Presentan querella criminal en contra del ex alcalde de Calama y dos ex ejecutivos de Comdes
ACCIÓN. Fue interpuesta por la actual administración de la Corporación Municipal y que se suma a la investigación que se realiza en el Ministerio Público para determinar si hubo o no fraude al Fisco en la compra de una vivienda en $190 millones.
Con fecha 26 de abril de 2022, la juez presidente del Tribunal de Garantía de Calama, María José Amengual Tapia, admitió a tramitación una querella criminal interpuesta por la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes), en contra del ex alcalde de la comuna, Daniel Agusto Pérez y de dos ex directores ejecutivos de la Corporación: Gregorio Rodríguez Jarue y Jubitza Tapia Pérez.
Según se detalla en el documento, la acción judicial se realiza por los delitos de fraude al Fisco y negociación incompatible y además se extiende a "todos los que resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores".
Ello está en el marco de la investigación que realiza el Ministerio Público de Calama y que busca dilucidar si existió o no delito, en la compra de un inmueble por parte de la Comdes y que buscaba utilizarse para construir una clínica dental.
Esta querella se suma a otras dos interpuestas anteriormente: en junio de 2021 por el Consejo de Defensa del Estado y en marzo de 2022 por el actual senador, Esteban Velásquez Núñez.
Al respecto, el abogado de la Comdes, Francisco Garrote Araya explicó que todas estas acciones forman parte de una misma causa en el Tribunal. "Cada querella tiene una teoría del caso distinta porque obviamente todos los colegas y los abogados tienen una idea distinta de cómo se ejecutaron estos delitos y obviamente si cada delito tiene un grado de participación distinta", detalló el profesional.
En este sentido dijo que, en el caso de la querella interpuesta por Comdes, la teoría del caso es que el presunto autor o coautor de los dos delitos (fraude al Fisco y negociación incompatible) que se presentan en la querella es el exalcalde Daniel Agusto y Gregorio Rodríguez y Jubitza Tapia serían los coautores.
"Frente a esta situación, lo que nosotros buscamos en el fondo es que se determinen las responsabilidades por parte del Ministerio Público y por parte del Tribunal de Garantía, confiamos en las instituciones, en que efectivamente van a hacer su trabajo y obviamente, se va a alcanzar la justicia que, en el fondo, es lo que busca toda la comunidad loína con este caso tan bullado", explicó Garrote.
En tanto, el actual director ejecutivo de la Comdes, Humberto Arraya Quiroz señaló que, "sabemos que esto fue un fraude al Fisco, fue una negociación que no correspondía porque estaban involucradas familias, por lo tanto nosotros como Corporación perseguimos que la justicia dé el máximo rigor, aplique la Ley contra estas personas que han abusado de los recursos de esta comuna", puntualizó.
El abogado detalló que, a través de esta querella se solicitaron una serie de diligencias, entre ellas tomar declaración de "todos los funcionarios que fueron parte de este proceso de compra, funcionarios también de la municipalidad, obviamente en el entendido de que estos funcionarios fueron parte del concejo municipal donde se debaten anualmente los planes de salud, el mismo notario que fue quien autorizó la escritura de la compraventa de esta casa, entre otras personas", enumeró Garrote.
El abogado también señaló que, por estos delitos, considerando atenuantes y agravantes, Daniel Agusto, Gregorio Rodríguez y Jubitza Tapia pueden arriesgar entre 5 y 15 años de presidio más multa e inhabilitación perpetua o temporal para ejercer cargos públicos.
Demanda civil
El abogado Francisco Garrote informó que, paralelamente esta semana se les informó sobre una demanda civil que interpuso el Servicio de Salud en contra de Comdes, por la restitución del dinero que se utilizó para la compra de dicho inmueble, que asciende a $190 millones, los que fueron obtenidos de la cuenta "Operaciones de Salud" en el que están los fondos denominados "per capita" y que, de acuerdo a lo que estipula la ley N° 19 mil 378, no se podía utilizar para la compra del inmueble en cuestión.
"Lo que busca el Servicio de Salud es que nosotros como Corporación y, obviamente la municipalidad que está siendo demandada de manera solidaria o conjunta como lo determina la ley, sean restituidos estos fondos, toda vez de que se entiende que con el informe de la Contraloría del año 2019 este proceso estaba viciado desde el comienzo y frente a lo mismo, estamos en la obligación legal de hacer devolución de los mismos", argumentó.
