Tras los hechos de violencia y el sentir de inseguridad en la comuna de San Pedro de Atacama, el alcalde de la localidad, Justo Zuleta, informó que su administración ya inició las gestiones para mejorar la Segunda Comisaría de Carabineros, y dotarla además de un cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI).

"Debido a los violentos y crueles hechos ocurridos en nuestra comuna, y que le costó ala vida a tres personas de nuestra comunidad, es que iniciamos las gestiones con Carabineros y la Policía de Investigaciones, para contar acá en San Pedro de Atacama, primero con una remodelación de la Segunda Comisaría, pero también contar, de forma estable con personal policial de la PDI", dijo el alcalde Justo Zuleta.

Estas gestiones ya están siendo generadas por la administración municipal de San Pedro de Atacama. Además, el alcalde sampedrino agregó que "el proyecto para mejorar y ampliar la Segunda Comisaría de Carabineros ya fue ingresado por la institución", dijo el jefe comunal.

Desafío

Para la administración municipal de San Pedro de Atacama, ha cobrado mayor interés en estos proyectos debido a las situaciones que está experimentando el poblado, tanto con los ingresos irregulares que se producen por esa comuna, pero también a los delitos que han comenzado a proliferar "y por lo cual queremos contar con los servicios de estas dos policías en el poblado y que brinden además mayor seguridad", dijo Justo Zuleta.

Por otra parte el alcalde San Pedro informó que "se ha aprobado el Plan de Seguridad Pública por parte del Concejo Municipal, el cual nos permitirá, entre otras cosas, el aumentar la dotación de cámaras de vigilancia, la instalación de portales y lectores de placas patente, y la instalación de botones de pánico. Además, incrementar a dos vehículos más para recorridos y vigilancia del territorio en nuestra comunas. Todas estas acciones que pretendemos den mayor seguridad a la comunidad".

Pablo Orellana G.

Hoy a contar de las 8.30 y de forma telemática, el Ministerio Público de Calama, y la Defensoría Penal iniciarán el juicio oral contra Ilian Allende Masida, acusado de dar muerte en noviembre del año 2019, a Beiza Vásquez, hecho ocurrido al interior del Centro de Detención Preventiva (CDP) de la ciudad, en una pelea que terminó con el segundo de los internos, muerto producto de las heridas corto punzantes sufridas en la riña.

Según explicó el fiscal Raúl Marabolí, "este juicio ha sufrido retrasos por efectos de la pandemia, y además por las complicaciones que ha debido sortear este proceso legal. Además, por la insistencia de la Defensoría de efectuar de forma presencial el juicio oral, el que por razones sanitarias ha sido imposible de agendar en esa dinámica. También por los problemas de horarios y salas que ha tenido el Tribunal Oral en lo Penal de Calama, pero que aún así comenzaremos mañana -hoy-, para cerrar este capítulo ocurrido al interior del penal loíno".

Muerte

Raúl Marabolí explicó además que el contexto de este asesinato, "se produjo cuando tanto el agresor y la víctima mantenían una disputa por territorialidad al interior del Centro de Detención Preventiva de Calama, donde ya cumplían condenas por robos. Es así como estas disputas crecieron en intensidad y agresividad, al que terminó con una pelea y la posterior agresión que dio muerte a Beiza Vásquez".

Tras la muerte de Beiza Vásquez, "el agresor debió ser trasladado de unidad debido a que la muerte del interno generó problemas al interior del centro penal, y por ende debió ser trasladado hasta otra unidad, donde debió seguir cumpliendo condena y que además no generara más problemas con otros internos por este hecho", agregó el persecutor.

Este proceso se extenderá hasta el próximo viernes 4 de febrero, "lapso en el cual se presentarán los antecedentes del caso, las pericias efectuadas por Fiscalía, Gendarmería y el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, quienes aportaron en la investigación y en darle orden a los hechos que terminaron con la vida del interno tras las agresiones en el Centro de Detención Preventiva. Y donde además, la Defensoría alega que el imputado actuó en defensa propia en un contexto de mucha hostilidad y violencia debido a que al interior del penal existen normas y reglas establecidas por los internos", dijo el fiscal Marabolí.

En este juicio oral, la Fiscalía solicitará la pena de 12 años de presidio efectivo contra Ilian Allende Masida, los cuales se sumarían a los que ya cumple por el delito de robo, y por el cual se encuentra privado de libertad.

"Como Ministerio Público esperamos que este juicio oral no tenga interrupciones y podamos al viernes 4 de febrero presentar todos los antecedentes del caso, incluyendo el testimonio de detectives y gendarmes que deberán interrumpir sus vacaciones en este proceso", dijo Marabolí.

Con el fin de brindar seguridad y prevenir posibles situaciones de riesgo para usuarios y usuarias, la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) implementó un moderno sistema de televigilancia, que contempló la instalación de 500 cámaras internas y perimetrales en los 20 tribunales de la jurisdicción y en la Corte de Apelaciones.

En la inauguración, el presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, ministro Eric Sepúlveda Casanova, destacó la tecnología de punta con la que cuenta este sistema, que "permitirá trabajar en la prevención de situaciones que pueden derivar en peligrosas para nuestros usuarios y usuarias como, así también para quienes componen cada unidad judicial de esta región".

Sepúlveda agrego que "se realizó el cambio del sistema análogo al digital en los edificios de la Corte de Apelaciones, y los Juzgados de Garantía de Tocopilla y Calama, renovando 142 cámaras de interiores, incluidas celdas de Gendarmería y la incorporación de 27 nuevas cámaras para exterior", detalló. Durante la puesta en marcha, el subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Zvonomir Koporcic Alfaro, destacó que se espera que este año "todos los tribunales del país cuenten con este sistema, que ha sido implementado con el fin de evitar situaciones de riesgo, como las que se vivieron durante el estallido en varios tribunales del país".

En la oportunidad, el presidente de la Corte de Apelaciones, junto al subdirector de la CAPJ, mostraron la sala de monitoreo al jefe de la Segunda Zona de Carabineros, general Gonzalo Castro Tiska y al jefe de la región policial de Antofagasta, prefecto Hernán Solís Catalán, acompañados por el ministro Juan Opazo Lagos y el administrador zonal de Antofagasta, Gonzalo Aray.

La instalación de estos dispositivos por parte de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, es parte de un proceso de modernización de los servicios en tribunales de la región, y busca además entregar protección a los usuarios y también funcionarios en todas sus dependencias, garantizando además que el trabajo y los proceso al interior de estos cuenten con este tipo de medidas y que sean garantes de un buen servicio y de la seguridad que debe primar en los emplazamientos. Así también que sean una forma de disuasión ante posibles intentos de desórdenes y problemas al interior de las salas.