El Departamento de Estado de Estados Unidos instó a Cuba "a respetar los derechos fundamentales" tras la prohibición del Gobierno cubano de una marcha pacífica de opositores que habían convocado para noviembre y recalcó que esta negativa es "un recuerdo" de que es el pueblo cubano quien sufre "en su lucha por la libertad".
Así se expresó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en su rueda de prensa diaria, al ser consultado sobre el rechazo del Ejecutivo de Cuba a dar permiso a activistas opositores para llevar a cabo una "gran marcha pacífica" fechada para el 15 de noviembre en La Habana y otras ciudades del país al considerarla "ilícita".
"Lo que hemos visto con la prohibición de una protesta pacífica es un recuerdo de que es el pueblo cubano el que está pagando caro en su lucha por la libertad", dijo Price.
El secretario también rechazó que Estados Unidos esté detrás de la convocatoria de la marcha e insistió en que el descontento en la isla caribeña responde a "las aspiraciones no satisfechas del pueblo cubano por la libertad, la dignidad y la prosperidad"
"Es la libertad de expresión, la libertad de reunión de manera pacífica, las que el Gobierno de Cuba ha negado a su gente", agregó.
Socialismo irrevocable
La carta donde se estampa la negativa a la protesta la firma el intendente del Consejo de la Administración de La Habana, Alexis Acosta, quien argumenta que la solicitud es "una provocación" como parte de la estrategia de "cambio de régimen" para Cuba "ensayada en otros países".
Además aseguró que, según la Constitución de 2019, el "sistema socialista" que impera en el país desde hace más de seis décadas es "irrevocable".
Miembros de la plataforma virtual ciudadana Archipiélago solicitaron a las delegaciones provinciales autorización para llevar a cabo una "Marcha pacífica por el cambio" el 20 de noviembre, aunque más tarde la adelantaron al 15 debido a que el Gobierno convocó un desfile militar en la fecha inicialmente prevista.
En La Habana, los organizadores preveían la participación de unas 5.000 personas en un recorrido que comenzaría en la avenida del Malecón y finalizaría frente al Capitolio Nacional, la sede de la Asamblea Nacional (parlamento).
En Cuba, los derechos de huelga y manifestación no se contemplan fuera de las instituciones estatales, por lo que, de haberse autorizado, la marcha del 15 de noviembre habría sentado un precedente histórico.
El 11 de julio pasado, miles de cubanos salieron a las calles para reclamar más libertades y un cambio político, en las que fueron las mayores protestas antigubernamentales en seis décadas en Cuba, que se saldaron con centenares de detenidos y condenas de cárcel.
El país atraviesa una grave crisis económica con una incipiente inflación, escasez de alimentos, medicinas y otros productos, largas colas y cortes de luz, lo que ha aumentado el descontento entre la población en los últimos meses.
Incertidumbre
La plataforma Archipiélago dijo que estudiará si mantiene o no la convocatoria tras la decisión del Ejecutivo del presidente Miguel Díaz-Canel.
"Manifestarse es un derecho, pese a que lo violen constantemente", aseguró a Efe el dramaturgo Yunior García Aguilera a la salida de la Intendencia de La Habana Vieja, minutos después de recibir la respuesta negativa del Gobierno a la solicitud presentada por él y otros activistas.
Según el opositor, la decisión de realizar la marcha la tomarán por consenso tras una o varias reuniones online desde ayer mismo.
García, uno de los arrestados del 11 de julio, enfatizó que defenderá su derecho a demandar la liberación de los presos políticos, el cese de la violencia y "el respeto de todos los derechos de todos los cubanos, sin importar dónde vivan y cómo piensen".
Aguilera dijo que "no hay nadie en Cuba que no quiera un cambio" y subrayó que solo podrán hacerlo los cubanos.
5.000 personas buscaban convocar los organizadores de la protesta, la plataforma Archipiélago.
11 de julio fue la última protesta masiva en Cuba, lo que no sucedía desde el Maleconazo de 1994.