Hay algo que amenaza con dañar la esfera pública: la política de la identidad. Esta consiste en que las personas en vez de esgrimir su condición de ciudadanos iguales proclaman su estatus de miembros de un grupo -caracterizado por el género, la etnia o la orientación sexual- para intervenir en la vida política.
Es lo que está ocurriendo en la convención constitucional.
Así lo ponen de manifiesto algunas opiniones que se han vertido a propósito de la elección de quien deba presidirla. Se ha dicho que para que la diversidad se exprese, es mejor que la presida una mujer mapuche.
¿Es esa una buena razón?
La regla de la paridad o la representación de los pueblos originarios es, no cabe duda, un principio correcto. Como el género y la etnia han sido obstáculos históricos para la participación -relegando a ciertos grupos a posiciones subordinadas- es razonable que se haya decidido asegurar su presencia y su voz en del debate mediante la paridad o los escaños reservados. En otras palabras, si hubo desventajas inmerecidas, es correcto moral y políticamente que se las compense mediante alguna forma de discriminación positiva.
Y así ocurrió en las reglas para elegir la Convención Constitucional.
Pero una vez que esas reglas se han ejecutado -una vez que la Convención fue elegida y conformada- ni el género, ni el origen étnico pueden reclamar para sí una condición privilegiada en el debate o en el diálogo constitucional. Todos los miembros de la Convención Constitucional están allí en una condición igual, sin que nadie pueda reclamar una ventaja moral o de otra índole a la hora del diálogo o la deliberación.
Por eso cuando se dice que la presidencia de la Convención debe recaer en una mujer debido a su género y su etnia, y se agrega que ello sería una forma de homenajear la diversidad, se está incurriendo en el error de esgrimir el estatus -un cierto rasgo identitario- como una razón en el debate político. Entiéndase bien: el problema no consiste en que sea una mujer mapuche la que presida la Convención (menos si tiene las características de quien ha sido propuesta) sino en las razones que se han esgrimido para promoverla. La presidencia o cualquier otra posición en el debate constitucional ha de poseerse no debido a la etnia a la que se pertenece, o el género que se posea, sino en atención a las virtudes políticas o intelectuales -que quien ha sido promovida no hay duda las posee- necesarias para presidir la convención, conducir las deliberaciones y zanjar las disputas que en medio de ella se planteen. En otras palabras, una cosa es la razón que se ha esgrimido para que exista la regla de la paridad o los escaños reservados; otra cosa es la posición de quienes fueron electos en conformidad a esa regla. El género y la etnia son una buena razón para que exista la regla sobre cuyas bases se eligió a los convencionales, no una razón para conferir ventajas una vez que la regla se aplicó y ellos fueron elegidos.
Una de las virtudes de las sociedades modernas es que transitaron desde el estatus al contrato; evolucionaron desde asignar posiciones atendiendo al origen a distribuirlas atendiendo al desempeño; y así fueron confirieron poco a poco más importancia a lo adquirido por las personas que a aquello que les era simplemente adscrito.
La política de la identidad que ha seducido a una parte de la izquierda (en especial a la izquierda iliberal) abandona ese ideal de las sociedades modernas haciendo renacer, bajo una nueva forma y con nuevos pretextos, al estatus, al origen, a factores meramente adscritos.
La acción afirmativa, cabe insistir, es correcta como una razón para establecer las reglas de la Convención; pero no puede ser una razón para reclamar ventajas de ninguna índole dentro de ella.
Pero algo de eso se está ya insinuando cuando de manera irreflexiva se piensa que basta esgrimir el valor de la diversidad para abandonar la igual ciudadanía.
