La ex ministra de Minería y actual gerente de la Corporación Clúster Minero de Antofagasta, Aurora Williams, integrará el directorio del grupo Cramsa, empresa que desarrolla el proyecto de desalación Aguas Marítimas, que busca aumentar la disponibilidad hídrica en las comunas de Antofagasta, Calama y Sierra Gorda.

"Para nosotros, su gran experiencia y conocimiento del territorio serán un valioso aporte que permitirá reforzar nuestro proyecto Aguas Marítimas, brindando una visión local que contribuirá a resolver las necesidades de aprovisionamiento de agua en la Región de Antofagasta", destacó el gerente general de grupo Cramsa, Peter Hatton.

Por su parte, Williams dijo que su incorporación "es un importante desafío, la desalación de agua de mar es una solución real frente a la crisis hídrica que vive nuestro país. Espero aportar con mi experiencia, contribuyendo a promover soluciones innovadoras, con una mirada local que beneficiará tanto a las personas como a la industria de nuestra región".

La ejecutiva antofagastina, es ingeniera comercial de la Universidad Católica del Norte, durante el periodo 2014-2018 asumió como ministra de Minería y anteriormente se desempeñó como seremi de Obras Públicas de la Región de Antofagasta (2006-2010).

Cristián Venegas M.

Se estima que en Antofagasta existen 1.500 empresas proveedoras de la pequeña, mediana y gran minería, unos 57 mil trabajadores directos e indirectos en una industria que además representa el 60% del producto interno bruto (PIB). Antecedentes más que suficientes, a juicio del presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, para que la región esté preocupada por la dirección que ha tomado la discusión en la Convención Constituyente respecto a la minería.

Es que, según aseguró el ejecutivo, la propuesta de nacionalización de los recursos naturales estratégicos no renovables, como el cobre y el litio, es un problema menor en comparación con el grupo de normas constitucionales (algunas ya aprobadas en comisión), que impedirían el desarrollo de la industria. "Con estas normas no puede haber minería", advirtió sobre este proceso el timonel del gremio, que produce el 95% del cobre nacional.

Motivo de alerta

"Los que debieran estar más preocupados debieran ser las miles de personas que viven directa o indirectamente del sector minero y en especial las regiones mineras como Antofagasta. Debieran tener una preocupación relevante porque el conjunto de normas que se están discutiendo en la Convención, algunas de ellas ya aprobadas por la Comisión de Recursos Naturales y Modelo Económico, son normas que en definitiva están llevando a que no pueda haber más minería en el país", sostuvo Villarino sobre el riesgo que a su parecer supone algunas normas.

En este sentido, el ejecutivo dijo que ya no se trata de un tema de nacionalizar o no nacionalizar la minería, pues las normas constitucionales que se discuten "son impedimentos para el desarrollo de la actividad". Es por esto, insistió, que "la preocupación debe estar en las regiones mineras, que tienen una vocación minera histórica, que tiene un ADN vinculado con la actividad minera, en que más del 60% del PIB, en el caso de Antofagasta, y más del 50% de su fuerza laboral, está vinculado con el sector".

Normas que preocupan

En relación a las iniciativas que mayor preocupación genera en el sector, el timonel del Consejo precisó que se trata de tres grupos de norma "que harían imposible el desarrollo de la actividad minera". Entre estas, el debilitamiento del marco jurídico, pues "existen aprobadas disposiciones que tienden a cambiar el régimen de otorgamiento de las concesiones, de exploración y explotación por la vía judicial, a uno de carácter administrativo, poniendo plazos de duración, lo que abre espacios de incertidumbre tremenda", sobre todo en los pequeños y medianos mineros, explicó.

Un segundo grupo de propuestas tiene que ver con el efecto retroactivo de las normas, "esto afecta a toda la industria que está funcionando actualmente, es decir, no es aquello que va a ocurrir, sino lo que ha ocurrido también. De hecho, se aprobó una norma en esta misma comisión de un régimen transitorio y por lo tanto en pocos años van a caducar todos los derechos de exploración y explotación, para pasar a un régimen concesionado, burocrático, administrativo, lleno de incertezas y que requiere una regulación nueva y eso va a significar un parón tremendo para la actividad minera, porque nadie sabrá cuáles van a ser las reglas".

El tercer término figura la caducidad de derechos, al respecto Villarino dijo que está en entredicho los derechos de exploración y explotación, sino que además los de agua. "La minería ha hecho un tremendo esfuerzo por ir mutando desde el consumo de agua continental a agua de mar desalada y sin desalar y de aquí a cinco años el 50% de nuestro consumo va a venir de agua de mar, pero se abre esta nueva incertidumbre, porque todos los derechos caducan", detalló.

Asimismo, están todos los derechos que reclaman los pueblos originarios, y "en el país existe incertidumbre total sobre cuáles son los territorios que le pertenecerían a los pueblos originarios y si todas las concesiones mineras, no solo vuelven al Estado y a todos los chilenos, sino que van a parar a una parte de quienes habitan este territorio, que son los pueblos originarios, y ellos son los que van a tener que determinar a quiénes se les otorgan las concesiones introduces un tercer elemento de incertidumbre que es muy preocupante".

1.500 empresas proveedoras de bienes y servicios de la minería existen solo en la Región de Antofagasta.

57 mil personas trabajan directa o indirectamente en el sector minero, que además representa el 60% del PIB.

El Primer Tribunal Ambiental informó que la Agrupación Nelson Manríquez, Todos Juntos por Taltal presentó una reclamación por la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable que el Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta (SEA) le otorgó al proyecto de la Empresa Nacional de Minería (Enami) que busca implementar un depósito de ripios de lixiviación sobre la cubeta del tranque de relaves.

En la causa caratulada R-62-2022 y que fue admitida a trámite esta semana por el tribunal, la agrupación argumenta que el SEA no habría respetado el derecho a participación ciudadana (PAC) en la evaluación del proyecto, a pesar de que fue solicitada por tres agrupaciones de la comuna, "fundando una vez más su negativa en la contumaz interpretación restrictiva e ilegal del concepto 'cargas ambientales' que provoca el proyecto a la comunidad", aseguran.

Lo anterior, explicó el organismo, porque el organismo evaluador avaló su postura en que el proyecto no afectaría negativamente a la comunidad y tampoco produciría beneficios directos para sus habitantes. Situación que es rebatida por el reclamante, quien además, fundamenta su acción en que "no se pueden descartar los beneficios sociales ya que la planta pertenece a una empresa de propiedad estatal".

Sin embargo, la resolución del SEA se fundamentó en que el objetivo del proyecto es la implementación de un depósito de ripios de lixiviación sobre la cubeta del tranque de relaves de la planta, el que a su vez será una cobertura que protegerá la cubeta del tranque de la erosión eólica e hidráulica y permitirá dar continuidad operacional a la faena minera.

Ubicación del proyecto

Otro de los fundamentos del reclamante tiene relación con la cercanía del proyecto al área urbana, a lugares turísticos y principalmente a establecimientos educacionales donde asisten niños de diversas edades, los que "permiten tener como fundada la preocupación de esta comunidad en cuanto a los efectos adversos significativos que la actividad provocará sobre la ya preocupante situación ambiental de la comuna y sus habitantes", advirtió la agrupación taltalina.