El reciente anuncio del Gobierno sobre eliminar las exenciones tributarias resulta a todas luces una gran contradicción que atenta contra una de las principales demandas de la ciudadanía nacional, el acceso a la vivienda propia. Hoy, en momentos en que el país discute elevar a rango constitucional el acceso a la vivienda y al mismo tiempo financiar otra urgencia social, como es elevar el monto de las pensiones para los sectores más vulnerables, la eliminación de este instrumento clave para el desarrollo del país y, particularmente, de quienes vivimos en regiones, es no entender la crisis de vivienda que afecta al país.

Es contradictorio porque el crédito especial a la construcción de viviendas ha sido siempre un beneficio para las personas, ya que desde la Cámara Chilena de la Construcción estimamos que cada año beneficia a 9 de cada 10 familias que compran una vivienda en nuestro país. Estamos hablando de aproximadamente 116.000 familias, de las cuales unas 48.000 tienen como único apoyo del Estado este mecanismo, ya que no califican para un subsidio.

Entonces, esta medida gubernamental atenta contra las familias de grupos emergentes y clase media que hoy ven alejarse la posibilidad de tener una vivienda puesto que, al eliminarse el crédito especial, aumentarán los costos de construcción en al menos un 12% y con ello una inevitable alza en el precio de las viviendas que, en teoría, debieran estar al alcance de todos los chilenos y su grupo familiar.

Desde la Cámara Chilena de la Construcción, en virtud de esta realidad consideramos que, si se insiste en eliminar el crédito especial a la construcción de viviendas, se debe implementar al mismo tiempo un mecanismo de compensación o algún tipo de subsidio directo a las personas por la pérdida de este importante beneficio tributario.

Esta posibilidad incluso ha sido sugerida por la OCDE y diversos economistas nacionales cuando fueron estudiadas las exenciones tributarias vigentes en el país. Creemos que existen recursos para avanzar en esta línea, pero también se hace necesario evaluar el impacto y resultado de los diversos programas públicos en ejecución.

El rol del mundo privado ha sido clave en el desarrollo del país, por más de 70 años la Cámara Chilena de la Construcción ha sido impulsor y promotor de diversas acciones que han generado un mejor bienestar a los habitantes del país, desde Arica a Punta Arenas. Lo hemos hecho aunando miradas y esfuerzos con el sector público al alero de un diálogo permanente y con el solo fin de aportar a mejorar la calidad de vida de todas y todos los chilenos.

Uno de los efectos de la pandemia, que empieza a estudiarse con mayor detención, es el deterioro de la salud mental entre los chilenos. Ello para determinar el grado de incidencia, porque se sabe que los largos confinamientos, el teletrabajo y las pérdidas de cercanos son claras afecciones que repercuten en la calidad de vida de las personas y terminan convirtiéndose en una enfermedad.

Uno de los indicadores irrefutables es el aumento de las licencias médicas por este tipo de motivos y que registraron un aumento de 29 por ciento en la Región entre el 2020 y 2021. Un crecimiento explosivo que denota que el coronavirus no solo golpea con males respiratorios, sino que también de otro tipo y con la misma complejidad.

Conocer las implicancias servirá para un buen diagnóstico general, pero es necesario que los casos presentados vayan tratándose con dedicación y entregando facilidades para que los sistemas públicos den abasto a la creciente demanda.

La salud primaria y las especialidades hospitalarias tienen que reforzarse y en ello las autoridades de Salud tienen que buscar los recursos para que no se forme un "cuello de botella" y la posibilidad de acceder a una atención se demore a puntos que cuando llegue sea demasiado tarde.

Mejorar la salud mental de la población es una prioridad. No podemos imaginarnos un Chile en la pospandemia sin su gente sana en todos los aspectos, porque eso complicaría la anhelada reactivación del país.

Los problemas mentales suelen verse como menores y muchas veces los mismos pacientes retrasan la consulta con especialistas y los tratamientos tardan en surtir efectos positivos por la inncesaria espera.

Nuestro país ha demostrado ser resiliente ante muchas dificultades y se ha reaccionado bien frente a una enfermedad que desestabilizó las habituales formas de relacionarnos y hoy que la vacunación ha permitido retomar muchas de las tareas habituales es necesario detenerse a analizar cómo está la salud de las personas en la parte psicológica.

Es una tarea que no se puede postergar por el bien de una sociedad que quiere retomar una normalidad lo antes posible, pero primero se debe contar con que estén las condiciones individuales y colectivas para hacerlo.

El pasado 1 de octubre, se cumplió el primer año de la implementación del Programa Mi Abogado en la Región de Antofagasta, iniciativa dependiente de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) que ha permitido entregar una atención especializada a niños, niñas y adolescentes que se encuentren separados de sus familias en el contexto de medidas de protección. Este programa ha sido destacado a nivel nacional, como una prioridad para el Gobierno de nuestro Presidente Sebastián Piñera.

Es importante señalar que no solo se cumple un año del inicio de este programa, sino que, suma un nuevo desafío para la infancia y adolescencia vulnerada. Ahora, Mi Abogado asumió la representación judicial especializada de todos los niños, niñas y adolescentes que se encontraban vigentes y que fueron traspasados desde el Programa de Representación Jurídica (PRJ) del Servicio Nacional de Menores, como resultado de la implementación e inicio del nuevo servicio "Mejor Niñez".

Nuestra región se sumó a las de Tarapacá y Arica y Parinacota en la ejecución de este importante desafío, que considera una cobertura especializada, ampliando su perfil de atención actual, para entregar representación a niños, niñas y adolescentes que han sufrido vulneraciones graves de derechos constitutivas de delitos, ahora también, en sistema de cuidado ambulatorio. Por consiguiente, y para entregar esta atención, se sumaron al actual equipo del Programa 8 nuevos profesionales, entre ellos, abogados, trabajadores sociales y psicólogos.

Actualmente, el Programa Mi Abogado en la región otorga atención especializada e interdisciplinaria a 275 niños, niñas y adolescentes de Residencias de organismos colaboradores, lactantes del Programa Creciendo Juntos, Programa FAE y, niños y niñas migrantes no acompañados o con terceros significativos en residencias sanitarias de la región. Asimismo, el Programa PRJ, al momento de terminar su oferta en SENAME, traspasó la representación al Programa Mi Abogado de 166 niños, niñas y adolescentes.

Es por ello, la relevancia de este hito para nuestro sector, donde continuaremos trabajando, a través de la Corporación de Asistencia Judicial, liderados a nivel regional por nuestro Delegado Presidencial, Daniel Agusto para prestar un servicio interdisciplinario que garantice el ejercicio de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Estos son avances significativos y muy esperados por nuestra región con un gran desafío por adelante que nos permite hacer visible nuestra principal misión como lo es el acceso a la Justicia de todas las personas, especialmente de niños, niñas y adolescentes.

Paula García Barría

Seremi de Justicia y Derechos Humanos