Correo
Deseos antidemocráticos
Una vez más nuestro profesor porteño Agustín Squella da una clase magistral por el respeto de las reglas en el tema de los 2/3 en la Convención Constitucional. La izquierda dura no tiene otro camino para lograr sus deseos antidemocráticos y seguirá buscando sacar del cauce constitucional a la Convención. Quiero complementar lo dicho por el profesor Squella con el tema de porcentajes de la población incluyendo a los pueblos originarios.
He dedicado horas al estudio de los pueblos originarios, ya que algunos pretenden dictar una Constitución a la medida, apoyados o usados por la izquierda dura. En Chile somos 18 millones de habitantes, el 8% son de pueblos originales, un 39,3% mestizos y 52,7% somos criollos, o sea, el 92% de la población es chilena, con bandera chilena, canción nacional, escudo patrio, Fuerzas Armadas, Carabineros y muchas instituciones de la República respetadas y queridas por el "pueblo".
No quiero decir que está todo bien, al contrario, hay mucho que picar para lograr más equidad y esto es urgente. Esto no significa "refundar Chile", pero hay grandes "vociferantes" que gritan lo contrario y que se creen dueños de este país. Lo vemos a diario en la Convención y con las permanentes "cancelaciones", que son candados a la democracia y a la libertad de expresión. Aquí el tema de los dos tercios es fundamental para lograr sus objetivos.
Tampoco quiero desconocer que el Estado de Chile, y ya por muchos años, no se ha ocupado con fuerza por el "bien superior de los pueblos originarios" y me parece que la Convención puede hacer mucho en este campo.
Por esta razón es que no se puede eliminar aquello que está en el "Contrato Social de la Convención", que son los dos tercios que deberían ser intransables tanto por el contrato del 19 de octubre y por la mayoría abrumadora de los chilenos.
P. Enrique Opaso Valdiviesol
Legitimidad
Lo mínimo que se puede esperar, después de todo lo visto, escuchado y leído de la Convención Constitucional, es que los propios constituyentes elegidos por la ciudadanía para redactar una nueva Constitución, sean muy respetuosos de la Constitución aún vigente, para que así su labor no pierda legitimidad ante los chilenos.
Luis Enrique Soler Milla
Constitución y educación
En Chile, las escuelas públicas y privadas son financiadas por el Estado vía "voucher", es decir, reciben una subvención según el número de estudiantes que asisten a clases, lo que es un incentivo para que los establecimientos aseguren una asistencia regular.Bajo esta lógica, las escuelas perciben como una posibilidad la exclusión de estudiantes catalogados como desafiantes y complejos. Son los estudiantes más vulnerables -que suelen tener infinidad de dificultades para asistir con regularidad a clases, las que van desde la necesidad de aportar con ingresos a sus familias hasta cuidar a hermanos pequeños o asumir una paternidad o maternidad precoz- quienes se ven más afectados por estos incentivos perversos y con escasa vocación pedagógica.
El sistema educativo tiende a concentrar a estos alumnos "complejos" en escuelas urbanas apartadas, rurales o aisladas, lo cual dificulta su acceso a mejores oportunidades. Estos factores reproducen y amplían las brechas educativas de quienes nacen y crecen en situación de pobreza, lo que aumenta la probabilidad de que se vean excluidos del sistema educacional regular por no calzar sus desempeños con las prácticas y resultados esperados.
Hoy, 3.383 niños, niñas y jóvenes de entre 5 y 21 años se encuentran fuera del sistema educativo en Valparaíso sin haber completado su educación obligatoria y presentan dos o más años de rezago. A causa de la pandemia, otros 40 mil a nivel nacional han abandonado la educación.
Por esto aspiramos a que la nueva Constitución garantice realmente el derecho a la educación de todos los niños, niñas y jóvenes de Chile, en un modelo flexible e inclusivo, cuyas bases están detalladas en "Constitución y Pobreza", un documento construido por nueve ONG que trabajan en los territorios más desatendidos con las poblaciones más vulnerables de Chile. En él, una de las dimensiones claves del bienestar -la educación- contiene una serie de propuestas constitucionales para que ningún niño, niña y joven en nuestro país vea vulnerado ese derecho básico solo por haber nacido en pobreza.
Liliana Cortés Directora de Fundación Súmate
Aguinaldo
Personalmente, considero que al Gobierno no le corresponde pagar aguinaldos. Moralmente, las compañías de seguros y las AFP tendrían que ser quienes cada año asuman el pago de ese incentivo para trabajadores y pensionados. Con las ganancias estratosféricas que obtienen gracias al grupo de personas señalado, pagar tres aguinaldos al año sería como hacer una raya en el agua. El pago de aguinaldos debería transformarse en ley y ser entregado cada: 1 de mayo, Fiestas Patrias y fin de año. Si se llegara a ser realidad mi sugerencia, tendría que ser un buen aguinaldo y no miguitas de ternura.
Jorge Valenzuela Araya