Una nueva situación incómoda enfrentó ayer el Gobierno a causa de dichos de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, quien se ha convertido en un foco de declaraciones complejas en los últimos días.

El lunes la secretaria de Estado obligó a un despliegue comunicacional del Ejecutivo luego de que el domingo en la noche afirmara que hay presos políticos en Chile en el programa de televisión "Tolerancia cero", de lo cual se desdijo de madrugada a través de su cuenta de Twitter. Y ayer protagonizó un nuevo impasse ya que en una entrevista en revista "Ya" de El Mercurio expresó opiniones contrarias a la dictación de estados de excepción constitucional.

"El estado de excepción ¿qué significa? Coartar un montón de libertades y por otro lado el apoyo de los militares, pero hay que estar dispuestos a que haya muertes. Creo que no es la solución para el Wallmapu, unlugar donde ya hay una cultura de violencia y muertes", dijo al semanario utilizando un término que antes ya complicó a Izkia Siches.

Si bien la entrevista fue concedida días antes, su publicación se produjo solo horas después de que el Gobierno anunció que ante la falta de acuerdo para instaurar aprobar en el Congreso la creación de un "estado intermedio", recirriría al Estado de Emergencia que está incluido entre sus atribuciones constitucionales. Esto generó una nueva posición compleja para la ministra ante La Moneda.

Además, ayer la Corte Suprema se pronunció sobre los dichos de Vega respecto de la supuesta existencia de presos políticos en el país, flanco abierto el domingo y que tuvo a la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, como la responsable de aclarar que "en Chile no hay presos de conciencia".

El máximo tribunal expresó ayer a través de su vocera, Ángela Vivanco, que "los presos políticos son propios de gobiernos dictatoriales o totalitarios donde el hecho de ser opositor se transforma en un delito y en consecuencia se persiguen las opiniones".

La magistrada agregó que "En Chile no estamos en esa situación; estamos en un estado democrático y en consecuencia las personas que están presas están imputadas o condenadas por delitos concretos y comunes, no porque sean opositores o por su pensamiento".

Vivanco también descartó sesgo político en la aplicación de prisiones preventivas.

Ayer en la noche entró en vigencia el decreto que declaró Estado de Emergencia en la macrozona sur y casi simultáneamente el Partido Republicano anunció que presentará una acusación constitucional contra la ministra del Interior, Izkia Siches, con el objetivo de forzar su destitución porque, según integrantes de la colectividad, "no está cumpliendo con sus funciones".

"No es posible que en todo el país nos veamos enfrentados a la delincuencia, el sicariato y el narcotráfico", dijo el diputado Mauricio Ojeda, quien aludió a falencias en la seguridad nacional y al aumento en los hechos de violencia en el último tiempo.

El libelo contra la jefa de gabinete aún no está redactado, pero el diputado Cristián Araya aseguró que "la ministra Siches ha demostrado no estar a la altura del cargo que ostenta, acumulando un enorme crédito en contra que la hace merecedora, con fundamentos jurídicos, de la acusación constitucional que hemos anunciado en su contra".

El también legislador Stephan Schubert añadió que "no aplicó la ley y la Constitución" y que la declaración de Estado de Emergencia en la macrozona sur "llegó tarde y mal".

Jackson argumenta

Durante la jornada de ayer el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, entregó una serie de argumentos para justificar que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, que siempre se mostró contrario a los estados de excepción constitucional, finalmente decidiera decretar Estado de Emergencia, que fue anunciado por la cuestionada ministra Siches el lunes y que ayer comenzó a regir tras la toma su publicación en el Diario Oficial.

Jackson reconoció que "es un tema complejo, sin dudas, no es de fácil explicación, pero todo redunda en cuál es la agenda de mediano y largo plazo, y de forma efectivamente excepcional, y no como algo que queramos extender en el tiempo: es que necesitamos proteger las rutas".

Lamentos y críticas

De inmediato se generaron reacciones en todos los sectores. De decepción en gran parte del oficialismo y de acusaciones por la demora y por una eventual "letra chica" por parte de la oposición a causa del adjetivo "acotado" que se anunció para este Estado de Emergencia.

El senador Daniel Núñez, del Partido Comunista, quien había rechazado cualquier excepción constitucional en la macrozona sur, manifestó ayer en radio Cooperativa que "no sería honesto si dijera que estoy contento, porque nosotros teníamos la idea de que este Gobierno iba a poder generar un proceso de diálogo político con el pueblo mapuche, pero dentro de las opciones que había era algo razonable".

Natalia Piergentili, presidenta del PPD, comentó que "teníamos otra preferencia de curso de acción, que tenía que ver con el proyecto de estado intermedio, pero finalmente nuestra posición tiene que ver con respaldar la decisión del Presidente".

Luz Poblete, líder de Evópoli, cuestionó que "ideologizar un problema real y concreto tratando de relativizar lo que ocurre y no utilizar las herramientas es lo que me parece peligroso, porque en el intertanto hay una negligencia del Estado, porque teniendo las herramientas a la mano, se tarda en tomarlas en cuenta".

Y el ex ministro del Interior Rodrigo Delgado acusó que "este 'estado de excepción acotado' es como comprarse una camisa XS, cuando se necesita una XL. El terrorismo no es 'acotado', la quema de casas no son 'acotadas', los delincuentes no actúan de manera 'acotada'. Este estado reducido a las rutas me parece insuficiente".