Las cifras de contagios diarios de covid que entrega el Ministerio de Salud siguen una escalada peligrosa y en niveles nunca antes vistos. Casi se duplica a las de los peores días del desarrollo de la pandemia durante la segunda y tercera olas, donde se creyó que con más de 500 infectados en 24 horas se había llegado a los peaks del ataque viral, pero ayer la cifra fue cercana a los 900 y en la última semana la espiral creciente no se ha detenido.

La gran diferencia con lo ocurrido en las anteriores oleadas es que la masiva vacunación, principalmente en los grupos objetivos, la menor agresividad de ómicron, la variante dominante, ha permitido que los casos no se agraven y que los centros hospitalarios no se vean congestionados con pacientes críticos.

La Región ha podido resistir pero ya hay indicios que sólo el trabajo en red podrá ayudar a sobrellevarlo. De hecho, el Hospital Carlos Cisternas de Calama, tiene su capacidad de camas críticas al 100% de ocupación y el 70% de ellos con casos covid, lo que la semana pasada obligó a la evacuación de dos enfermos graves, uno de ellos asistido por contagio de coronavirus.

La situación sigue similar en las otras comunas y no se descarta que si los contagios no detienen su incremento haya que habilitar más salas para atender a quienes necesitan oxigenación o ventilación en los más complejos.

Ante ello las autoridades sanitarias y de gobierno despliegan una estrategia para no que los centros asistenciales no se vean estresados. La primera es continuar con la vacunación, especialmente, con los rezagados y la aplicación del segundo refuerzo en las personas inmunocomprometidas. Junto a ello continuar con las medidas de autocuidado como el buen uso de la mascarilla, el distanciamiento social y cumplir con los aforos fijados por la autoridad.

La realidad actual es preocupante y seguirá por varios días, pero existe plena conciencia que todo es muy distinto a la crisis sanitaria de 2020 y 2021, y que se tendrá que lidiar con situaciones similares los próximos meses. No habrá retirada para el virus pero el combate no será tan desigual si se sigue con la vacunación y los cuidados.

El pasado 24 de diciembre fue publicada en el Diario Oficial la Ley Pro Consumidor (Ley N° 21.398), normativa que refuerza y establece una serie de nuevos derechos, elevando el estándar en materia de protección al consumidor en temas donde estábamos atrasados, y en otros, nos pone incluso a la vanguardia.

Entre los derechos más importantes destaca la ampliación del plazo para ejercer el derecho a la garantía legal cuando un producto sale defectuoso, pasando de los tres a los seis meses.

También la normativa establece como obligatorio el derecho a retracto en compras electrónicas, telefónicas o por catálogos, dando la posibilidad a los consumidores de arrepentirse de la compra en 10 días desde recibido el producto. También aplica este derecho en compras presenciales cuando la persona no tuvo acceso directo al producto.

Este derecho es muy importante tanto por el aumento de las compras a distancia, así como por su naturaleza, porque los consumidores no pueden ver con anticipación las reales características del producto. Otro derecho importante es que será más fácil para los consumidores terminar los contratos, ya que las empresas deberán disponer de los mismos mecanismos que se permitieron para la contratación.

Otro aspecto relevante se refiere a las automotoras. Por ejemplo, si usted compra un auto, no le podrán limitar la libre elección de servicios técnicos destinados a la mantención, salvo situaciones justificadas. En materia de garantía voluntaria, la empresa deberá proporcionar al consumidor previamente información sobre todas las mantenciones, sus valores y la nómina de todos los talleres para efectuarlas.

Un problema común de los consumidores es la sobreventa de pasajes aéreos. Con la nueva Ley, si le niegan el embarque por sobreventa de pasajes aéreos, las aerolíneas tienen que no sólo informar por escrito las razones, sino que los consumidores podrán optar a la devolución del dinero y a compensaciones de manera expedita.

Un derecho que nos pondrá a la vanguardia, es la exigencia a las empresas de informar la vida útil de los productos durables. Por ejemplo, si compra un refrigerador, que sepa desde antes de comprar que con un uso normal le durará cinco o diez años. Eso ayuda a que los consumidores elijan mejor y seguramente empujará al desarrollo de productos de mejor calidad y duración.

