El Gobierno argentino confía en que el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) dé el aval definitivo al acuerdo alcanzado con el organismo para refinanciar el millonario crédito concedido al país en 2018, que este jueves quedó zanjado en el Congreso y que ocasionó una profunda división en el oficialismo.

El Senado aprobó el acuerdo negociado entre el Gobierno de Alberto Fernández y el FMI para refinanciar deudas por unos 45.000 millones de dólares, que ya había recibido el visto bueno de los diputados.

El programa tiene una duración de 30 meses en cuanto al acuerdo de políticas económicas y las revisiones trimestrales -diez en total-, pero Argentina deberá devolver los desembolsos recibidos en 12 cuotas semestrales a pagar entre 2026 y 2034.

Se acordó reducir los subsidios estatales a la energía (0,6% del PIB en 2022) para mejorar la composición del gasto público, medida que implicará subidas tarifarias segmentadas al consumo de gas y electricidad.

El entendimiento prevé que la asistencia monetaria por parte del Banco Central al Tesoro pase del equivalente del 3,7% del PIB en 2021 al 1% este año, al 0,6% en 2023 y a cero en 2024.

Uno de los principales objetivos del programa es bajar la persistente y elevada inflación, que fue del 50,9% en 2021. Se proyecta una reducción de la tasa de inflación a un rango del 38-48% en 2022, 34-42% en 2023 y 29-37% en 2024.

Según el Gobierno argentino, no habrá correcciones abruptas en el tipo de cambio,, pero sí ajustes para garantizar la competitividad a mediano plazo del tipo de cambio real efectivo.

El acuerdo generó un quiebre del Gobierno con el kirchnerismo, que votó en contra en el Senado. "Esta artificial encrucijada a las que nos pretenden someter, de aceptarse, se transformaría en la derrota no solo del pueblo, que sufrirá las consecuencias de este pacto, sino que, además, se transformaría en la dolorosa derrota de la política, verdadera y vital herramienta que desde nuestras bancas pero fundamentalmente como militantes, no estamos dispuestos a aceptar", afirmaron en una carta tras la votación los 13 legisladores del Frente de Todos, cercanos a Cristina Kirchner.

La Justicia cubana condenó a 127 personas a un total de 1.916 años de cárcel por hechos relacionados con las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado en La Habana.

El Tribunal Supremo de la República informó ayer en una nota de prensa de seis sentencias relativas a los hechos acaecidos en los municipios capitalinos de Diez de Octubre y Arrojo Naranjo, donde se produjeron algunos de los incidentes más violentos de las manifestaciones de ese día, que fueron en general pacíficas.

De hecho, el único muerto reconocido oficialmente en estas protestas se registró en La Güinera (Arroyo Naranjo), donde un hombre fue abatido por disparos de un policía.

El proceso del Tribunal Provincial Popular de La Habana, celebrado entre el 14 de diciembre y el 3 de febrero, contaba con 129 imputados, de los que 128 han sido condenados.

Un total de 127 recibieron penas de cárcel -de entre 6 y 30 años- y una persona recibió una pena de 4 años "de trabajo correccional sin internamiento". Solo un acusado fue absuelto.

Redacción

El expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado en su país por crímenes de lesa humanidad, saldrá en libertad en los próximos días, este lunes o martes, después de que el Tribunal Constitucional (TC) emitió un fallo que restituyó el indulto humanitario que recibió en 2017, en una decisión que reabrió la profunda división que genera el polémico político.

La resolución del TC, tomada con el voto dirimente de su presidente, Augusto Ferrero, no solo le abrirá las puertas de la prisión al exmandatario (1990-2000), actualmente de 83 años y condenado a 25 de cárcel, sino que ha enfrentado nuevamente a sus seguidores y detractores.

En las esferas de poder ayer había indignación y rechazo, al punto que el Gobierno del presidente Pedro Castillo anunció que recurrirá a organismos internacionales para intentar revertirla. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su "profunda preocupación" por la restitución del indulto, pues "afecta el derecho a la justicia de las víctimas y obstaculiza el cumplimiento de obligaciones internacionales" en los casos de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, por las que Fujimori fue condenado.

En medio de esa polémica, Fujimori puede ser excarcelado el lunes o martes, cuando se concluyan los trámites judiciales y legales para acatar la resolución, adelantó su abogado, César Nakazaki.

Los seguidores del exgobernante celebraron la decisión y decenas de ellos llegaron hasta las afueras de la cárcel de Lima donde cumple su condena. Su hija mayor, Keiko Fujimori, afirmó que la medida "es de justicia" y que la familia esperará "los siguientes pasos para que el Poder Judicial cumpla".

La tres veces candidata presidencial añadió que su padre "se queda en el Perú y vamos a pasar todos los exámenes acá con los médicos peruanos".

POLÉMICA DECISIÓN DEL TC

El voto dirimente de Ferrero decidió la nulidad de la resolución judicial que suspendió el indulto otorgado en 2017 a Fujimori, luego de que la votación del recurso de "habeas corpus" que solicitó esa medida quedara empatada en tres votos a favor y tres en contra.

En ese sentido, el TC declaró fundado un recurso interpuesto por el abogado Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema que en 2018 dejó sin efecto el indulto otorgado a Fujimori el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

El Poder Judicial había anulado ese indulto por considerar que no cumplía con las exigencias legales y carecía de efectos jurídicos, por lo que Fujimori debió regresar a la prisión del cuartel policial del este de Lima en el que cumple condena.

Actualmente, el indulto está siendo investigado por los tribunales, ya que la Fiscalía considera que fue producto de una negociación entre Kuczynski y el hijo menor de Fujimori, Kenji, quien por entonces era congresista, para que legisladores fujimoristas votaran en contra de un pedido de destitución del entonces mandatario.

Rechazo del gobierno

La decisión del TC también generó el rechazo de cientos de ciudadanos, que se reunieron en el centro histórico de Lima para protestar de manera pacífica junto con los familiares de las víctimas de los crímenes por las que fue sentenciado Fujimori.

El primer ministro Aníbal Torres dijo: "Hay que reconocer sus buenas obras (de Fujimori), pero yo les pongo como ejemplo Alemania; ¿no fue Hitler el que convirtió en potencia mundial a Alemania? Fue él, pero fue condenado no solamente por los alemanes después, sino por todo el mundo, por los grandes crímenes que cometió".

"Como familiares de las víctimas del caso Cantuta, en particular, y de todos los casos de la dictadura de Alberto Fujimori, estamos indignados por esta situación que resuelve darle libertad de forma ilegal", aseguró a la exministra de Cultura, Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes secuestrados, torturados y desaparecidos en la universidad La Cantuta en 1992.

El partido marxista Perú Libre, que llevó al poder al presidente Castillo, planteó ayer una reforma "general" del sistema judicial tras la decisión del TC, que califica como un "acto desafiante.

Fujimori fue condenado como autor mediato (con dominio del hecho) de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo militar encubierto Colina, así como por los secuestros de un empresario y un periodista tras el golpe de Estado que dio en 1992.