Covid: salud comunitaria y participación ciudadana

Hemos vivido casi un año y medio de pandemia y sin duda muchos son los factores que han complicado el control de este grave problema socio-sanitario. Las falencias van desde la construcción de respuestas únicas y centralistas para territorios tan diversos, hasta la ausencia de gobernanza amplia para abordar el tema con un enfoque humanitario integral, inclusivo y dialogante.

Sin embargo, cada vez queda más claro que la participación y la adherencia ciudadana es -lejos- el elemento central para el control de un problema de salud pública como éste. En este contexto, existe una herramienta sanitaria que recoge esta realidad, denominada "Salud Comunitaria", entendida como la "acción EN y DESDE la comunidad que puede influir positivamente en la salud de la población". Bajo este paradigma, el equipo de salud pasa a ser un orientador y colaborador de aquellas decisiones sobre salud de la cual la comunidad se ha apropiado.

Algunas de las características más relevantes de la Salud Comunitaria son la necesaria integración de todas las actividades médico, sanitarias, ambientales y sociales desde una concepción social de la salud; el predomino de lo colectivo sobre lo individual; la planificación local y descentralizada; la cobertura universal en los servicios sanitarios; el abordaje de las necesidades reales de salud de la población (en cuyo diagnóstico es la comunidad el actor principal) y, la participación consciente de las comunidades, las instituciones y los demás sectores de la sociedad, en un trabajo en red e intersectorial efectivo y real.

Esto obliga a reorientar las acciones propias del Sistema de Salud y la relación del Estado con los ciudadanos. Además, supone la formación de líderes comunitarios en materias sanitarias, lo cual es absolutamente factible en una sociedad como la nuestra, en que muchos ciudadanos y ciudadanas se han organizado en diversas iniciativas con el propósito de contribuir a la salud colectiva en tiempos de pandemia.

Ya es tiempo de que estas iniciativas comunitarias sean reconocidas e incluidas en los espacios de toma de decisiones locales y regionales, superando las limitaciones de un sistema de salud como el nuestro, enmarcado en un modelo neoliberal; es tiempo de superar el individualismo que nos ha dejado este modelo y volver a enfocarnos en el bien colectivo. En esto, es fundamental que tanto la educación como la salud se consideren como lo que son: un derecho social ineludible para el Estado.

En el contexto de las trascendentes definiciones políticas que nuestras autoridades y constituyentes están discutiendo, uno de los temas que nuestra región debe instalar con la máxima decisión, argumento y coordinación es el relativo al suelo fiscal y su rol en el desarrollo productivo, social y sustentable.

Las principales organizaciones, autoridades y líderes regionales comparten transversalmente que bienes nacionales es un ministerio centralista y que no ha jugado el rol promotor y potenciador del desarrollo productivo y social de la principal región minera industrial, exportadora y segundo PIB del país. Los principales gremios de la industria, construcción, transporte, comercio y servicios de las comunas de nuestra región se han manifestado de manera formal, regular y persistente para que este ministerio asuma el rol promotor del desarrollo que le corresponde al ser dueño del 75% de la superficie de nuestra región. Nuestras actuales empresas regionales (principalmente pequeñas y medianas) junto a las que están por ser creadas por los emprendedores e innovadores y, aquellas que llegan a instalarse en nuestra región, necesitan de territorio planificado, urbanizado, con precios y modalidades de pago que efectivamente permitan la consolidación en nuestra región de un polo industrial, de clase mundial, sinergizado comunalmente, que acompañe y potencie a nuestros gigantes motores económicos de la minería metálica, minería no metálica, energía, puertos, desalación, turismo, astronomía, comercio internacional. Al mismo tiempo, este suelo fiscal debe atender de manera urgente las necesidades sociales de vivienda y espacios públicos de una región que debe dar un salto robusto en la calidad de vida de sus habitantes.

En el actual debate nacional debemos abrir paso a una voz regional potente e influyente en las decisiones estratégicas que están por tomarse. Somos una región minera, energética, portuaria, turística, astronómica, líder en desalación, eje de integración comercial, que debe hacer sentir con fuerza su voz para que nuestra región pase a ser un actor protagónico en la administración de su suelo fiscal. El centro metropolitano y el sur agrícola deben escuchar la voz de esta región, pilar de la economía y exportaciones nacionales. Nuestra potente estructura productiva necesita empresas regionales que puedan seguir desarrollándose y para eso necesitan suelo, terreno, barrios industriales potentes. Nuestra comunidad necesita una oferta habitacional dinámica y a precios que no los lleven a decidir por comprar casa en otras regiones. Bajo el liderazgo de nuestro Gobernador Regional debemos levantar la voz regional con esta propuesta descentralizadora que le aporta a nuestra región y al país.

La actitud antiprensa que han tomado varios miembros de la Convención Constituyente es algo que no se debe tomar a la ligera. Son los mismos argumentos que han tomado regímenes de extrema izquierda y extrema derecha en otras épocas, no tan antiguas, para controlar la información y censurar. Argumentos como que los medios solo responden a intereses de élites -económicas o intelectuales- por lo que dejarlos actuar libremente es ayudarlos a distorsionar la realidad. Trump utilizó un discurso así durante sus campañas presidenciales.

Hoy vemos que no son pocos los constituyentes que sostienen que los medios distorsionan, trabajan para poderes económicos y por lo mismo, hay que filtrarlos. A su vez, aseguran que la única manera de asegurar que todos los chilenos accedan a las discusiones, son los medios oficiales de la convención que no los "tergiversan". Obvio que es bueno que existan medios transmitiendo todos los debates, al estilo de lo que ocurre con la Cámara de Diputados. Ayuda mucho a la transparencia. Pero argumentar eso para no dejar pasar a medios de comunicación, es una medida totalitaria (que por suerte no avanzó) que menosprecia el trabajo de los periodistas y la inteligencia de los chilenos.

La teoría que promulgan algunos de ellos, es que los medios manipulan, los periodistas trabajan para los poderes fácticos, y los ciudadanos son tan ignorantes que son fácilmente manipulables. Por eso, cuando hay notas periodísticas críticas, no es porque cometieron un error, sino que se trata de una campaña orquestada desde el poder.

Pero se olvidan de algo muy importante. Ellos ahora son un poder, elegido democráticamente, con sueldos pagados por todos los chilenos. No pueden pretender estar por sobre la fiscalización. No pueden pretender no dar cuentas. No pueden pretender que no se les pueda hacer preguntas (hay convencionales que se niegan a las entrevistas con algunos medios por razones ideológicas). Está muy bien que haya un canal que transmita todos sus discursos, pero impedir que la prensa pueda resumir, interpretar e interpelarlos, demuestra poca madurez democrática.