Agregó que, "como equipo jurídico vamos proceder a contestar la demanda en el plazo establecido por ley para poder llevar adelante este proceso que van en carriles distintos. Por una parte tenemos la querella que nosotros presentamos contra los responsables y por otro lado, este juicio civil que tenemos con el Servicio de Salud y nosotros como Corporación", explicó el abogado.
En tanto, el director ejecutivo de Comdes manifestó no tener claridad de cómo van a restituir el dinero. "No tenemos los recursos para devolver al Servicio de Salud los 190 millones de pesos. Si yo devuelvo los 190 millones de pesos tengo que sacarlos del área de salud, por lo tanto, sigo cometiendo fraude, por lo cual nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias; si tenemos que llegar a la Corte Suprema, vamos a llegar", comentó Humberto Arraya quien añadió que incluso se corre el riego de que el inmueble sea embargado para saldar la deuda.
Dijo que también no está dilucidado cuál será el destino del inmueble, el que se ubica en calle Condell N°2043 y en el que actualmente hay edificadas algunas obras menores de construcción que se contrató durante la gestión edilicia anterior.
"Se comenzó un contrato de edificación por cerca de $250 millones y en lo cual, ahora hay cerca de $85 millones ya pagados al contratista, lo cual nosotros también ahí tenemos otro punto, tenemos que lograr solucionar terminar con ese contrato con este contratista, porque si no vamos a tener otra demanda más con lo cual tenemos que darle solución", dijo.
Por último señaló que, "esto iba a ser un centro odontológico, un laboratorio y al final no tenían claridad sobre qué querían construir en este edificio; la verdad que creo que la intención era otra: comprar un edificio en $190 millones , el cual no costaba $190 millones, de acuerdo a la tasación".
Edith Galleguillos, directora del Departamento de Salud de Comdes, comentó que, " estamos viendo acá un terreno de 190 millones de pesos que pudo haber significado la compra, la adecuación de infraestructura, mejores salas de espera, monitores de signos vitales, camillas. Si uno lleva ese dinero a compras efectivas o adquisiciones podríamos estar hablando de otras cosas con las que contaría la comuna y nuestros usuarios que son por lo que nos transfieren estos dineros al ser ellos beneficiarios de Fonasa", explicó la directora de Salud de Comdes.
En esa línea también recalcó que la Atención Primaria de Salud cuenta con brechas de infraestructura y esta operación de la administración anterior solo resta. "Me parece que fue una inversión irresponsable, con la intención de beneficiar a personas en particular y de ninguna manera a la ciudadanía", dijo Edith Galleguillos.
Proceso
De acuerdo a lo que se indica en la página del Poder Judicial, el caso- que fue ingresado en mayo de 2020- se encuentra en etapa de investigación y el 28 de enero pasado, el Tribunal llevó a cabo la etapa denominada "Formalización de la Investigación", oportunidad en la que se formalizó a Jubitza Tapia y a Gregorio Rodríguez, quienes además, como medida cautelar, se les dispuso firma mensual y arraigo nacional.
En tanto, el 21 de febrero pasado, el senador Esteban Velásquez interpuso una querella en contra de Daniel Agusto, Gregorio Rodríguez y Jubitza Tapia.
Según comentó el abogado de la Comdes, en la formalización se estableció un plazo de investigación de seis meses, es decir hasta el 28 de julio de 2022. Durante este período, "el Ministerio Público tiene este tiempo para poder llevar adelante todas las diligencias que han sido propuestas por los diferentes querellantes", detalló el abogado de Comdes.
Este Diario se intentó comunicar con los querellados, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no respondieron las llamadas ni los mensajes enviados vía WhatsApp.
Antecedentes del caso
Las acciones investigadas se produjeron entre 2017 y 2018, época en la que Daniel Agusto era alcalde de Calama, Gregorio Rodríguez era director ejecutivo de Comdes y Jubitza Tapia, directora de Gestión de la corporación y prima de Agusto.
El terreno comprado pertenecía, desde hace más de diez años, a una sucesión hereditaria de la cual era parte Jubitza Tapia y su tío Bernardino Tapia (quien a la fecha era funcionario municipal).
El valor que canceló la Corporación por ese inmueble fue de $190 millones, pagándose un sobreprecio pues la tasación que realizó el banco BCI fue de $150 millones 430 mil.
"Sabemos que esto fue un fraude al Fisco, fue una negociación que no correspondía porque estaban involucradas familias".
Humberto Arraya, Director Ejecutivo Comdes
"Me parece que fue una inversión irresponsable, con la intención de beneficiar a personas en particular y de ninguna manera a la ciudadanía".
Edith Galleguillos, Directora Dpto. de Salud