Redacción
Después de una larga sesión que se extendió por dos días, el pleno de la Convención Constitucional terminó de votar el informe de reemplazo de la Comisión de Derechos Fundamentales, que contenía las normas que en una primera instancia no habían logrado los dos tercios.
Con esto, 14 nuevos artículos pasaron al borrador de la nueva Constitución, algunos de los cuales motivaron una acalorada discusión entre los convencionales. Todas las indicaciones presentadas fueron rechazadas y la mayoría de ellas (150 de 163) habían sido ingresadas por representantes de derecha.
Una de las normas aprobadas es la que regula la propiedad. "Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables", dice el texto.
Otro artículo expresa que "ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador".
También se aprobó la norma que señala que "toda persona, natural o jurídica, tiene libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. Su ejercicio deberá ser compatible con los derechos consagrados en esta Constitución y con la protección de la naturaleza".
Por otra parte, quedarán en el borrador de la nueva carta magna los artículos que consagran prerrogativas como la libertad de expresión e información sin censura previa; la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y cosmovisión; el derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente; el derecho a la identidad "en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género"; y el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia; entre otros.
Derechos indígenas
Uno de los contenidos que mayor controversia generó en la sesión plenaria fue la propuesta de artículo 21, que establecía el "derecho de propiedad de los pueblos y naciones indígenas". La norma busca consagrar el derecho colectivo de los pueblos originarios sobre las tierras y los recursos "que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido".
El texto fue aprobado en general pero no alcanzó los dos tercios para aprobarse en particular, si bien tuvo mayoría. Esto quiere decir que volverá a la comisión para ser modificada y votada en una última oportunidad.
Otra de las polémicas se centró en el rechazo de una indicación que buscaba agregar en el artículo sobre el derecho a la propiedad, la expresión "los trabajadores son dueños de sus ahorros previsionales y podrán heredarlos a las personas establecidas en la ley". Asimismo, se rechazó aquella que señalaba que el Estado no puede expropiar los fondos previsionales de los trabajadores.
Tras ello el convencional independiente por Chile Vamos, Bernardo Fontaine, aseguró en LUN que "los trabajadores ya no serán más dueños de sus ahorros previsionales ", lo que desató la molestia de varios de sus compañeros.
"Lamentable el nivel de desinformación de Fontaine, que siembra incertidumbre cuando más trabajo colaborativo necesita el país", dijo el convencional Jaime Bassa (Ind). Su par César Valenzuela (PS) señaló que Fontaine "miente descaradamente" y Felipe Harboe (PPD) pidió "no crear campaña del terror".