En materia de datos personales se ratifican y refuerzan nuestras atribuciones. Eso significa que podemos fiscalizar, solicitar información o perseguir compensaciones en procesos colectivos que afecten los datos personales de los consumidores.

Incluso en materia de educación superior, se establece como nuevo derecho que los alumnos pueden exigir certificados básicos, como títulos y grados, notas, entre otros, de manera gratuita, hasta por dos veces en un año y deberán ser emitidos dentro del plazo de diez días hábiles.

Esta normativa entró en vigencia el 24 de diciembre, salvo algunos artículos que tienen un período de vacancia, por ejemplo, la extensión del plazo para ejercer el derecho a garantía de 3 a 6 meses, disposición que entra en vigencia el 24 de marzo. A lo anterior se suma el caso de los bienes durables, que entra en vigencia en 8 meses; y lo relacionado con las automotoras, en 4 meses más.

La Ley Pro Consumidor fortalece los derechos de los consumidores y se suma a otras recientes como aquella que regula el derecho a la portabilidad financiera; a las cobranzas extrajudiciales justas y respetuosas, y a la ley de responsabilidad ante fraudes financieros.

Marcelo Miranda,

Director regional de Sernac

La implicancia de adjudicar una licitación de litio afecta el equilibrio de los sistemas salinos y denota que las autoridades de gobierno no entienden la ciencia, los ecosistemas, la cultura, los territorios y el significado de una economía al servicio de los ciudadanos. Por otra parte, tampoco es incorporar a la licitación contratos de retribución a las comunidades e inversión en I+D.

Sabemos que el cambio climático agudizará las dificultades que ya enfrentan las comunidades indígenas vulnerables, como la marginación política y económica, la pérdida de tierras y recursos, las violaciones de los derechos humanos, la discriminación y el desempleo.

No se conoce cuál es la propiedad que se está licitando, de dónde se extraen estas 80.000 toneladas de litio físicamente, dónde se va a producir, cuáles son las características ambientales del entorno y los impactos directos en las comunidades. Todas preguntas esenciales para determinar si los salares intervenidos están o no saludables, entendiendo que se trata de una industria minera enfrentada a un ecosistema vivo.

En su desarrollo reciente, la minería del litio evidencia grandes impactos al medioambiente. El 2019 el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, reunido en Santiago, reconoció la gravedad y urgencia de la crisis ambiental y social de gran parte de los territorios y pueblos al quedar con la cubierta vegetal seca, sin agua y parte de la naturaleza en vías de extinción.

Desde el Salar de Atacama se extrae seis veces más agua de lo que la cuenca puede regenerar de forma natural. Nos enfrentamos a escasez de agua y estrés hídrico. La actual tecnología que se aplica industrialmente, si bien es muy económica, es un proceso en extinción, que tiende a introducir problemas en el equilibrio hidrogeológico y una serie de otras perturbaciones que a la larga contaminan aguas dulces. Se evaporan y se pierden millones de toneladas de agua. Se forman millones de desechos salinos que se depositan sobre el salar, se construyen grandes hectáreas de piscinas que forman espejos de agua causantes de la muerte de aves.

Esta licitación no es apropiada, porque podría repetir el bochornoso episodio del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL) de Corfo, con una adjudicación rodeada de irregularidades y conflicto de interés. O la fallida en el 2012 destinada a entregar a SQM los derechos de explotación de 100 mil toneladas de litio, por graves irregularidades incurridas por los involucrados.

Las ganancias de estas empresas son cuantiosas e inversamente proporcional a sus costos de producción, estos resultados dan cuenta que las empresas desde sus inicios, más de 30 años, han agregado escaso valor al producto, que incluye otros minerales no metálicos que exportan. Mientras tanto, son las comunidades las que quedan con externalidades negativas por el progresivo agotamiento de las reservas hídricas del Salar de Atacama y el dañado al tejido social.