En la Tierra sólo el 2,5 % del agua es dulce, de ese porcentaje el 0,5% se encuentra en depósitos subterráneos y el 0,01% en ríos y lagos. Sin embargo, la disponibilidad de agua dulce, para satisfacer las necesidades humanas es de alrededor del 0,007% y esa cantidad se reduce anualmente debido a la contaminación.

Hace 40 años se disponía de una media de 12.000 m3/año de agua dulce por persona. Hoy, sólo están disponibles 5.000 m3/año en promedio por persona. Esta disminución y baja disponibilidad de agua dulce ha generado un conflicto entre las diversas naciones para acceder a este recurso vital.

A 4 kilómetros de la frontera de Chile con Bolivia, se encuentra el Silala, estas aguas están en el corazón de un desamor. Por un lado, Bolivia, país donde el rio tiene su fuente, en medio del desierto y por otro, Chile, en donde los aymaras desde principios del siglo pasado utilizan esta agua que fluye naturalmente hacia el oeste.

Después de complicadas relaciones de vecindad, la Corte Internacional de Justicia deberá decidir, si declara al Silala como un río internacional, para así hacer un uso razonable y equitativo de los cursos hídricos internacionales. Una nueva política global del agua permitirá garantizar la paz y la seguridad: en torno, a través y para el agua.

El desarrollo de nuevas capacidades y el aporte de nuevos líderes capaces de abordar efectivamente nuestros desafíos relacionados con el agua, es indispensable. Comprender y combinar herramientas y disciplinas para la gestión del agua y con ella, la gestión de los conflictos relacionados. Concretar con la movilización de fondos para llenar los vacíos del desarrollo científico tecnológico. Y finalmente, sobre todo, practicar una hidrodiplomacia basada en los "valores superiores" del agua, estos situados inmediatamente por encima de las cualidades utilitarias, con las que se identifiquen las partes en un conflicto, creando oportunidades para la cooperación y competencia entre las mismas.

El objetivo se convierte entonces en conciliar constantemente los intereses contrapuestos de los usuarios del agua, ya sean Estados, individuos, empresas, grupos de interés o entidades administrativas.

La gestión de conflictos y la cooperación son, parte integral de la gestión de los recursos hídricos, en su sentido más amplio. De hecho, la crisis del agua no es una crisis de cantidad, sino más bien una crisis de gestión, gobernanza y reconciliación de intereses a menudo contradictorios.

Dra. Lorena Escudero

Investigadora titular Medio Ambiente CICITEM

Nuestro Servicio de Registro Civil e Identificación es una institución que desde su creación y a través de sus trámites, ha reflejado la evolución de la sociedad chilena y una prueba de ello es la implementación de la Ley de Identidad de Género la cual se levanta desde el respeto hacia los derechos humanos y la dignidad de las personas. Como antecedente, se debe indicar que el 27 de diciembre de 2019 comenzó el funcionamiento de la Ley de Identidad de Género la cual permitía que toda persona cuya identidad de género no coincida con su sexo y nombre registral, pudiera solicitar la rectificación de éstos en las oficinas del Registro Civil habilitadas para este trámite. Se debe recordar que entre los requisitos que se solicitan se encuentran contar con la mayoría de edad, no tener vínculo matrimonial vigente, y si la persona es extranjera, debe tener inscrito su nacimiento en Chile, así como acreditar permanencia definitiva.

Esta normativa que recoge el nuevo sentir de la sociedad chilena y muestra el cambio de mirada y acción que experimenta la humanidad, ha sido graficada en las cifras de personas que se han acogido a esta ley y que, al 27 de abril de este año, en la Región de Antofagasta alcanza un total de 181 personas, y a nivel nacional, a 4.280 ciudadanos.

Ahora bien, se debe destacar que para la implementación de esa nueva normativa, nuestro Servicio realizó un gran esfuerzo interno ante tan importante avance en materia de derechos ciudadanos, lo que involucró, ciertamente, cambios en el ámbito jurídico-administrativo, lo cual se reflejó en la creación de una comisión multidisciplinaria que tuvo a cargo la elaboración del reglamento de la ley al interior de la institución que asegurara su correcta aplicación, trabajándose paralelamente en el procedimiento y la implementación informática del registro.

