Una manifestación en el frontis de la Catedral Metropolitana, en plena Plaza de Armas de Santiago, y la posterior actuación policial este jueves tuvo inusitados efectos en el desarrollo de la sesión de la Convención Constitucional. Ello porque entre las once personas que fueron detenidas al intentar encadenarse en el templo, se encontraban dos convencionales: Alejandra Pérez (Distrito 9) y Manuel Woldarsky (Distrito 10), ambos representantes de la Lista del Pueblo, quienes advirtieron a los policías de su condición de autoridades.

La situación fue ampliamente denunciada a través de redes sociales -pues en los registros no se ve violencia o desórdenes-, y motivó a que la mesa directiva decidiera suspender el inicio de la sesión del pleno del órgano, posponiéndolo por casi dos horas. Finalmente, cerca de las 17:30 horas se reanudó la jornada.

Al respecto, el vicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, quien concurrió a las dependencias de Carabineros, opinó que "la fuerza policial no puede ser la respuesta a los conflictos del Estado. La Constituyente ha demostrado que la sociedad elige el diálogo y la deliberación ante los conflictos políticos y sociales".

DEFENSA A PAROT

La jornada además estuvo marcada por la defensa que el Ejecutivo hizo de la secretaria técnica del órgano, Catalina Parot, luego que un grupo de representantes firmaran una carta pidiendo su salida del cargo en el que reemplazó al cuestionado Francisco Encina, solicitando que La Moneda se remitiera a nominar personas y que fuera la Convención quien definiera al nominado.

"Respetamos su punto de vista, pero la verdad es que no lo compartimos. Creemos que Catalina Parot ha sido una servidora pública ejemplar (…) esperamos que sea valorada su capacidad de diálogo", dijo el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, quien señaló que no entiende "por qué está siendo cuestionada".

Ossa además pidió a la entidad respetar las "reglas que fueron aprobadas previamente mediante un Plebiscito", en relación a la discusión en torno a modificar algunos quorums para aprobar decisiones en las comisiones hasta ahora creadas, en vez de la regla de los 2/3 aprobadas en la reforma.

Además, desde el Gobierno, a través del ministro Rodrigo Delgado, se criticó una declaración de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) en la que desacreditó la Convención como vía para "crear una mejor correlación de fuerzas para la causa mapuche", calificándola como "acto de sometimiento al pacto colonial". Al respecto, el jefe de gabinete aseguró que "estamos en presencia de personas que no quieren el diálogo, no quieren la paz".

Aludiendo los recientes casos de violencia y amenazas sufridas por autoridades, en particular por convencionales de Chile Vamos durante la última semana, este jueves el Presidente Sebastián Piñera anunció el ingreso -con discusión inmediata- de un proyecto de ley que busca penar actos de amenazas, coacción y hostigamiento.

Según el mandatario, estos hechos "vienen creciendo en Chile en forma muy significativa en los últimos tiempos y, además, son cada día más recurrentes las prácticas de hostigamiento, de acoso, que terminan afectando la intimidad, la vida privada, la seguridad, la integridad psíquica de las personas y, sin embargo, en nuestra legislación, estos males de hostigamiento y de acoso no están tipificados como delito".

En ese sentido, el jefe de Estado recordó que desde la promulgación del Código Penal, en 1874, que no ha habido "cambios significativos" en la materia, lo cual requiere una urgente actualización, conforme a los tiempos actuales.

Por ello -continuó- "vamos a presentar un proyecto de ley contra las amenazas, contra la coacción, contra el hostigamiento, que tanto daño causa porque la violencia también tiene un rostro encubierto que busca provocar miedo, dolor, a través de la amenaza, el temor y hostigamiento, y que lo que quiere es acallar la voz y las ideas de quienes piensan distinto".

"soluciones ahora"

Piñera enfatizó "que el problema es ahora y requiere soluciones ahora". Entre otros aspectos, la iniciativa anunciada busca reformular el concepto de amenaza, haciéndola más perseguible como delito; propone penas más severas -por ejemplo, en caso de amenazas de homicidio, incendio o secuestro-; y persigue amenazas anónimas o en redes sociales.

También considera la coacción como delito de manera autónoma y no como falta. En definitiva, agregó, se pretende sancionar a quienes "buscan obligar a otra persona a ejecutar u omitir una acción contra su voluntad".

La Asociación Gremial de Asesores Previsionales (Agap) propuso crear un Fondo F, que tenga rentabilidad fija y orientado, principalmente, a los cotizantes que jubilarán próximamente, lo anterior en un contexto en que los fondos de pensiones más conservadores (D y E) han presentado caídas acumuladas de 5,85% y 9,85% en los últimos 12 meses. La presidenta de la entidad, Ann Katharine Clark, aseguró que una medida como esta, que permita invertir en diferentes instrumentos "pero que otorgue una rentabilidad fija asegurada por la AFP, podría ser la alternativa adecuada para entregarles estabilidad a los pensionados", de manera de reducir los impactos negativos de las variaciones del mercado, más aún para usuarios en etapas de mayor precariedad económica y laboral.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó este jueves que exigirá a la empresa Proa S.A., responsable de los alimentos de la marca Champion Cat, compensar a todos los dueños de gatos afectados por consumir ese producto que, a raíz de un problema de descomposición, habría provocado distintos problemas de salud a las mascotas, entre ellas decaimiento, dificultades respiratorios y desequilibrios, ocasionando la muerte de al menos 60 animales. Sernac aseguró haber recopilado reclamos, alertas ciudadanas e información, además de una alerta de seguridad de la propia empresa, por lo cual la ofició para evaluar acciones a seguir. El director del organismo sostuvo que espera que Proa S.A. entregue una propuesta adecuada y oportuna al daño causado.