Más productivos, eficientes y comprometidos con lo que hacen. Así son las personas que se sienten felices en sus trabajos. La experiencia mundial muestra que una empresa que invierte en el bienestar de sus trabajadores puede llegar a quintuplicar su inversión.

Comparemos esta premisa con la realidad chilena: En 2021, Chile volvió a caer en el ranking anual de los países más felices de la ONU, ubicándose en el lugar 43 de una lista que considera 156 países. El resultado marca un nuevo retroceso, ya que en 2020 Chile ocupaba el puesto 39 y en 2019 se encontraba aún mejor, en el puesto 26.

Son muchos los enfoques que podemos utilizar para explicar esta tendencia, pero quiero centrarme en lo que se puede hacer desde la minería para contribuir a la felicidad de las personas. En los últimos años, la industria minera está viviendo una serie de cambios para adaptarse a los nuevos desafíos. Históricamente reconocida como un sector con mayoritaria presencia masculina, hoy tiene como foco principal lograr la integración de las mujeres en el rubro. Según datos del Estudio Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena 2021-2030, la participación de la mujer en empresas mineras alcanzó un 12,2% en 2021, una cifra aún baja, pero que se está buscando aumentar a través de diferentes iniciativas.

¿Qué tiene que ver la presencia laboral femenina en la minería con la felicidad laboral? Mucho más de lo que uno pudiera imaginar. En primer lugar, la diversidad de género genera buenos resultados en las empresas porque se reconoce y potencia el valor de la diferencia.

Por eso, aumentar la cuota promedio es fundamental para las mineras y se espera que la participación de las mujeres alcance un 22% en los próximos años a través de distintos planes de capacitación y profesionalización. Incluso algunas grandes empresas mineras están utilizando la estrategia de acompañar a las jóvenes desde la educación técnica y entrenarlas en el uso de maquinarias y tecnologías aplicables a distintas fases de las faenas mineras, para que a futuro puedan desempeñarse en el sector.

En segundo lugar, porque una correcta integración femenina en la minería debe considerar factores que antes no eran parte de la ecuación, y que contribuyen a mejorar y mantener a largo plazo los puestos de trabajo. Por ejemplo, la compatibilidad de la vida familiar con la laboral. Durante muchos años, las mujeres se sintieron excluidas de la minería por la dificultad para conciliar la crianza con el sistema de turnos con que operan las empresas. Pero ahora, con la ayuda de la tecnología, esto ya no es un problema, porque las mujeres pueden trabajar y seguir conectadas con su realidad familiar. Además, están accediendo a oportunidades laborales como becas de estudio o reembolsos de salud que proporcionan una mejor calidad de vida a ellas y a sus hijos.

Los beneficios para la empresa y la sociedad están a la vista. Ahora dependerá del compromiso de cada empresa trabajar en la generación de mayor satisfacción y felicidad laboral a través de programas que busquen la inclusión, la conexión entre los equipos, la capacitación constante, la retención de talento y el bienestar general.

En Chile existe un grupo que tiene el privilegio del transporte de carga, privilegio que fue conseguido para el golpe de Estado mediante "negociaciones" con el gobierno de facto. Desde esa época que comenzó la caída y agonía del transporte de carga y personas por ferrocarril, dejando a los camiones como únicos actores de esta actividad esencial para el país, con lo cual hoy se autodenominan como el "motor de Chile".

Todos fuimos testigos de la batahola que armaron cuando el actual presidente se refirió a la necesidad de más trenes. Pues bien, ese "motor de Chile" es el que ha conseguido que se perpetúen sus privilegios a través de la violencia, poniendo por delante de manera amenazante sus grandes vehículos. Innumerables han sido los episodios en los cuales cuando al gremio del motor de Chile no les gusta algo, han puesto sus máquinas al servicio de la violencia y el abuso de poder, cortando las vías del país, dejando sin opciones de movilidad a millones de chilenos.

Dos ejemplos en los cuales políticas que nos beneficiarían a todos, no han contado con la venia del gremio y no se han podido aplicar: (1) con el volumen de tráfico que tenemos hoy, se deberían aplicar medidas para gestionar esa demanda de movilidad, una que es muy exitosa en varios países del orbe, como es restringir la circulación de camiones por las vías urbanas en los horarios punta de la mañana, pero acá no la podemos aplicar porque a los señores del gremio no les parece y ante el primer atisbo amenazan con tomarse las vías; mientras que todas las mañanas vemos como debemos circular al ritmo de los camiones, que circulan (o estacionan) por donde quieren y como quieren, abarcando muchas veces todas las pistas de nuestras ya colapsadas calles y autovías. (2) el impuesto al diésel, es una tendencia mundial el ir dejando atrás el uso de combustibles fósiles dada la carga ambiental que estos tienen, por lo cual estos combustibles deben gravarse para incentivar el uso de tecnologías más limpias; por lo demás este impuesto iría en beneficio del MEPCO, mitigando las continuas alzas y haciéndolas más llevaderas a los demás usuarios de automóviles, mientras se transita hacia la electromovilidad o a modos de transporte terrestre más sustentables; (hay más privilegios, como las rebajas de IVA que realizan los empresarios del transporte, pero eso da para otra columna).

Es de esperar que el gremio del "motor de Chile" esté dispuesto a aceptar el impuesto al diésel y no utilice sus máquinas para bloquear la movilidad de los demás usuarios de las vías, escondiéndose detrás del tamaño de sus camiones para acometer otro acto de abuso, que de ocurrir, es de esperar no quede impune como ha sido hasta ahora.

Dr. Alejandro Torres Flores

Académico UCEN

Tras la tormenta que arreció con fuerza a las comunas de Calama, Sierra Gorda y San Pedro de Atacama, alcaldes de la región cerraron filas con el edil calameño quien públicamente solicitó al Gobierno que decretara a la zona bajo estado de emergencia. Si bien las lluvias causaron estragos por su intensidad en pocos minutos, el paso de las horas diluía la posibilidad del estado de excepción porque las comunas retomaban su normalidad.

Las justificaciones para la solicitud de los loínos se sustentaba en que fueron muchas familias afectadas con anegamientos, no pocas calles colapsaron y se abrieron socavones, el aeropuerto sufrió daños estructurales, el 80% de los recintos educacionales reportó daños e hicieron entendible la suspensión de las clases. Todo ese panorama hacía necesario contar con las herramientas que entrega la legalidad para definir una estrategia de ayuda a los damnificados, reconstruir lo dañado y tomar medidas preventivas.

Contar con un estado de emergencia hace que la operatividad de los servicios públicos sea más ágil. Posibilita los acuerdos directos con los proveedores sin necesidad de una licitación, además de contar con el aparataje del servicio público con mayor disposición a atender las necesidades inmediatas, porque se dispone de recursos extras para estos fines.

Si desde la capital regional se veía con lejanía lo que ocurría al interior de la Región, bastó que la empresa sanitaria anunciara un masivo corte en el suministro del agua potable. La razón, los daños sufridos en la infraestructura para trasladar el vital elemento de la zona cordillerana. Precisamente quienes reciben agua continental fueron los afectados y las 36 horas de suspensión mostraron la magnitud del fenómeno climático.

Se entendió que el estado de emergencia era muy necesario para administrar los efectos de un fenómeno climático inusual y de gran impacto en los sectores más vulnerables.

Por ello, parlamentarios de distintos sectores apoyaron la solicitud, pero desde el gobierno no hubo una respuesta positiva. Y es allí que la pregunta válida es saber si este tipo de situaciones no es suficiente para el estado de excepción como si lo es la crisis migratoria.

Una vez más la respuesta está en quienes no viven en la Región.