Cristián Venegas M.

A cuatro meses que el anterior gobierno adjudicara los contratos especiales de operación del litio a una empresa china y otra nacional, las que en conjunto explotarían 80 mil toneladas anuales; el Ministerio de Minería anunció que acatará el fallo de la Corte Suprema que acogió los recursos de protección de las comunidades atacameñas de Camar y Coyo dejando sin efecto la licitación.

Así lo comunicó ayer la ministra de Minería, Marcela Hernando, quien adelantó que lo que harán de aquí en adelante "es acatar el fallo y ejecutar aquellas tareas administrativas que en derecho corresponden. Ya habíamos advertido que la licitación estaba mal hecha. Sin embargo, al estar judicializado el proceso decidimos esperar a ver qué dictaban los tribunales competentes. La Corte Suprema ya falló a favor de las comunidades originarias y esto marca un precedente".

En la misma línea, el subsecretario Willy Kracht, explicó que lo que le corresponde al ministerio "es seguir todas las tareas administrativas para cumplir con lo que eso implica, lo que tiene que ver con devolver las garantías a las empresas adjudicadas, dejar sin efecto la resolución N°1 de 2021 que llamó a licitación y terminar los procedimientos iniciados por los recursos de reposición presentados contra la decisión adoptada por el Comité Especial de Licitación".

Serán coherentes

Respecto a la resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que destaca que la falta de una ubicación específica para el desarrollo del proyecto de explotación de litio en las bases de licitación impidieron una consulta indígena; desde el ministerio expresaron que estos argumentos del fallo "trasmiten la tremenda importancia que tiene el diálogo con los pueblos originarios y los territorios, que es algo que está contemplado y que forma parte del diseño en el que se va a trabajar en adelante para la creación de capacidad estatal de producción de litio".

En la misma línea, el encargado de litio y salares de la cartera, Gonzalo Gutiérrez, aseguró que "este fallo es coherente con la iniciativa de la Empresa Nacional del Litio. Esto como ministerio lo habíamos expresado antes y se estaba a la espera de la situación judicial, así que esto permite continuar con la política que ha planteado el Presidente Gabriel Boric al respecto".

Las autoridades sostuvieron, además, que con la caída de la licitación del litio el Estado puede generar alianzas público-privadas sin ningún tipo de restricción, entre las distintas compañías que han manifestado interés en la exploración y extracción del litio.

Era "una amenaza"

Desde la comunidad atacameña de Coyo, que presentó un recurso de protección al igual que Camar, comunicaron que el fallo "ha restablecido el imperio del derecho y trae justicia a los pueblos atacameños", y que "una licitación que no determinaba el área bajo la cual se iban a ejecutar las exploraciones en búsqueda del litio, es decir, en principio podían realizarse dichas acciones exploratorias en cualquier lugar del territorio nacional; constituía una amenaza insoslayable para el ejercicio efectivo de los derechos que se consagran para nuestra comunidad en el Convenio 169 de la OIT ratificada por el Estado de Chile".

Conocido el fallo y la determinación del ministerio de acatarlo, desde la comunidad atacameña de Coyo, que preside Lady Sandón, expresaron que "el desarrollo económico no puede realizarse a costa de los pueblos ni sin el reconocimiento, dialogo y respeto de los derechos de estos, tal como hemos propiciado siempre desde nuestra milenaria cultura atacameña, estando dispuestos, ayer, hoy y mañana a que desde ese camino es posible construir acuerdos de futuro, beneficiosos para todas y todos".

450 mil toneladas anuales esperaba aumentar la producción de litio al 2030 la Política Nacional Minera 2050.

400 mil toneladas de litio metálico comercializable buscaba licitar el gobierno anterior con los nuevos contratos.

El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), como parte de su cuenta pública de 2021, informó que 21 de los proyectos que califica a nivel nacional son considerados "complejos", y entre estas iniciativas, distribuidas entre las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Región Metropolitana, Biobío, Ñuble, Los Ríos y la Dirección Ejecutiva (proyectos interregionales); figura el proyecto Continuidad de Minera Zaldívar de Antofagasta Minerals (AMSA).

Al respecto, el Servicio explicó que durante el último año consolidó un mecanismo de apoyo a las Direcciones Regionales (DR) del SEA, por su carga de trabajo, y es así que el Departamento de Soporte a la Evaluación de Proyectos Complejos (DPC) ha prestado soporte y apoyo a los diferentes proyectos clasificados con esa categoría dada sus características ambientales, territoriales, sociales y/o económicas, estarán afectos a enfrentar escenarios complejos de evaluación y que adicionalmente, presenten una importancia decisiva de interés regional o nacional, entre los que figura Zaldívar.

4 mil empleos

Desde AMSA expresaron que "dentro de la definición que el SEA hace sobre los proyectos complejos, se encuentran aquellos que representen una importancia decisiva de interés regional o nacional. En ese sentido, el proyecto de Minera Zaldívar calza con esta descripción si se considera que de su aprobación o rechazo depende la continuidad o cierre de la Compañía, y con ello la fuente laboral de más de cuatro mil personas de la región, así como también que la empresa pueda seguir realizando su contribución a la economía y desarrollo de la región de Antofagasta".

Zaldívar se encuentra tramitando una autorización para extender sus actuales permisos de extracción de agua por cuatro años, es decir, entre 2025 y 2029. Si el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que presentó es rechazado, la minera de AMSA tendría que dejar de producir y eventualmente adelantar el plan de cierre de la operación cuprífera.

2025 500 litros de agua por segundo alcanzan los actuales permisos de extracción que posee la minera.

212,75 litros de agua por segundo alcanzan los permisos de extracción de agua que ha solicitado la compañía.

Once vecinos del sector Calama Poniente finalizaron el Programa de Formación de Operadores de Servicios Sanitarios, certificando conocimientos en gasfitería. La iniciativa fue impulsada por el Servicio Sanitario Rural Vegas de Sailao, junto a Minera Centinela, en coordinación con la Dirección de Obras Hidráulicas de Antofagasta y ejecutada con el apoyo de Inacap, recinto educacional donde se realizaron las clases teóricas y prácticas.

El curso de operadores sanitarios tuvo tres ejes: electrofusión, gasfitería y termofusión, donde académicos aportaron sus conocimientos a los 11 vecinos inscritos, quienes ahora cuentan con más herramientas para entrar o volver a insertarse al mundo laboral.

Durante 154 horas totales y presenciales, los beneficiarios aprendieron mediante la metodología aprender haciendo, es decir, clases teóricas desde lo más general a lo específico y clases prácticas, considerando talleres aplicativos donde el facilitador ejecuta la técnica para que sea repetida posteriormente por los alumnos.

Adelina Alfaro, presidenta del comité Vegas de Sailao, dijo que con las nuevas habilidades los vecinos "podrán desarrollarse mejor en el ámbito laboral y si no trabajan con nosotros en el Comité de Agua Potable Rural, ya tienen un arma más para desarrollarse".