Además de lo anterior, se requería contar con un cambio significativo en la comprensión del personal sobre el carácter inclusivo y de respeto hacia las personas que se acogieran a esta ley. Es por lo anterior que se elaboró un plan de capacitación de 560 funcionarios y funcionarias que en su primera etapa consideró la sensibilización de éstos con charlas en todas las oficinas del país. En su oportunidad se abordó la ley clarificando conceptos y reflexionando acerca de la importancia y el impacto de esta ley.

Es a este grupo al que se le dio un especial acento, lo cual se evidenció con la capacitación que recibió nuestro personal en herramientas blandas y de protocolo de atención de usuarios y usuarias trans. Efectivamente, la ley establece que nuestro Servicio debe asegurar el principio de confidencialidad y reserva del procedimiento, y para cumplir con estos principios, nuestro servicio implementó un procedimiento especial el cual incluye una audiencia personalizada y ejecutada por personal preparado en conocimientos, pero también sensibilizado ante el gran significado que dicha actuación ampara. Todo ello permite que el usuario o usuaria cuente con la seguridad de que su tramitación se basó en un buen proceder administrativo y humano.

La Ley de Identidad de Género ya implementada desde algunos años, ha abierto los espacios de igualdad para aquellas personas que mantuvieron su identidad y proyectos de vida excluidos de la sociedad. Hoy podemos constatar que estos avances son necesarios para consolidar una sociedad que garantice los derechos sociales de las personas y que son los fundamentos del desarrollo y la paz social, principios rectores del gobierno del Presidente Gabriel Boric, y que se materializan en el ámbito local a través del diálogo que ha liderado la Delegada Presidencial Regional de Antofagasta, Karen Behrens, con diferentes actores sociales en la búsqueda de un desarrollo integral para todos los habitantes de nuestra región.

El lamentable baleo que sufrió una joven periodista en el Barrio Meiggs, en la capital, son el reflejo del clima de crispación, de inseguridad y de molestia que reina en gran parte de la comunidad. Pensamos que esto no podría pasar, que en algún momento hubiera enfrentamiento entre chilenos y menos que se recurriera al uso de armas de fuego.

Lo detalles del hecho son investigados, pero lo preliminar indica que un adulto utilizó una pistola contra manifestantes que avanzan en un camino de destrucción que venía cuadras atrás. El autor del disparo -detenido y no confeso- sería un vendedor ambulante del sector quien recurrió a esa medida extrema para defender su mercadería y sus instalaciones callejeras.

Justificación no tiene. Sus excusas de defensas podrán entenderse en un contexto distinto al ocurrido donde permanece en riesgo vital una joven que cubría las manifestaciones el 1° de mayo. Ese hecho transforma todo, porque la vida de una persona no puede ponderarse con el daño material que pueda sufrir alguien.

Atendido ello, también es bueno reflexionar sobre el clima de violencia. Ya lo habíamos comentado con antelación, citando incluso al Presidente Gabriel Boric respecto a la inconducente que es recurrir a hechos violentos para visibilizar las distintas demandas. Lastimosamente esas prácticas ya están instaladas y forman parte de una conducta que se asume en el poco respeto a nuestros semejantes.

En esos casos hay violencia, pero la escalada va mucho más allá. Lo que vivimos como país es una sensación de inseguridad y de la perdida de respeto a las leyes y a las autoridades que velan por su cumplimiento.

Carabineros -otrora institución señera y respetada- hoy no goza de ese respeto. Las razones pueden ser evaluadas desde los casos de corrupción y de los excesos ocurridos en manifestaciones antes y después del estallido. O también por ser el agente represor de un Estado que reconocen los oprime y los vapulea.

Ese es el panorama en el que los desenvolvemos a diario y que tiene que cambiar. Lo primero es condenar la violencia en todas sus formas y poner por delante el valor de vivir en paz. Resolver los problemas urgentes y entregar esperanza para lo que viene.

Solo de ese modo podremos recuperar la tranquilidad, la sana convivencia y la seguridad. Es tiempo que las autoridades se vuelquen en la búsqueda de soluciones a este problema que socava las sociedades.