El presidente de Perú, Pedro Castillo, no ha dado una explicación válida a la denuncia por presunta interferencia en los ascensos en las Fuerzas Armadas, uno de los tres casos por los que la Fiscalía de la Nación le abrió investigación preliminar, según afirmó el fiscal Ramiro González.

El fiscal adjunto supremo, que interrogó a Castillo el pasado 28 de diciembre, explicó a RPP Noticias que el mandatario atribuyó su comunicación con el general del Ejército, José Vizcarra, a un incidente en helicóptero cuando fue trasladado a su región natal Cajamarca.

"Es cierto, hasta donde tenemos conocimiento, que hubo un percance sobre uno de los helicópteros, sobre este hecho estamos recabando información, pero la declaración (de Vizcarra) y otros hechos recogidos hacen ver que (la versión de Castillo) no sería una explicación válida", señaló González.

Castillo le dijo al fiscal que su intención, al comunicarse con Vizcarra, no era promover un ascenso de un allegado, sino advertir sobre la negligencia de un oficial en un viaje en helicóptero a la localidad de Puña (Cajamarca) en el que estuvo presente.

Los excomandantes generales del Ejército, José Vizcarra, y de la Fuerza Aérea, Jorge Chaparro, denunciaron que fueron destituidos por Castillo tras negarse a ascender a militares allegados al presidente, como se les demandaba desde el Palacio de Gobierno.

En ese caso está investigado el ex secretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, a quien la Fiscalía incautó 20.000 dólares escondidos en su oficina, quien habría sido la persona que presionó a los militares para que cumplieran con ese pedido.

Tráfico de influencias

El fiscal González precisó que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió dos investigaciones preliminares a Castillo, que incluyen tanto esta injerencia en los ascensos como las supuestas irregularidades en la licitación del proyecto Puente Tarata III y del abastecimiento de biodiésel B100 a la estatal Petroperú.

Sobre la participación de la empresaria Karelim López, como supuesta intermediaria a favor de las compañías favorecidas, González anotó que "no sólo habría tenido vinculación con Bruno Pacheco, sino directamente con el presidente de la República".

"Dos hechos permiten afirmar eso, la presencia (de López) en el pasaje Sarratea (una casa particular en el distrito limeño de Breña) y la organización de la fiesta de cumpleaños de la hija del presidente", precisó el fiscal.

A su vez, el abogado de Castillo, Eduardo Pachas, dijo que no existe una lista de visitantes en la casa de Breña, pero que la fiscalía le preguntó por las personas que lo han visitado allí y que negó haberse reunido con Karelim López (ver recuadro).

Investigación suspendida

El fiscal defendió la decisión de la fiscal Ávalos de suspender la investigación hasta el término de su gobierno en 2026 porque "tiene un trabajo tan arduo, y ve situaciones de diferente nivel y se está procesando a una persona que tiene que dar la seguridad a la comunidad internacional".

"Por lo tanto, la Constitución crea esta inmunidad presidencial hasta que termine su periodo", expresó en declaraciones a RPP Noticias.

Las diligencias contra Castillo no podrán comenzar hasta que concluya su mandato, advirtió la Fiscalía en un comunicado donde destacó que es la segunda vez en la historia del Ministerio Público que se le abre una investigación preliminar a un presidente durante el ejercicio de sus funciones.

El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, asumió la dirección del Consejo de Seguridad, que estaba en manos de su antecesor, Nursultán Nazarbáyev, y anunció un giro político para frenar las violentas protestas provocadas por el alza del precio del gas licuado y que llevaron a declarar el estado de emergencia en todo el país tras una escalada de violencia que llevó a la dimisión del Gobierno.

"Como jefe de Estado y a partir de hoy, como presidente del Consejo de Seguridad, tengo la intención de actuar con la firmeza máxima", dijo en un mensaje a la nación

Los disturbios adquirieron ayer especial violencia con la toma de varias sedes gubernamentales en Almaty, incluyendo el aeropuerto, y provocaron la dimisión del Gobierno. Al cierre de esta edición se habían reportado al menos ocho muertes de agentes policiales.

De ese modo, Tokáyev tomó las riendas de esta institución, anteriormente encabezada por Nazarbáyev, presidente por más de tres décadas, con el fin de poner fin a la mayor crisis de su mandato y de paso ganar terreno político para sus reformas, frenadas por su antecesor.

Aunque el detonante definitivo de las protestas fue la duplicación de la noche a la mañana de los precios del gas licuado en el país, uno de los combustibles más usados para el transporte, muchos kazajos consideran a Nazarbáyev un obstáculo para realizar cambios en el país.

En particular, lo acusan de estar estrechamente ligado por lazos familiares a altos representantes de las principales empresas gasísticas y petrolíferas del país, responsables del alza brusca de los precios.

En la ciudad de Taldykorgán, ubicada en la región de Almaty, los manifestantes incluso derribaron una estatua del exmandatario, emplazada en la avenida que lleva su nombre.

Desde Kiev, el exministro y exbanquero Mujtar Abliázov, condenado en ausencia a presidio perpetuo por la Justicia kazaja -culpable de encargar el asesinato de un socio- y ser exiliado en Ucrania, llamó a sus compatriotas a organizarse y derrocar "el régimen de Nazarbáyev".

Ayer Tokáyev alertó sobre "el alto nivel de organización" de los participantes en los disturbios previos a la toma e incendio de la sede del Gobierno y la residencia presidencial en Almaty, e insinuó que podrían estar guiados por "fuerzas externas".

Mientras Rusia pidió una "solución constitucional" al conflicto kazajo, EE.UU. pidió calma a las autoridades y la Unión Europea, "moderación".