.

La campaña comenzó con los mayores de 90 años y las mujeres con más de 33 semanas de embarazo, para continuar con los otros grupos, según vaya comunicando el Ministerio de Salud.

La meta definida para 2021 es alcanzar una cobertura de vacunación 85% a nivel nacional y por grupo objetivo en un periodo que no supere los dos meses.

Pese a que la situación epidemiológica podría ser similar a la del año 2020, es decir muy poca circulación de virus influenza, la campaña resulta especialmente importante para minimizar el impacto sobre el sistema de salud ya saturado por el covid.

Una vez más, el llamado es a "poner el hombro" y cooperar en este nuevo esfuerzo nacional.

Actualmente, hay alrededor de 3 mil personas internadas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y existe un 95% de ocupación de camas en los hospitales de todo el país.

A un año de la pandemia, Chile sobrepasa los 23 mil 600 fallecidos y hay más de un millón de contagiados. Sólo en la Región de Antofagasta el virus cobró la vida de 887 personas.

Es impactante el camino de muerte, crisis económica y agotamiento que el covid-19 está provocando, además de la rapidez en su mutación que ha impactado con fuerza, en este tramo, a niños y jóvenes.

Según el último informe Epidemiológico dado a conocer por el MINSAL, en nuestra región existen 3 mil 443 menores de 19 años contagiados, de los cuales más de mil casos corresponden a la comuna de Antofagasta, seguida por Calama (147).

El aumento sostenido de contagios en este rango etáreo preocupa a las familias, especialmente por el Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico, llamado PIMS que puede gatillar en algunos casos el virus.

Pareciera que tenemos que enfrentarnos a una desagradable sorpresa cada día, o cada semana, a raíz de las impredecibles consecuencias del Covid-19.

Al margen de las cifras antes descritas, ciertamente nos enfrentamos también a otro tipo de pandemia; la de la indiferencia. Mientras millones de personas se encierran en sus hogares y cumplen con las medidas sanitarias sigue habiendo un alto porcentaje de indisciplinados ciudadanos que vulneran las recomendaciones; se rehúsan a utilizar mascarillas; a cumplir con el distanciamiento social y lo que es peor participan, organizan y/o promueven fiestas o reuniones clandestinas.

En contraposición, los funcionarios de salud muestran señales de cansancio y piden con urgencia a la población que cumpla con la cuarentena ante la inminente amenaza del dilema de la última cama en esta segunda ola de contagios. Sin considerar que hasta ahora los funcionarios de la salud han visto partir a una veintena de médicos y funcionarios que se contagiaron.

Es evidente que los largos períodos de encierro (4 cuarentenas en 13 meses) generan consecuencias sicológicas en las personas, como síntomas de depresión, estrés, ansiedad e incluso trastornos del sueño, sin embargo, nada ayudará más a superar la crisis que el confinamiento, por eso resulta tan perjudicial para la sociedad que sean algunos los que cumplan con el deber de protegerse y proteger a los suyos.

Nunca antes el concepto de deberes, instaurado en nuestra Constitución había tomado tanta fuerza como hoy cuando es imprescindible -de vida o muerte- cumplir con las medidas del Minsal.

Para desincentivar la realización de eventos privados en cuarentena y con toque de queda, es que presenté un proyecto que aumenta las penas a quienes sean reincidentes en participar y organizar fiestas clandestinas, los que arriesgan entre 3 y 10 años de presidio, con multas de más de hasta 5 millones de pesos.

Hoy deberíamos estar celebrando estar rankeados como uno de los tres países con mejores procesos de vacunación en el mundo, en vez de perder tiempo valioso para frenar la pandemia en medidas que debieran ser respetadas sin cuestionamientos. Cuidarse uno mismo y al resto no es más que un acto de amor.

José Miguel Castro

Diputado de la República

Con el objetivo de activar y fortalecer las redes institucionales y comunitarias que trabajen en torno a la reinserción social en la Región de Antofagasta, es que como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impulsamos la Mesa Regional de Coordinación Intersectorial de Libertad Condicional para promover el acceso a la oferta programática del Estado a las personas que han sido condenadas a penas privativas de libertad y que obtengan el beneficio de libertad condicional, y de esta forma, apoyar su reinserción social y aumentar la seguridad pública.

En este contexto, uno de los principales objetivos de la Mesa Regional será identificar las necesidades de la población en libertad condicional que requieren ser resueltas a través de derivaciones y/o cupos de atención provistos por los organismos estatales y comunitarios de la región y acordar canales de derivación y/o procedimientos para el acceso a los servicios provistos por los organismos estatales y comunitarios, entre otros.

Así como también, acordar canales de derivación y/o procedimientos para el acceso a los servicios provistos por los organismos estatales y comunitarios y cuantificar los cupos que los organismos estatales y comunitarios de la región pueden destinar para la atención de la población en libertad condicional que requiera de sus servicios.

Resulta fundamental el apoyo de diversas instituciones para levantar las necesidades de integración social cuando una persona deja un recinto penitenciario y vuelve al medio libre; ésta debe tener una reinserción social efectiva e integral, que considere la información disponible del Estado en materia de salud, empleo, vivienda, educación y desarrollo comunitario y familiar, y no sólo eso, sino que se sientan acompañados en este proceso.

Con fecha 18 de enero del 2019, se promulgó la Ley N° 21.214 que modifica el Decreto Ley N° 321, en una reforma impulsada por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera que establece la libertad condicional a las personas que cumplen una condena privativa de libertad, incorporando entre otros aspectos, la figura del delegado de libertad condicional.

Esta modificación legal, entre otras, establece que, los beneficiados, quedarán sujetos a la supervisión de un Delegado de Libertad Condicional de Gendarmería de Chile, quien deberá elaborar para cada una de ellos un Plan de Intervención Individual que contenga el desarrollo de actividades tendientes a su rehabilitación y reinserción social, al tiempo que deberán supervisar periódicamente su cumplimiento.

En la Región de Antofagasta, serán cuatro delegados a cargo de esta tarea durante el 2021 y operarán en el Centro de Apoyo para la Integración Social (CAIS) de Gendarmería de Chile.

Paula García Barría

Seremi de Justicia y Derechos Humanos