Willy Briceño Romero

A mediados del año pasado, se anunció que se realizaría la licitación del diseño del nuevo complejo penitenciario de Calama, incluso se informó de 15 interesados, de los cuales 12 cumplían con estar inscritas en el registro de consultores del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Pero han pasado los meses y ahora se informa que el inicio de las obras del proyecto quedaría para el 2023, tras la caída de dos procesos y con otro llamado en trámite.

La situación fue dada a conocer en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta del Congreso Nacional, donde el senador por la Región de Antofagasta, Pedro Araya, solicitó a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, avanzar en la ejecución de una nueva cárcel para la capital de la provincia de El Loa.

Al respecto, el parlamentario antofagastino, manifestó que "todos sabemos que el actual recinto penitenciario de Calama tiene muchas complicaciones, producto del hacinamiento que hay y al encontrarse en el centro de la ciudad".

Cabe señalar en este sentido que el mencionado complejo penitenciario, que se ubicaría en la intersección de las rutas 23CH y B-195 a 31 kilómetros al oriente de la ciudad; aún no logra concretarse, pese a las gestiones realizadas durante la segunda administración de la Presidenta de la República Michelle Bachelet.

En ese sentido, el congresista añadió que "esperamos que el Gobierno pueda apurar este proyecto que va a permitir dar una solución al hacinamiento de la población penal en Calama y también generar mayores niveles de seguridad".

Licitación y obras

A raíz de la petición del legislador antofagastino, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, afirmó que "en el caso de Calama, estamos en proceso de licitación del diseño arquitectónico", que en principio superaba los $700 millones provenientes íntegramente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minju), destinados para la contratación -en modalidad de suma alzada sin reajuste según DS MOP N°48/1994- del diseño de esta infraestructura penitenciaria.

Asimismo, la autoridad reconoció algunas problemáticas en el proceso de licitación de la iniciativa: "Hemos tenido problemas, se nos han caído dos licitaciones, me informan el retraso responde a eso, pero se abre la licitación de nuevo, en agosto, y en 2023 estaríamos en condiciones de licitar la obra. Efectivamente, acá hay un atraso importante con el que nosotros recibimos esto".

Acciones y plazos

De igual manera, junto con haber solicitado a la ministra de Justicia, en la Comisión de Constitución, que se acelere la ejecución de una nueva cárcel para Calama, Pedro Araya, señaló que "pediremos, mediante oficio, a la misma cartera, que se nos haga llegar una carta gantt, con el detalle de las acciones y plazos para la implementación de esta iniciativa",

Agregando que "personalmente, fiscalizaré y haré un seguimiento a lo comprometido, porque lo que no puede ocurrir es que este proyecto, una vez más, se vea postergado, tal como ocurrió en la segunda administración de Sebastián Piñera".

"Hoy, recalcó, es urgente que el recinto penitenciario salga del centro de la capital de la provincia de El Loa para otorgar mayor seguridad a las y los habitantes de Calama. Asimismo, para terminar con el hacinamiento en dicho lugar", considerando que es un anhelo de décadas.

"Esperamos que el Gobierno pueda apurar este proyecto (nuevo recinto penitenciario) que va a permitir dar una solución al hacinamiento de la población penal en Calama".

Pedro Araya, Senador Región de Antofagasta

"Se abre la licitación de nuevo en agosto y en 2023 estaríamos en condiciones de licitar la obra. Efectivamente acá hay un atraso importante con el que nosotros recibimos esto".

Marcela Ríos, Ministra de Justicia

Para la nueva cárcel se proyecta una superficie construida superior a los 40 mil metros cuadrados y más de 12 mil metros cuadrados de patios, que incluyen instalaciones de escuela, talleres de oficio, áreas de salud y todas las condiciones necesarias para poder cumplir con la reinserción social de las personas condenadas a penas privativas de libertad. La inversión total para el diseño y ejecución de este proyecto, que pertenece al Minju (Ministerio de Justicia), alcanza los $88 mil millones.

Durante la semana se realizó una movilización que congregó a diferentes representantes de la educación pública de la comuna de Calama, donde manifestaron el rechazo a la puesta en funcionamiento de los servicios locales de educación.

En relación a dicha temática, el presidente del Colegio de Profesores de Chile, Carlos Díaz, se mostró contrario a dicha implementación como también al sistema municipalizado dejando establecido que se debe avanzar al retorno de los colegios a la administración del Estado.

"Nosotros creemos que los servicios locales de educación no han estado a la altura de lo que se esperaba, aquí hay una ley que es muy mala como se implementa, pero además creemos que es fundamental que aquí tenemos que generar las condiciones para hacer un diálogo importante como país, cuál es la educación pública que queremos en Chile", explicó en torno a la temática.

Además agregó que "la Convención Constitucional está haciendo un trabajo que termina dentro de poco, y también es importante escuchar qué va a plantear la nueva constitución respecto de la educación pública. En ese sentido claramente lo decimos: ni la municipalización ni tampoco los servicios locales de educación son una solución para tener una educación pública fortalecida en Chile".

"Y por ello -añadió- que estamos pidiendo al Gobierno, la necesidad de suspender por dos años la nueva puesta en práctica de los servicios locales en Chile". Manifestado que la próxima semana tendrán una nueva reunión con las autoridades gubernamentales del ramo para tratar este tema en particular.

"Tenemos dudas respectos a una ley que mantiene el mismo sistema de financiamiento que hoy día tiene quebrado al sector municipal. Por tanto, creemos que va a ser difícil generar cambios a una ley que ya en concreto ha sido muy mala. Aspiramos más bien a avanzar al retorno a los colegios al Estado", concluyó Díaz.

2023 el 1 enero se debería implementar el funcionamiento del servicio local de Educación en El Loa.

$ 700 millones es la inversión requerida para realizar el diseño arquitectónico del nuevo centro penitenciario.

Dos años demorará la reevaluación para analizar puesta en marcha de los servicios locales de educación.