Cristián Venegas M.

Por espacio de 90 días trabajará la Comisión Especial Investigadora de los actos de la Corfo y de otras autoridades relativos a la licitación que crea el Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) en la región de Antofagasta. El organismo parlamentario, que fue aprobado el 2 de marzo en la Cámara de Diputados, está en curso desde el pasado jueves 17 de junio.

La licitación que será objeto de investigación se resolvió el 4 de enero, luego que Corfo anunciara que el consorcio estadounidense Associated Universities INC. (AUI) se adjudicaba el ITL, lo que generó el inmediato rechazo de la Asociación para el Desarrollo del Instituto Tecnológico (ASDIT) que también estuvo en competencia, además del mundo académico y político.

Instituto que con una inversión base de US$193 millones, que forma parte de un nuevo contrato de arriendo entre SQM y Corfo de pertenencias mineras en el salar de Atacama; impulsará la energía solar, el hidrógeno verde, la minería de bajas emisiones y los avances en la industria del litio y otros minerales.

Esta semana

La diputada de la región, Catalina Pérez (RD), quien fue una de las parlamentarias que impulsó la investigación de la licitación del ITL, informó que esta misma semana se debiese citar la comisión y que "es muy importante poder aclarar a la comunidad, al mundo científico y académico de la región por qué se optó por una institución extranjera en desmedro de los talentos locales".

"Esperamos, agregó, sean escuchadas las universidades de la región y también se pueda abordar el mal manejo que se ha tenido con el litio que hoy no cumple ninguna de las expectativas que se crearon cuando se comenzó a explotar. Lo explota un privado, causa daños irreparables a los salares, no genera beneficios en la región y el conocimiento es derivado a un consorcio internacional. El centralismo sigue afectando a nuestra región, por lo mismo, esperamos que esta comisión pueda sesionar en Antofagasta".

"Es importante"

Para el diputado Esteban Velásquez (FRVS) la comisión, que estará integrada por 13 diputados de las distintas bancadas de la Cámara, "es importante, porque es necesario que se revise cómo fue el proceso, porque provocó mucha desconfianza la manera en que se llevó adelante esta licitación y eventualmente quienes evaluaron las distintas propuestas no eran los titulares en algunos casos de los ministerios y las instancias respectivas".

Asimismo, dijo que dentro de este proceso se esperaba que algunos criterios tuvieran peso entre los indicadores que se consideraron para evaluar, "como que se considerara a universidades nacionales y una prioridad por atender la región donde se instalará este centro, habían varios elemento que se pensaba que tendrían mayor consideración a la hora de evaluar; no se entregaron respuestas a varios de los intervinientes que estaban postulándose".

Velásquez recordó además que, incluso, una vez que se conoció el resultado, "los propios rectores de las universidades se levantaron como no había ocurrido antes. Creo que provocó bastante conmoción política, académica, y que estaría bien que esta comisión entregara resultados y si eventualmente hubo irregularidades retrotraer lo que se hizo, y si no, que sirva de lección para futuros procesos".

Actualmente el ITL es liderado por el director de Desarrollo, Ricardo Raineri, quien es el responsable de ejecutar la etapa de instalación del instituto, que durante este 2021 deberá ofrecer un Memorándum de Entendimiento (MoU) a la academia, centros y/o institutos que cuenten con capacidades científicas y tecnológicas en Chile, con especial consideración a las universidades de la macrozona norte. Además, se espera que AUI pueda constituir la Persona Jurídica.

2019 en octubre, como parte de un nuevo contrato con SQM Salar, Corfo publicó las bases de licitación del ITL.

04/01 Corfo comunicó el resultado del proceso de licitación del ITL en el que participaron AUI, ASDIT y la FCh.

80 votos a favor, 37 en contra y 12 abstenciones, obtuvo la propuesta de una comisión investigadora en marzo.

13 parlamentarios integran las Comisiones Especiales Investigadoras (CEI) de la Cámara de Diputados.

Acciones legales que hagan efectivo el desalojo de los contratistas que han bloqueado por la fuerza la entrada a sus proyectos fotovoltaicos Finis Terrae 1 y 2 desde el lunes 14 de junio, inició la firma Enel Green Power Chile. Acción de los manifestantes que aseguran ha puesto en riesgo la seguridad de sus trabajadores e interrumpido la generación de energía de la central en operación.

Desde la compañía explicaron que todo inició hace ocho días cuando representantes de empresas que ejecutaron labores para subcontratistas de los principales contratos de Finis Terrae 1 y 2, junto a personas de empresas que participaron en contratos de otros proyectos que no son de Enel, tomaron por la fuerza los ingresos a la planta en operación y al proyecto en construcción.

Intentaron mediar

Durante la semana pasada Enel, que asegura no tener deudas con ningún contratista, ha intermediado para lograr un acercamiento entre las partes involucradas: los responsables del contrato principal y las personas que reclaman deudas de parte de subcontratistas. Promoviendo un diálogo que resuelva la situación, pero los afectados rechazaron la oferta indicando que o se pagaba todas las deudas de las empresas que están protestando o no cederían.

Sobre este último punto, la compañía aclaró que del monto total que se exige, solo un quinto está relacionado con subcontratistas de proyectos de Enel, el resto corresponde a proyectos de otras empresas.

Apoyo de autoridades

El gerente general de Enel Green Power Chile, Ali Shakhtur, quien advirtió que la empresa ya ha realizado denuncias penales y solicitado medidas de protección a las autoridades, dijo que "comprendemos la situación por la que atraviesan las empresas que se han manifestado y hemos abordado cada caso en el que algún contratista nuestro ha estado involucrado para buscar soluciones".

"Sin embargo, continuó el ejecutivo de Enel, no podemos tolerar que se nos extorsione exigiendo el pago de deudas relativas a otros proyectos que no son nuestros, incluso de otras regiones, para que nuestros trabajadores puedan entrar a operar nuestra planta. Hacemos un llamado al Ministerio de Energía para que, con el apoyo de ministerio del Interior y las autoridades que corresponda tomen las medidas necesarias para restablecer el estado de derecho".