Nuevamente, nuestra institución celebra durante el mes de la Patria, el 29 de septiembre como el Día Nacional de Acceso a la Justicia, fruto de nuestra tradición republicana y haciendo gala de nuestro apego y respeto de nuestra institucionalidad, consagrada en la Constitución Política de la República y de sus leyes complementarias las que constituyen la base de nuestro Estado de Derecho.

Así las cosas, nuestras unidades operativas, las que constituyen la base de nuestra institución, durante este mes redoblan sus esfuerzos, a fin de materializar una de nuestras líneas de atención, como es, la Prevención de Conflictos y la Promoción y difusión de Derechos, a través de actividades de carácter comunitario dirigida a toda la población como son talleres, charlas y atenciones en terreno.

Al igual que el año anterior, y por la pandemia que aún nos afecta, todas estas actividades las hemos venido desarrollando por medio de los sistemas digitales, que nos aporta la tecnología, con resultados muy favorables que hemos podido comprobar por la importante participación de nuestros usuarios en este tipo de actividades.

El eje central de nuestro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, impulsado por el Gobierno del Presidente don Sebastián Piñera y en la región representado por el Delegado Presidencial Regional, Daniel Agusto, ha sido enfocado a la posibilidad que todas las personas, sobre todo aquellas que se encuentren en situación de vulneración, acceden a un real acceso a la Justicia, proveyendo de profesionales letrados que pueda defender sus derechos conculcados ante situaciones de conflictos, con total y absoluta independencia.

Si bien nuestro enfoque siempre ha estado orientado a aquellos grupos de personas o personas más vulnerables, este año hemos dado énfasis a todas aquellas materias propias de nuestra institución, como son, derecho de familia, laboral y de naturaleza civil, lo que nos ha permitido, de lo que va del año, atender 13.747 consultas y orientaciones e ingresar 3.359 causas en los diversos tribunales de la región, números que nos permiten concluir que hemos cumplido con nuestras políticas.

Se deja abierta la invitación a toda nuestra comunidad, para que participen en la actividad que hemos organizado para el día miércoles 29 de septiembre del año en curso, denominada el "Maratón por el Acceso a la Justicia", trasmitiendo en forma simultánea en todo el territorio nacional, conectándose al Facebook YouTube de la Corporación de Asistencia Judicial, y de esta forma, nos ayudarán a otorgar una adecuada y pronta atención a todas las personas y grupos vulnerables de nuestra sociedad.

La literatura muestra como los países latinoamericanos han desarrollado importantes esfuerzos en materia económica y de inversión para fortalecer la educación, incluso en periodos de recesión económica (OCDE: 1992; CEPAL:1998; CEPAL:1999), financiando -y recibiendo financiamiento externo- diversos planes de mejoramiento de los sistemas educativos y de su calidad. No obstante, ingenuo sería considerar que estos aportes se encuentren libre de sesgos ideológicos que busquen direccionar dichas acciones desde sus intereses o perspectivas, presentándose como agentes y referentes relevantes en el levantamiento de dichas propuestas.

En esta línea, la experiencia chilena nos remonta, al menos, a tres hitos centrales: la promulgación de la Ley General de Educación (LGE), el surgimiento del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad (SAC) y la promulgación de la Ley de Inclusión. En cada una de ellas, se advirtió la presencia de agentes que entraron en disputa en este campo con la finalidad de posicionar sus intereses y perspectivas.

En relación a la primera, reemplazó a la antigua LOCE con la finalidad de satisfacer las demandas planteadas por la sociedad civil (Revolución pingüina de 2006) en función de una educación gratuita, con equidad y calidad. Cabe señalar, que esta Ley fue precedida por el trabajo de un Consejo Asesor Presidencial que estableció que "Una de las falencias del sistema educacional en Chile, según pudo constatar el Consejo, es la carencia de un régimen de aseguramiento de la calidad".

A su vez, el nacimiento del SAC que modificó la estructura del sistema educativo. Al respecto, una de las instituciones integrantes, la Agencia de Calidad de la Educación, en un Estudio propio entregó entre sus conclusiones que "los consultados tienen ciertos reparos con las instancias que buscan comparar los resultados (…) pues consideran que no toman en cuenta los proyectos educativos y el perfil de cada establecimiento, limitando el concepto de calidad".

Finalmente, la Ley de Inclusión (Ley 20.845) determinó que se debe "garantizar la educación como un derecho y debe ser de calidad". No obstante, la administración del presidente Piñera patrocinó dos ajustes, con características de leyes: el proyecto de Admisión Justa que buscaba mejorar el actual Sistema de Admisión Escolar y el proyecto de ley que resaltaba el Mérito Académico para el acceso del 100% de estudiantes a proyectos educativos exigentes y de alta calidad.

Con todo, el concepto de calidad entendido como mérito, inclusión, integralidad, productividad, etc. atraviesa el campo complejizando y marcando -en algunos casos- diferencias irreconciliables.

El Ministerio de Salud ha sido estricto en exigir el cumplimiento de las medidas preventivas para evitar contagios de covid-19. Las fiscalizaciones se han multiplicado al igual que las multas y sumarios, algunas con altísimas penas pecuniarias.

No obstante, desde el principio han existido algunos que no han entendido la gravedad de la pandemia y la necesidad de respetar las medidas restrictivas para evitar colapsos en los hospitales y decesos en los grupos más vulnerables, aquello que conocimos en los momentos más duros de contagios con nuestras personas mayores.

Y ese tipo de conductas se mantienen hasta hoy. Si bien la vacunación ha permitido relajar las medidas restrictivas, hay mayores posibilidades de desplazamiento y de reunión, pero aún siguen presentes algunas como los aforos en sitios cerrados y el distanciamiento social. Si a ello le sumamos lo que corresponde al estado de excepción que define horarios de toque de queda, se concluirá que el fin de la pandemia no ha llegado.

Por ello no sorprende que se adopten otro tipo de medidas contra algunos irresponsables. Principalmente los que se reúnen en grupos masivos y no respetan el distanciamiento físico, sociabilizan como antes y creen que contar con el esquema de vacunación completo les permite vulnerar todas las medidas vigentes.

A ellos, mucho de los cuales han participado de fiestas clandestinas, no sólo arriesgan multas y sumarios, hoy la autoridad sanitaria reiteró que se les bloquearán sus pases de movilidad, aquella certificación que asegura que tienen completo el esquema de vacunas y con ello perderán todas las garantías que cuentan con el también llamado "pase verde".

En la Región son poco más de 60 personas las que han visto que sus pases fueron bloqueados y se anuncia que los 169 que fueron sorprendidos en fiestas clandestinas en Calama y Antofagasta correrán la misma suerte.

Las autoridades de la Seremi de Salud son enfáticas en concluir que la lucha contra el coronavirus no se ha detenido, la llegada de variantes ha aumentado la cantidad de contagios y si no se respetan las medidas y recomendaciones no se descarta la llega de una nueva ola, con todo el dolor que ello acarrea.