Todo el espacio construido que nos rodea nos afecta y condiciona nuestros sentidos, desde el cómo habitamos hasta como nos encontramos en los espacios públicos en la ciudad.

Con cierta preocupación hemos visto como algunos de nuestros antiguos e históricos liceos han sufrido un deterioro fuerte y han perdido su esencia, su legendaria identidad y finalmente su dignidad, considerando que la educación es un pilar fundamental para la formación de ciudadanos, de seres humanos con empatía y cultura para soñar con esa sociedad más justa y sobre todo que pueda ofrecer oportunidades a todas y todos.

Debemos hacer un gran esfuerzo a nivel político y de gobiernos locales para devolver autonomía y recursos para hacer una reingeniería espacial en nuestros espacios educativos. Los aularios, auditorios, talleres, laboratorios, patios y pasillos deben acoger cada vez más espacios colaborativos visibles y transparentes en que se vea lo que se hace, en que los otros se vayan involucrando con los que están estudiando o experimentando en un laboratorio. Los acondicionamientos físicos y ambientales son ya urgentes desde el diseño, revisando las normativas, ya no es suficiente hablar de ventilación o cantidad de luz.

La vieja forma de aulas, más bien parecidos a recintos hospitalarios o carcelarios en que se encierran los estudiantes deben transformarse en espacios que estimulen el trabajo en equipo y cambien la dinámica de sillas en filas con un profesor dictando una clase. Estamos hablando de cambiar la forma que involucra proporciones, color texturas y lo más importante ojalá siempre con presencia de elementos naturales que nos ayuden a sentir alegría y que el ir a 'clases' sea estimulante y no un tedio monótono. Que sea el colegio un lugar al que queramos acudir, no por obligaciones del sistema sino porque es el lugar en que podemos crecer y proyectar mejor nuestro futuro.

Para ello se deben revisar programas de estudios y preguntarse siempre, para mejorar el aprendizaje que espacio necesitamos, respondiendo aquella pregunta podríamos diseñar espacios educativos que por el sólo hecho de recorrerlos o habitarlos ya estamos aprendiendo, es decir, una arquitectura que estimula y fortalece el aprendizaje desde su propia creación espacial y vivenvial.

Durante el periodo de presentación de las Iniciativas Populares de Normas (IPN), vemos que fueron tres las referidas al futuro de la minería que se presentaron, la IPN 20.645 "Por una Minería Sustentable para Chile", auspiciada por Compromiso Minero, que logró un apoyo de 24.205 firmas; en contrapartida las IPN 15.150 y 5.602 que hablan de la nacionalización o renacionalización del cobre, ambas lograron reunir 45.505 firmas, lo que, claramente, es una amenaza para el actual sistema de concesiones que permite una participación estatal, privada y mixta en algunos casos, sumado al hecho de que la IPN 20.645 fue rechazada en la CC.

¿Qué fue lo que ocurrió? Tal vez los discursos utilizados ya no logran seducir, tal vez porque los interlocutores son siempre los mismos, con un componente particular fuertemente ligado a la industria, o que el relato dotado de romanticismo respecto del importante aporte a la región tal vez no le interesa a la gente de otras localidades, ya que no ve beneficios directos.

Por otra parte, no debemos desconocer que la industria tiene anticuerpos instalados en las mismas comunidades donde se encuentran estos recursos no renovables, que por años ha expresado el desinterés de las mineras por hacer aportes que lleven sustentabilidad y sostenibilidad a las comunidades. Ni siquiera se ve que la juventud hoy día vea en la minería una oportunidad de desarrollo, esto se confirma con los resultados de un estudio realizado por el Observatorio Regional de la Universidad Católica del Norte (UCN), donde muestra que un importante porcentaje de los jóvenes entre 18 y 24 años no les interesa trabajar en la minería, por razones de que los turnos no le aportan calidad de vida y encuentran que es una manera de protestar contra una industria que consideran contaminante, lo que muestra una desconexión de la juventud con el sector, cosa que nos debe preocupar.

Pero, ¿cómo podemos enfrentar hoy el escenario adverso en la Convención Constitucional? Sabiendo que el modelo presente no es el mejor evaluado, pero es el que ha generado desarrollo y ha permitido inversión que nunca habría podido hacer el estado. Creemos que la clave la ha dado el Instituto de Ingenieros en Minas de Chile (IIMCH), en una declaración con posición institucional, profesional, con argumentos técnicos sólidos, que contiene ocho puntos a considerar del por qué no se puede ni debe estatizar la minería que son los que en definitiva deberían prevalecer, no solo en el discurso, sino llevar a consideración de los constituyentes, creemos que es una ventana que se abre cuando la puerta se ha cerrado.

Por lo pronto la ministra secretaria general de Gobierno y la ministra de Minería han expresado que no está en el programa de gobierno estatizar la minería, eso es una buena señal por ahora.

Una de las grandes deudas que dejó el gobierno saliente fue generar políticas claras para combatir la delincuencia y permitir que la comunidad viva en ambientes más seguros. No hubo avances, es más, hubo retrocesos, porque tras los meses de estallido social y la llegada de la pandemia los delitos contra las personas, la propiedad pública y privada sufrieron un ascenso.

Prueba de ello es que los asaltos, portonazos, encerronas han experimentado un notorio aumento. Para qué decir el uso de armamento en la comisión de delitos en ajuste de cuentas y otros que terminan con personas fallecidas.

Nuestra región no es ajena a este tipo de delitos y sectores como la parte central alta de Antofagasta, el área centro de Calama y de otras comunas de la región son muy inseguras y los vecinos denuncian que viven con temor ante el asedio de la delincuencia.

A las clara son situaciones que no se pueden tolerar y es preciso que se tomen medidas para responder a las demandas ciudadanas. Los vecinos no pueden vivir atemorizados, convirtiendo sus hogares en verdaderas cárceles enrejadas en las que deben refugiarse a temprana hora para no ser presa de delincuentes.

Es momento que las autoridades ejerzan la labor para las que están encomendadas como lo es la seguridad ciudadana. Aquí la coordinación con las policías tiene que ser expedita y resolutiva para entregar los fondos que se requieran para el combate de la delincuencia, principalmente en cuanto a dotación, vehículos y tecnología.

Pero tiene que existir eficiencia y no situaciones como la denunciada por la consejera regional Sandra Berna, en el sentido que Carabineros tiene empozados $23 mil millones destinados a mejoras en infraestructura y flota vehicular en Calama. Eso no puede ocurrir cuando la necesidad de reacción ante los hechos delictuales tiene carácter de urgencia.

Los vecinos pueden aportar lo suyo, organizándose y apoyando la labor de las policías.

Lo que no debe ocurrir es que sigamos del modo actual en que nuestras ciudades están tomadas por grupos de delincuentes que actúan sobre seguro, a plena luz del día, sin temores bajo una sensación de impunidad que impresiona y atemoriza.