El gobierno está evaluando extender el IFE laboral, ayuda económica consistente en la entrega de hasta $ 250.000 mensuales para quienes logren un contrato de trabajo con un sueldo bruto no superior a $ 1.011.000.

El subsidio, destinado a fomentar el empleo formal, se entregará por última vez en diciembre, pero el Ejecutivo analiza ampliar su vigencia en la medida que la coyuntura lo amerite, según lo transmitido por varias autoridades durante esta semana.

El ministro del Trabajo, Patricio Melero, lo ratificó ayer en Emol. "Lo que estamos haciendo es evaluar la posibilidad de extenderlo, sujeto a las cifras de desempleo que tengamos ahora en el trimestre, que van a salir a fines del mes de noviembre, como también las cifras del comportamiento de la pandemia y la disponibilidad de recursos económicos", aseguró el secretario de Estado.

Melero hizo una positiva evaluación sobre el funcionamiento de la medida: "Está empujando y ayudando a la creación de empleos y ha sido bien relevante desde el punto de vista de disminuir la brecha de género entre mujeres y hombres, puesto que partimos con una brecha de 36%-64% (respectivamente) y hoy estamos en 46%-54%".

La posibilidad de extender el IFE Laboral es bien vista por algunos académicos y expertos laborales.

Redacción

Un nuevo episodio, y al parecer definitivo, se produjo en el proceso de licitación para la elaboración de las cédulas de identidad y pasaportes. El Registro Civil anunció que adjudicó el servicio a la compañía francesa Idemia, la misma que actualmente provee estos documentos desde 2012.

"Se ha procedido a readjudicar la licitación a la mejor oferta evaluada por la Comisión Evaluadora durante el proceso entre el resto de los participantes, siendo esta la presentada por Idemia Identity & Security Chile", informó el organismo en un comunicado.

La propuesta tiene un costo de US$ 226 millones por 10 años, lejos de los US$ 700 millones que ha desembolsado el fisco en la última década.

"Bajo este nuevo modelo de identificación, desarrollado por el Registro Civil, se contemplan la máxima calidad y requerimientos técnicos en materia de identificación, con los mayores estándares de seguridad y confidencialidad a nivel mundial", destacó el servicio.

Además, aseguró que habrá una importante reducción en los valores que pagan los usuarios. "Las cédulas de identidad mantendrán su valor y los pasaportes, que hoy están entre los más caros del mundo, verán rebajado su precio a la mitad. Así, los chilenos contarán con documentos de identificación con mayor calidad y seguridad del más alto nivel mundial y a un menor costo", señala el comunicado.

El lunes, la entidad dejó sin efecto la resolución que en octubre había adjudicado la licitación al consorcio chino-alemán Aisino. Ese día, argumentó que se detectaron inconsistencias en la propuesta de la firma, que no fueron aclaradas.

"En concreto se solicitó que, en cumplimiento de las Bases de Licitación, informara sobre una serie de inconsistencias contenidas en su oferta. Con fecha 12 de noviembre, el representante de la UTP Aisino contestó que la información pedida era improcedente y, por lo tanto, no dio respuesta a los requerimientos exigidos", informó el servicio.

Pero además el Registro Civil explicó que, según un oficio enviado por la Cancillería, si se concretaba el contrato con la empresa asiática existía una alta probabilidad de que se pusiera fin al programa Visa Waiber con Estados Unidos.

La oferta de Aisino era de US$ 207 millones y era la más económica presentada en el proceso de licitación. Dicha propuesta contemplaba una reducción de 50% en el valor de los pasaportes y de 20% en el caso de las cédulas de identidad.

Dos de las cuatro ex funcionarias del Sename imputadas por la muerte de Lissette Villa, ocurrida el 11 de abril de 2016 en el Cread Galvarino de Santiago, fueron declaradas culpables por el 4° Tribunal Oral en lo Penal de la capital.

Se trata de Conne Fritz y Thiare Oyarce, quienes fueron condenadas por el delito de apremios ilegítimos, luego de acreditarse que vulneraron los protocolos de contención dentro del recinto al efectuar una violenta maniobra contra la niña de 11 años.

"Se puede apreciar que las conductas desplegadas por ambas excedieron lo establecido por los protocolos del Cread para efectuar una contención física a un menor que se encontraba descompensado", dijo la jueza Patricia Brundl en su veredicto.

En la audiencia se detalló que una de las mujeres se subió sobre Lissette, quien se encontraba en el suelo boca abajo, cargando todo el peso de su cuerpo sobre la espalda y el tórax de la menor. La otra funcionaria sujetaba sus piernas. El procedimiento duró unos 10 minutos, hasta que la víctima quedó inconsciente y falleció.

Las pericias del Servicio Médico Legal confirmaron que la causa de muerte fue "asfixia por sofocación producto de compresión mecánica externa".

"Se transformó en un castigo más que en una contención, ya que conscientemente se le estaba causando por las acusadas un sufrimiento físico y psíquico innecesario, no pudiendo Lissette respirar adecuadamente", expuso la magistrada Brundl.

Las otras dos mujeres imputadas, en tanto, fueron absueltas al no establecerse responsabilidad penal. La coordinadora de turno del Cread Galvarino, Jéssica Figueroa, sólo tuvo conocimiento de lo ocurrido una vez que Lissette Villa se encontraba inconsciente, mientras que la directora del recinto, Mónica Monje, ya se había retirado del lugar cuando se produjo el hecho.

La Fiscalía detectó otros 5 casos de apremios ilegítimos contra niños ocurridos en el mismo centro del Sename entre 2015 y 2016. Por ellos presentó acusaciones contra los ex funcionarios Luis Cerda, Luis Campodónico, Leonardo Lefián y Juan Arrué. Sólo este último fue condenado por cuasidelito de lesiones menos graves.

El juicio oral se inició en mayo pasado y la Fiscalía pidió 7 años de cárcel para cada una de las acusadas. La sentencia se dará a conocer el 7 de enero a las 12:00 horas.

El caso de Lissette Villa desató una serie de cuestionamientos a la institucionalidad encargada de la tutela de los niños y niñas vulnerados en sus derechos, los que fueron recogidos en lapidarios informes de entidades como la Corte Suprema y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).