El Registro Civil informó anoche que dejó sin efecto la adjudicación para confeccionar cédulas de identidad y pasaportes que había ganado por los próximos 10 años el consorcio chino alemán Aisino-Mühlbaue, tras pagar US$205 millones.

Hubo "una serie de inconsistencias contenidas en su oferta" y no fueron "aclaradas por el adjudicatario", lo que implica "una vulneración al 'Pacto de Integridad' establecido en las bases de licitación", indicó el Registro Civil.

El organismo pidió a Cancillería informar sobre el impacto de la adjudicación sobre el programa Visa Waiver. Según antecedentes de la Subrel al 12 de noviembre, "existe un alto grado de probabilidad que se ponga término al Programa Visa Waiver con Estados Unidos y probablemente con Canadá, en el evento de celebrarse el contrato con el adjudicatario", señala el Registro Civil, que definirá en los próximos días los pasos a seguir.

Una serie de cambios al Plan Frontera Protegida anunció el gobierno, con el objetivo de facilitar el flujo de personas por los accesos fronterizos habilitados, tanto aéreos como terrestres.

A partir del 1 de diciembre se eliminarán todas las restricciones para salir del país y se habilitarán puntos de entrada que habían permanecido cerrados durante la pandemia.

Además de los aeropuertos ya habilitados en Iquique, Antofagasta, Santiago y Punta Arenas, se abrirán los pasos fronterizos terrestres de Chacalluta (Arica y Parinacota), Colchane (Tarapacá) y Pino Hachado (La Araucanía).

El 1 de enero se sumarán los pasos Los Libertadores (Valparaíso), Cardenal Samoré (Los Lagos) y Río Don Guillermo (Magallanes).

A partir de diciembre, también se flexibilizarán los requisitos que deben cumplir los chilenos, extranjeros residentes y extranjeros no residentes que quieran ingresar a territorio nacional. Esto último, "en directo apoyo a la reactivación del turismo receptivo", según el ministro de Economía, Lucas Palacios.

Para ingresar

Para entrar a Chile tanto los nacionales como los extranjeros residentes deberán contar con un PCR negativo en su país de origen con 72 horas de antelación al viaje, además de completar una declaración jurada.

Los extranjeros no residentes, en tanto, además de lo anterior, deberán contar con un seguro médico desde US$ 30.000 que cubra enfermedades asociadas al covid-19 y la validación de las vacunas aprobadas por el Ministerio de Salud (Minsal).

Respecto al testeo y aislamiento, quienes hayan recibido una dosis de refuerzo dentro de los últimos meses no deberán someterse a estos procedimientos. Quienes sí deberán hacerlo son todos quienes ingresen sin tener sus vacunas validadas. Esta cuarentena preventiva se extenderá por 5 días. Los niños de entre 2 y 6 años, quienes en la mayoría de los países aún no acceden a vacunas, deberán cumplir aislamiento hasta obtener el resultado negativo del examen tomado al ingreso al país.

"Son muchos los beneficios a los que pueden acceder las personas que tienen su dosis de refuerzo. Estas medidas son una forma de incentivar la vacunación", afirmó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

Sobre este punto, el ministro de Salud, Enrique Paris, informó que a la fecha "se han administrado más de 39 millones de dosis de vacunas contra el covid-19" y que además "sobrepasamos las 7 millones de dosis de refuerzo".

En cuanto a la posibilidad de aplicar una cuarentena para los no vacunados, como lo está haciendo Austria, Paris aseguró que "nada se descarta, todo se estudia y es fundamental que tomemos decisiones basadas en el conocimiento".

Dos demandas colectivas contra empresas productoras y distribuidoras de gas presentó la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), por los posibles sobreprecios cobrados por estas compañías en los últimos años, de acuerdo a un reciente informe de la Fiscalía Nacional Económica.

Según la FNE, entre 2010 y 2020, los consumidores de gas licuado pagaron en exceso US$ 181 millones cada año, mientras que en el caso del gas natural el sobreprecio llegó hasta los US$ 87 millones anuales.

La primera demanda, en representación de 785 mil clientes de las regiones Metropolitana y de O'Higgins, va dirigida contra Metrogas y su empresa relacionada Agesa. "Estas han cometido un fraude civil aumentado artificialmente sus costos de adquisición del gas, por la vía de revenderse entre ellas a un precio más caro el mismo gas, en un acto de triangulación fraudulenta. Tales mayores costos artificiales han sido traspasados subrepticiamente a los consumidores, valiéndose de información falsa y engañosa", señaló Conadecus.

La segunda acción apunta a Gasco, Abastible y Lipigas, y es en representación de todos los consumidores de gas licuado del país, unos 7 millones de clientes. "Esas empresas han efectuado un aprovechamiento económico masivo y billonario, usufructuado de la baja sostenida en los costos de ese insumo, ocultándola a los consumidores y, por el contrario, han llevado adelante una práctica sistemática de alza de sus precios de venta al público, efectuando cobros indebidos", agrega la organización.

La entidad apunta que las prácticas de esas compañías han afectado a los sectores más modestos del país, incluso durante la crisis derivada del covid-19.

A juicio de Conadecus "este grave aprovechamiento, sobre todo de los más necesitados, es el paradigma de los abusos económicos que condujeron a la indignación ciudadana, al estallido social y a la grave crisis que afecta todavía al país".

Tras la extensa jornada en que la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, por la venta del proyecto minero Dominga, este martes hará lo propio la sala del Senado.

A diferencia de lo ocurrido la semana pasada en la Cámara, donde el diputado Jaime Naranjo (PS) extendió su discurso por cerca de 15 horas para esperar los votos de dos diputados que cumplían cuarentena (Giorgio Jackson y Jorge Sabag), esta vez la oposición contará con todas sus cartas.

La jornada se dividirá en dos partes. La primera, desde las 9:00 hasta las 13:30 horas, será para escuchar a los diputados acusadores: Leonardo Soto (PS), Gabriel Silber (DC), y Gael Yeomans (CS). Los parlamentarios tendrán 60 minutos para entregar sus argumentos, mientras que la defensa del mandatario tendrá otros 60 minutos para exponer. Luego, ambas partes dispondrán de 45 minutos cada una para réplicas.

La segunda parte se iniciará a las 15:00 horas y estará dedicada a la fundamentación de cada senador, para lo cual tendrán 15 minutos cada uno. Luego se someterá a votación el texto.

Para aprobarse, lo que supondría la destitución del presidente, la acusación requiere un quorum de 2/3, es decir, 29 votos favorables. Los senadores de oposición son 24.

Previo a la votación, el gobierno difundió una minuta entre los legisladores oficialistas aludiendo a "mitos y falsedades" que contempla el libelo.

La expectativa de La Moneda es que la acción sea rechazada. "Esperamos que no solamente los parlamentarios de Chile Vamos, sino que mucho más allá, ojalá que fuese unánime en rechazar esta acusación absolutamente infundada, absolutamente falsa y que pretende manchar las actuales elecciones", expresó el ministro vocero, Jaime Bellolio.