Debido ala permanente sensación de inseguridad en el sector centro, los comerciantes del lugar iniciaron un proceso para dotar al casco central de guardias privados de forma permanente y que apoye sus esfuerzos de proteger locales y tiendas de la delincuencia.

La información fue confirmada por la presidenta del Barrio Comercial Latorre, Mónica Palacios, quien explicó que "se trata de una medida que busca esencialmente proteger a nuestro sector de los constantes robos, las mafias instaladas en el sector y sobre todo el hecho de que pese a ser desalojados en controles y fiscalizaciones, regresan nuevamente para seguir en lo mismo. El comercio informal y ambulante está generando serios daños a quienes sí pagamos impuestos, permisos, pero que no cuentan con resguardo necesario para sus actividades".

Palacios dijo además que "ya estamos buscando financiamiento para ello. Se requieren al menos unos 200 locatarios y comerciantes establecidos para la contratación de este servicio que esperamos sea diurno y nocturno, porque no sólo hay actividad ilícita durante el día, hay también hechos -robos y saqueos a locales- durante la noche y para eso estamos trabajando".

"Lamentablemente y pese a los operativos de control y desalojo del comercio ilegal, este regresa una vez que las policías y las autoridades fiscalizadoras efectúan estas acciones. Una y otra vez regresan, tomándose las calles, generando problemas en el desplazamiento de los transeúntes, sin pago de impuestos y más aún teniendo una ley que posibilita a los equipos de fiscalizadores a tomar medidas más duras, esta situación se sigue manteniendo, generando inseguridad, y también mermas a quienes sí cumplimos con el pago de impuestos y permisos", dijo la dirigenta del Barrio Comercial Latorre, sobre esta medida a implementar.

Una denuncia por usurpación e incendio efectuaron particulares en la Fiscalía tras el intento de una toma de terrenos en el sector del acceso sur de Calama, a un costado de parcelas y de una conocida empresa de transporte minero.

La mañana de ayer un grupo de comuneros atacameños llegó hasta el lugar donde a través de reivindicaciones de propiedad ancestral reclamaban el terreno, y por lo cual los dueños se alertaron de la situación y tras lo cual efectuaron la denuncia al Ministerio Público de la ciudad.

La situación estuvo marcada por la tensión que provocó este hecho, más cuando se negaban a retirarse de forma pacífica del terreno, y que incluyó la mediación de propietarios y también de las autoridades de la Delegación Presidencial de El Loa, para que los comuneros hicieran abandono del recinto particular.

El terreno en cuestión es propiedad de particulares y empresas, incluso cerca del lugar se encuentra el Parque Explora, y que pertenece a una empresa minera que ahí cultiva una serie de especies nativas y que a través de la Corporación Nacional Forestal, se dedican a la producción de árboles y vegetación a través de un convenio de cooperación.

A través de redes sociales que ocuparon los propios comuneros y quienes pasaban por el sector se pudo apreciar el intento de mediación para el retiro de las personas, y también un ambiente hostil y que hacía énfasis en que la propiedad del terreno les pertenecía por derechos ancestrales y por lo cual habían determinado tomarse el sector donde incluso se habían levantado algunas carpas.

Desde la Delegación Presidencial de El Loa informaron que la situación y el intento de toma fue denunciado por los propietarios de los terrenos ante la Fiscalía. Esto tras constatar la usurpación y también algunos focos de fuego que se produjeron en medio de los reclamos y demandas de las personas que llegaron al lugar para instalarse de forma indefinida.

Pese a los problemas generados por esta situación, no se informó de personas detenidas ni tampoco de situaciones que pasaran a mayor producto de este intento de toma.

Se espera que los propietarios del terreno refuercen las medidas de acceso al sector, el que es visitado principalmente por ciclistas que ocupan el lugar para pasar río abajo durante todos los días.

Pablo Orellana G.

Partió el juicio oral por el femicidio de la joven madre Lucía Chicchi, ocurrido en octubre del año 2020, proceso en el cual se busca la condena de la expareja de la víctima, quien la asesinó y ocultó su cuerpo por varios días previo a que fuera descubierto por Carabineros, en un sitio cercano al aeródromo El Loa.

Este proceso comenzó con los alegatos de la abogada del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), y de la Fiscalía local, querellantes en este caso que piden cadena perpetua para el único imputado en este femicidio registrado en el año 2020, y que tras una serie de indagatorias por parte del OS9 de Carabineros, permitió dar con el autor del femicidio y también esclarecer la desaparición de Lucía Chicchi.

Según las pruebas periciales, Lucía, quien al momento de los hechos tenía 37 años de edad, murió producto de heridas cortopunzantes en la zona torácica, posterior a lo cual su cuerpo fue encontrado en un vertedero clandestino llamado Limón Verde de la nortina ciudad. Días antes del hallazgo, el imputado había presentado una denuncia por presunta desgracia. Ambos provenían de Bolivia, mantenían una relación sentimental de 14 años y tenían un hijo y una hija.

Desaparición

Previo al hallazgo de su cadáver, se había efectuado una extensa búsqueda de la joven, la que llevaba días desaparecida tras ir a ver un terreno en el sector de Ojo de Opache. Por varios días sus familiares y el propio victimario habían iniciado una campaña que buscaba dar con el paradero de la madre de dos hijos.

Sobre este caso, la director regional (s) del SernamEG, Juan Luis Godoy explicó que "como servicio nos hicimos parte de este caso en representación de la hermana de la víctima, con cuyo asentimiento presentamos una querella por femicidio consumando en 2020, a fin de argumentar en todo este proceso, pero muy en especial durante el juicio oral, que para la comisión de este crimen hubo alevosía y abuso de la fuerza superior por parte de él, entre otros motivos".

En tanto Froilán Chicchi, hermano de la víctima comentó acerca de este proceso que "es una instancia que estábamos esperando desde el día en que nuestra hermana fue encontrada. Con mucho dolor puedo decir que nada reparará su pérdida, ni el hecho de que mis sobrinos puedan disfrutar y crecer junto a su mamá. Y este proceso viene, y así queremos, a dar justicia una sanción ejemplificadora contra el autor de la muerte de mi hermana".

Tras una serie de peritajes y la intervención de líneas telefónicas, efectivos del OS9 de Carabineros lograron escuchar una conversación de la expareja de Chicchi Leandro, y en la cual obtuvieron su ubicación y con ello comenzar a dilucidar la relación de hechos que terminaron con el hallazgo del cuerpo de la joven en un botadero ubicado en las inmediaciones del aeródromo El Loa en octubre del 2020.