Ahora que corren nuevos aires que proclaman y demandan el respeto de la diversidad en su extenso sentido, resulta necesario insistir en el imperativo jurídico de respetar las pertenencias culturales en la persecución, juzgamiento y defensa penal.

El uso de argumentos culturales no va a contracorriente de un sistema procesal penal moderno, sino que se justifica precisamente para lograr una mayor calidad en la toma de decisiones. Por un lado, la teoría multiculturalista sostiene que en una sociedad culturalmente diversa se requiere un tratamiento diferenciado respecto de los miembros de grupos culturales minoritarios. En el otro extremo están quienes afirman que la idea de la justicia individualizada debe ponderar atributos sociales tales como género, edad, etc., permitiendo reconocer los imperativos culturales del imputado, sin una desviación importante de la lógica del sistema de justicia penal. De acuerdo a esta posición, principios jurídicos consolidados como el derecho a un juicio justo, la libertad religiosa y la igual protección de la ley, apoyan el uso de dichos argumentos.

La detención por tráfico de estupefacientes hace pocos meses de una mujer boliviana quechuahablante, dedicada a la actividad ganadera, es el reflejo de una justicia inicialmente ciega a las diferencias. En un control fronterizo se inspeccionó un furgón con 9 personas, momento en que se encuentran en su interior un paquete de pasta base cubierto de dos "parkas" de vestir. A la mujer se le atribuyó el delito por no responder negativamente a una pregunta de los policías y encontrarse cerca de las vestimentas.

En entrevistas posteriores con una traductora quechua, la imputada negó absolutamente su participación desconociendo el uso de prendas de vestir como las mencionadas "parkas". Su relato genuino, coherente y corroborado a través de gestiones en su país de origen, permitió la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva y su sustitución por arresto domiciliario nocturno.

Como en este caso, todos quienes actúan en el sistema penal deben ser sensibles a la diferencia cultural, aceptando que la comprensión de una imputación penal no es un dato que tenga que darse por sentado cuando se está en presencia de personas pertenecientes a pueblos originarios.

Por ello, es necesario decir con fuerza que cualquier imputación debe ser precedida de la debida provisión de un traductor que, en compañía de un defensor, recoja la versión de la persona imputada. Esta exigencia básica constituye un estándar propio de un debido proceso legal con pertinencia cultural.

En Francia la semana pasada terminó en medio de protestas por las restricciones para las personas que no tengan el pase sanitario producto del cumplimiento con el esquema de vacunación o con exámenes negativos para el covid-19. El gobierno galo a partir de ayer implementó las medidas que buscan proteger a la población ante un rebrote de la enfermedad que signifique nuevas muertes y colapsos en las unidades hospitalarias. Más ahora con la expansión de la variante delta en todo el continente europeo.

La política sanitaria francesa es perfectamente entendible y muy similar a la chilena en la que se otorgan mayores libertades para quienes completaron su esquema de vacunación y tienen su "pase verde". No obstante, en ambos casos y, atendiendo a los inconvenientes derivados de la pandemia, se atenta contra derechos fundamentales de las personas como lo son el libre desplazamiento y el no ser discriminados.

Una sensación que empieza a hacerse carne en lo que respecta a nuestro país. No son pocos quienes se sienten discriminados por no estar vacunados, más cuando siempre se explicó que era un proceso voluntario. Comprenden los cuidados y medidas preventivas y las respetan y no creen justo ser excluidos de atenciones en sectores cerrados por la ausencia de la inmunización vacunatoria.

Si bien, al igual que en Francia, en nuestro país hay opciones para quienes no tienen el pase de movilidad, por ejemplo, ser atendidos en terrazas y espacios abiertos, pero no son pocos los lugares que quedan excluidos. Por ello a través de mensajes en redes sociales y otros enviados a medios de comunicación manifiestan su malestar.

Una opción para ellos sería validar los exámenes de antígenos o de PCR para entregarle opciones de acceder a recintos cerrados, como los cines. Porque en el fondo existe una discriminación, para gran parte de la población positiva, pero que de igual modo atenta contra quienes por distintos motivos decidieron no vacunarse.

Lo importante es que no se puede perder de vista que la crisis sanitaria no se ha ido y ciertamente los vacunados y no vacunados sienten vulneradas sus libertades es por un tema de salud pública. Existe un bien superior al que nos debemos y los esfuerzos aunque difíciles se deben respetar.

Llegó el tan esperado anuncio para la Región de Antofagasta y para todo Chile; el 04 de agosto de 2021 en un hito histórico la farmacéutica Sinovac Biotech confirmó que las ciudades de Antofagasta y Santiago han sido las elegidas para instalar un centro de producción de vacunas; proyecto que se llevará a cabo en dos partes, siendo nuestra región la zona que albergará un Centro de Investigación y Desarrollo (i+D) para la ciencia y la tecnología.

Para la toma de esta decisión, se llevó a cabo un proceso formal de evaluación del terreno disponible en la zona Norte de Antofagasta que incluyó la visita de la delegación de científicos y ejecutivos de Sinovac, autoridades y científicos chilenos -nacionales y de regiones-, que constataron la ubicación estratégica de Antofagasta en el continente, con territorios amplios, dos aeropuertos estratégicos y un puerto que permitirán exportar vacunas a países de Latinoamérica.

Concretamos varios acuerdos de colaboración entre entidades privadas y públicas, un convenio inter-universidades que tuve el honor de coordinar junto al doctor Alexis Kalergis del Instituto Milenio de Inmunología e inmunoterapia, incluso tuvimos que hacer modificaciones en la legislación, por lo que aprobamos el proyecto de ley que flexibiliza los ensayos clínicos en nuestro país, de mi autoría, y que abrió las puertas a las farmacéuticas actualizando la situación del país en esta área poniéndonos al nivel de países de primera línea científica.

Antofagasta fue considerada para este objetivo a raíz de un arduo trabajo de muchos actores sociales que actuaron contrarreloj debido a la gravedad de la crisis sanitaria. A su vez, Sinovac, laboratorio que -dicho sea de paso- ha producido una de las vacunas más utilizadas en Chile y en el mundo en el combate del Covid-19, tiene una relación de años con científicos de universidades emblemáticas de nuestro país.

Por fin estamos aquí, con una capacidad inicial de 60 millones de dosis y escalables, y una inversión que ronda los 60 millones de dólares. Esto sólo es la punta del iceberg, a mi juicio, el gran valor de que Antofagasta haya sido escogida para desarrollar I+D en Chile, nos convierte como región en un polo que acerca a otras universidades y que nos vincula con científicos de todo Chile pero también de otras partes del mundo; la ciencia tendrá un papel preponderante en nuestro país desde la región de Antofagasta: investigadores que trabajarán en la planta y estudiantes de las carreras del área de ciencia podrán desarrollar sus especialidades con mayores recursos, sin tener que obligadamente salir del país para adquirir mayor aprendizaje.

Hemos plantado la bandera de la ciencia y la tecnología en Antofagasta, que además de protegernos de futuras pandemias desarrollando nuestras propias vacunas, nos abre finalmente una puerta concreta y real hacia la descentralización y hoy Antofagasta adquiere un sólido compromiso con avances en áreas como salud, ciencia, tecnología, así como en negocios y en la reactivación de la economía local; sigamos avanzando en la construcción de un mejor país y claramente, sigamos construyendo una mejor región, las que se verá beneficiada junto a todas sus comunas.