El mayor ataque incendiario del último tiempo afectó ayer a una empresa de áridos de la comuna de Los Álamos, Región del Biobío, donde según el último recuento fueron quemados 33 vehículos, entre camiones y camionetas.

René Muñoz, presidente del gremio de los contratistas forestales, detalló en radio Cooperativa que "aproximadamente entre 30 y 40 terroristas llegaron a esta planta de áridos, que es un socio nuestro, es un empresario forestal local que genera mucho trabajo y que es el séptimo atentado que tiene desde el año 2014, entonces comprenderán lo que significa para un empresario echar por tierra todos los sueños y proyectos que tiene".

En un hecho paralelo, tres camionetas con un grupo indeterminado de sujetos encapuchados y fuertemente armados dispararon contra vehículos de empresas forestales en el sector de El Descabezado en Curanilahue, también en el Biobío.

En La Araucanía, además, fue incendiada una retroexcavadora al interior del Fundo San Carlos en la ciudad de Victoria.

Condena de gremios

Tras estos ataques, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones expresó que "una vez más esta Confederación debe levantar la voz para denunciar un nuevo hecho de violencia terrorista en el sur, situación que afectó a la empresa de camiones y áridos Transa, a cuyos trabajadores y propietarios expresamos nuestra solidaridad".

"El atentado en Los Álamos, sector Los Ríos, demuestra que la provincia de Arauco es una tierra sin ley, con la autoridad completamente sobrepasada y sin atinar a ningún paso que devuelva, al menos en parte, la seguridad a quienes viven y trabajan en la zona", añadió el gremio.

También planteó que "no es posible estar sometidos todos los días a las acciones de terroristas y bandas armadas irregulares que atentan contra nuestros conductores, los baleen como al colega Ciro Palma o al trabajador amenazado de muerte en el atentado de esta mañana".

En la misma línea se expresó el Consejo Superior de Transportes (CST), cuyo presidente, Sergio Pérez, dijo que "el Gobierno no puede pretender que nuestros conductores no se movilicen, cuando a diario nos continúan agrediendo y atacando en las rutas, sin que haya una respuesta efectiva por parte del Estado para detener esta violencia descontrolada que amenaza nuestra integridad".

"Las víctimas somos nosotros y resulta que el Ejecutivo en vez de trabajar en conjunto para resolver el grave problema de violencia que vive el país, las emprende contra nosotros por el legítimo derecho a movilizarnos y exponer nuestras inquietudes y demandas y nos aplican la Ley de Seguridad del Estado", agregó el líder gremial.