Pablo Orellana G.

En 200 días de investigación se fijó el plazo para las indagatorias por el triple homicidio ocurrido el pasado fin de semana en el ayllú de Solor, y que fue decretado ayer por el Tribunal de Garantía, en la formalización contra el único imputado de dar muerte a un matrimonio del sector y su hijo, tras develarse su participación en este hecho que sacudió a la comuna de San Pedro de Atacama.

En la oportunidad el magistrado José Luis Ayala, escuchó los alegatos de la Fiscalía y de la Defensoría Penal Pública acerca de la relación de hechos que terminaron con la vida del matrimonio y de su hijo, víctimas de quien a juicio del Ministerio Público actuó con 'ánimo de lucro' en su sangriento actuar y para lo cual solicitó la prisión preventiva por considerarlo un peligro para la sociedad.

Alegatos

Durante la formalización contra el único imputado el Tribunal de Garantía de Calama desestimó la querella interpuesta por la Municipalidad de San Pedro de Atacama, "por la cual se acoge la reposición de la Defensoría, la cual es inadmisible debido a que no es competencia del consistorio, pero para lo cual podrá actuar como denunciante y podrá prestar declaración ante la Fiscalía", comentó en la audiencia el magistrado Ayala.

En tanto la fiscal Priscila Gunaris argumentó que "el imputado actuó con extrema violencia e intimidación para obtener la información acerca de las claves de las víctimas, a quienes golpeó y dio muerte con ese objetivo y obtener dicha información relativa a sus cuentas bancarias, y así lo demuestra el informe pericial del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros. Además, consta en el testimonio de los testigos que las utilizó para efectuar una serie de gastos en salas de cerveza, y que tras el trabajo investigativo de la sección OS9 de la institución, los cuales acreditan que gastó parte del dinero invitando a personas a consumir en shoperías, y que fue contrastado con las cartolas de las sucursales bancarias que fueron consultadas".

Por su parte la Defensoría alegó que no hubo debido proceso durante la detención del imputado, quien aseguraron los defensores, sólo se le notificó que se encontraba detenido tras horas de retención por parte de Carabineros, sin que se le informara la causa de su detención, "vulnerando sus derechos dentro de las indagatorias".

Debido a la prueba inicial presentada por la Fiscalía, la que contó con fotos del sitio del suceso, el informe pericial del Labocar, y además las pericias efectuadas por el OS9 de Carabineros, el Tribunal de Garantía decretó no sólo los 200 días de investigación -debido ala complejidad de los hechos imputados-, sino que además de la prisión preventiva del imputado, quien deberá cumplirla en el centro penitenciario de Antofagasta, y hasta donde fue derivado para que su integridad física y mental no sea agraviada durante el proceso investigativo en esta causa y que podría tener más antecedentes durante su desarrollo.

Conservar la biodiversidad es clave para enfrentar el cambio climático en Antofagasta, donde está el desierto más árido del mundo. Este es el caso del Humedal la Aguada La Chimba, el que gracias a una red colaborativa público-privada, en menos de cuatro años y en un sitio que operaba como basural clandestino, fue declarado Santuario de la Naturaleza y obtuvo la nominación como el primer Humedal Urbano de la región.

En el marco de la celebración del Día Mundial de los Humedales, Copec y Fundación Kennedy firmaron la declaratoria que los compromete a continuar con este inédito trabajo de protección y conservación que se ha convertido en un modelo de gestión y que busca ser replicado a nivel país.

El convenio de cooperación suscrito permitirá asegurar recursos, apoyo técnico y asesoría científica hasta fines de 2024. Entre otras acciones e iniciativas destaca un innovador proyecto de puesta en valor, que incluye paisajismo y arquitectura social para que la comunidad recorra e interactúe con el humedal, sin poner en riesgo las especies ni el santuario natural.

Para Peter Kennedy, presidente de Fundación Kennedy, "luego de cuatro años, el proyecto del humedal Aguada La Chimba se encuentra en una de las etapas más importantes y nos permitirá avanzar en asegurar su conservación. Esto es el desarrollo de su plan de manejo y la implementación de un plan de gestión desde el municipio, de acuerdo a lo que establece la Ley de Humedales Urbanos; además de la consolidación de una red ciudadana que participa activamente con un rol de garante sobre el proceso que estamos llevando¨.

Andrea Aranda, subgerente de Asuntos Públicos de Copec, agrega que "este convenio fortalece la relación con Fundación Kennedy, que ha sido un aliado para alcanzar las metas que nos hemos propuesto en materia de biodiversidad, partiendo hace más de tres años en la ciudad de Antofagasta, con la conservación del humedal Aguada La Chimba".

El Ministerio Público de Calama inició formalmente una investigación por fraude al fisco contra Jubitza Tapia Pérez y Gregorio Rodríguez Jaure, ambos exdirectores ejecutivos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, en el caso de la compraventa del terreno que sería destinado para la construcción de una clínica dental, y que fue comprado a un pariente de la primera; hecho denunciado por exconcejales en la antigua administración de la Municipalidad de Calama.

Con esta acción la Fiscalía local fijó un plazo de seis meses de investigación en este caso, y decretó las medidas cautelares de arraigo nacional para ambos exejecutivos, y firma mensual, además de solicitar al Ministerio Público de la ciudad de La Serena se informe de esta situación al primer director ejecutivo de la Comdes en la administración del exalcalde Daniel Agusto, para su cumplimiento.

Además, y dentro de la calificación jurídica la Fiscalía de Calama estableció los cargos como consumados.

Denunciante

La denunciante, la abogada y exconcejala de la anterior administración municipal, Carolina Latorre, comentó que "lamentablemente esta acción llega un poco tarde puesto que estos hechos fueron denunciados hace cuatro años, aún así valoramos esta acción del Ministerio Público porque se hicieron compraventas irregulares con dineros del municipio para tales actos".

Carolina Latorre agregó que "con esto se da inicio a un procedimiento que esperamos que se esclarezcan los hechos de lo que ocurrió con la compraventa de la casa que era de familiares de Jubitza Tapia Pérez, y familiares del exalcalde Daniel Agusto y que en mi rol en aquella época, fiscalicé y que finalmente están siendo indagados por la Fiscalía de Calama".

La exconcejala dijo también que "durante el proceso de investigación, y en el cual es parte también el Consejo de Defensa del Estado, se pueden agregar nuevos antecedentes como también la ampliación de las indagatorias a un plazo de dos años según solicite el Ministerio Público, y en el cual podría también agregarse la responsabilidad del actual delegado Presidencial de la región de Antofagasta, por su presunta responsabilidad en estos hechos y el ser él el presidente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social", comentó la denunciante.