Ingresan una reclamación por obras de conjunto habitacional en sector Topáter
CALAMA. Dirigente indígena recurrió al Primer Tribunal Ambiental para que el proyecto inmobiliario sea sometido a una evaluación ambiental por estar en terrenos de protección patrimonial histórica.
El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta admitió a tramitación la reclamación ingresada por el dirigente de la Asociación Indígena de Regantes y Agricultores de Lay Lay, Esteban Araya Toroco, quien solicita que el proyecto inmobiliario Cumbres de Alto Lomas Huasi presente un estudio de impacto ambiental (EIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), por encontrarse en terrenos de protección patrimonial histórica.
El conjunto habitacional se desarrolla a un costado de la avenida Circunvalación, específicamente el sector Topáter, frente a la villa Lomas Huasi y próximo a un cementerio indígena atacameño, explica el comunero, quien detalló que se trata de 6 a 7 hectáreas de superficie, loteados en 256 terrenos que están siendo urbanizados desde enero de 2020.
Recurso de potección
Proyecto que había quedado detenido en 2014 por el recurso de protección acogido por la Corte Suprema que además falló que requería un EIA, una consulta indígena, además de permiso del Consejo de Monumentos Nacionales y de los requirentes que presentaron el recurso; y por la ordenanza municipal que impedía edificar en el área, la que se levantó durante la administración del ex alcalde Daniel Agusto.
El dirigente dijo además que ingresaron nuevos estudios arqueológicos y antropológicos "que dan a conocer las evasiones que hizo esta empresa, pues no presentó EIA, y no ingresó informes al CMN sobre, ya que está todo el área intervenida, si encontraron restos antropológicos, cerámicas o textilería, porque en ese caso debieron tener un plan de manejo".
Requerimiento, advirtió Araya, al que se sumará próximamente la Asociación Indígena de Regantes y Agricultores de Lay Lay y otras organizaciones, pues el cementerio indígena de Topáter es visitado por distintas comunidades que tienen la costumbre de honrar a quienes se encuentran sepultados ahí.
La reclamación
Respecto de la reclamación ingresada, desde el tribunal precisaron que en el escrito presentado, Araya Toroco se señala que el conjunto habitacional "no es una subdivisión predial, sino un proyecto inmobiliario y el lugar donde se emplaza corresponde a un área protegida", y agrega que la empresa realiza una rebaja de la superficie del proyecto solo para eludir el ingreso al SEIA, situación que fue reclamada ante la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), sin embargo, el organismo aseguró que no había incumplimientos, por lo que archivó la denuncia.
Otro de los fundamentos dados por el reclamante tiene relación con la disposición legal de que deban someterse al SEIA todos los proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas, como es el caso de Czzalama.
Para el dirigente indígena la empresa además ha tenido la intención de eludir y fraccionar el proyecto, a través de la reducción de la superficie y lotes con el fin de evadir el ingreso al SEIA y con la aseveración de que no tienen intención de construir. Sin embargo, esto para el reclamante constituye una "falacia del desarrollador", y que "en efecto no se ha autorizado un loteo de papel, pues en la práctica hay obras que se han ejecutado en el terreno, hay avenidas que se han abierto y espacios con restos humanos y arqueológicos que han sido alterados. De hecho, el propio informe de fiscalización de la SMA da cuenta de ello", dice el escrito presentado.
Cementerio indígena
Esteban Araya Toroco asegura en su reclamación que la urbanización en Topáter se emplaza en terrenos de protección patrimonial histórica: "La existencia de una zona extensa con material arqueológico y restos humanos, que constituye un extenso lugar de enterramiento, merece por último un trato acorde con la dignidad de la persona y los derechos de las comunidades indígenas para quienes este lugar tiene un valor cultural y religioso protegido por las leyes, la Constitución y los tratados internacionales".
256 lotes de terreno están siendo urbanizados desde enero de 2020 y corresponden de 6 a 7 hectáreas.