Agencias

El Tribunal Supremo (Corte Suprema) de EE.UU. amplió el derecho a portar armas al avalar que se pueden llevar en público, una decisión histórica que llega tras los recientes tiroteos masivos que reabrieron el debate sobre la Segunda Enmienda de la Constitución.

En el primer caso de calado sobre armas que examina en 13 años, el alto tribunal, de mayoría conservadora, falló en contra de una ley centenaria del estado de Nueva York que obliga a llevar el armamento oculto por la calle.

La decisión, que puede tener implicaciones en otros estados con leyes similares, llega mientras demócratas ultiman un acuerdo de mínimos con republicanos para regular el control de armas en el país.

"Esta sentencia contradice tanto el sentido común como la Constitución y debería molestarnos a todos profundamente", criticó el presidente Joe Biden en un comunicado.

El caso nace de una demanda interpuesta por dos particulares, Robert Nash y Brandon Koch, y la Asociación de Rifles y Pistolas del Estado de Nueva York, una filial de la Asociación Nacional del Rifle.

La acusación demandó al estado de Nueva York por prohibir portar armas de fuego en público, pese a que permite a sus residentes llevarlas ocultas en la calle con autorización especial si alegan una necesidad específica de autodefensa.

Una vez más, se impuso el criterio de los seis jueces conservadores del tribunal -tres de ellos nominados por el expresidente Donald Trump, frente al de los tres progresistas.

Derecho de segunda clase

El magistrado que redactó el fallo, el conservador Clarence Thomas, argumentó que el derecho a portar armas en público para la autodefensa "no es derecho de segunda clase".

En ese sentido, consideró que si para ejercer la libertad de expresión no se requiere demostrar a las autoridades "necesidades especiales", tampoco se necesita hacerlo para llevar armas en público.

En una opinión de disenso, el juez progresista Stephen Breyer, recurrió a los recientes tiroteos, como la masacre en el colegio de Uvalde, para advertir de los peligros de expandir los derechos de posesión de armas de fuego; y criticó que sus colegas conservadores no tengan en cuenta "posibles consecuencias letales de su decisión".

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, consideró "indignante" e "imprudente" el fallo, que además puede tener implicaciones en otros siete estados con leyes similares: California, Delaware, Hawái, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island.

Por su parte, el fiscal general de Maryland, Brian Frosh, lamentó que "el fallo comportará más muertes y más dolor en un país ya inundado por la violencia de las armas".

Ayer por la tarde, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, junta a la futura vicepresidenta, Francia Márquez, recibieron del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría la acreditación formal para los cargos que asumirán en ese país, como estipula su legislación.

Más tarde, el mandatario electo llegó hasta la Casa de Nariño, residencia presidencial, para conversar con el actual gobernante, Iván Duque.

Justo en la previa de la cita hubo una polémica, ya que Petro anunció que "todo avión que se compre para instituciones públicas en estas semanas, se vuelve a vender", y pidió a Duque que suspenda las adquisiciones.

En Noticias Caracol, el presidente afirmó que las compras están sustentadas en mejoras tecnológicas: "Hay equipos que se han ido reemplazando, es un proceso regular que ha tenido Colombia. Acá no hay gastos que no tengan una sustentación presupuestal. Es importante que se haga una revisión cuando empiece el empalme en el equipo de Defensa".

Desde el diario El Tiempo indicaron que en la reunión entre ambos finalmente se discutieron "temas de Estado y el proceso de empalme que debe comenzar" hoy con el traspaso de información entre los ministerios salientes y entrantes.

Además, consignaron que fue una reunión constructiva y cordial, donde no se adentraron en temas conflictivos.

Más tarde, Duque publicó en sus redes sociales que fue "un encuentro en el que conversamos sobre el inicio del proceso de empalme que realizaremos de manera armónica, institucional y transparente".

Antes, al recibir credenciales, Petro insistió en la idea de un "gran acuerdo nacional", incluidos Rodolfo Hernández, su derrotado rival, y el expresidente Álvaro Uribe. "Queremos en realidad que millones de colombianos se pongan en modo diálogo, pero que sea vinculante, no solamente para hablar, sino para tomar decisiones (...) para llegar a acuerdos", dijo. "Comienza la era del cambio en Colombia", concluyó Petro, que asumirá el poder el próximo 7 de agosto.

El centro de Quito volvió a convertirse ayer en el escenario de intensos enfrentamientos entre la Policía de Ecuador y los manifestantes que por undécima jornada consecutiva, participan en las protestas contra el alto costo de la vida y las políticas económicas del Gobierno del presidente Guillermo Lasso.

Esta vez los disturbios se centraron en el parque El Arbolito, que ya fue el epicentro de la ola de protestas de octubre de 2019.

Los incidentes comenzaron después de que el Gobierno permitiese al movimiento indígena acceder a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aledaña al parque El Arbolito para constituir una asamblea popular y tomada desde el domingo por la Policía para evitar que llegasen allí el colectivo indígena y se repitiesen las escenas de 2019.

Además, en la provincia de Tungurahua, cerca de 300 manifestantes entraron a la subestación eléctrica Tisaleo, pero no se registraron interrupciones eléctricas.

Por otro lado, la ministra de Salud, Ximena Garzón indicó que "tenemos 387 establecimientos de salud afectados. Hemos tenido varios incidentes con las ambulancias. Pedimos que se respete el acceso a la salud", dijo la ministra.

Detalló que, entre las afectaciones, cuentan establecimientos "que han sido cerrados, que han amenazado al personal, que no les dejan pasar al personal hasta el centro de salud. No hemos tenido mayores incidentes de infraestructura, pero sobre todo en la capacidad de que el personal de salud acceda a sus lugares de trabajo".

En tanto, los dieciocho policías de Ecuador cuya desaparición fue denunciada este miércoles por el ministro del Interior, Patricio Carrillo, fueron hallados horas más tarde y se encuentran en buen estado, incluidos dos los que fueron retenidos por comunidades indígenas y luego liberados.

Las revueltas han dejado tres personas fallecidas.

Varios exresponsables del Departamento de Justicia de EE.UU. denunciaron ayer las maniobras del expresidente Donald Trump para revocar el resultado de las elecciones de 2020, en las que perdió frente a Joe Biden, ante el comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

La quinta audiencia pública de esta comisión se centró en las presiones de Trump sobre la cartera de Justicia, después de haberse ocupado en sesiones anteriores en cómo el exmandatario intentó influenciar a funcionarios estatales, a su propio vicepresidente, Mike Pence, y al exfiscal general William Barr.

Frente al comité testificaron el sustituto inmediato de Barr en el cargo, Jeffrey Rosen; el exvicefiscal general interino, Richard Donoghue, y el exasistente del fiscal, general Steven Engel.

Según Donoghue, durante la transición presidencial, periodo que transcurrió entre la victoria de Biden en noviembre de 2020 y su investidura en enero de 2021, Trump le dijo a él y a otro funcionario de Justicia que se limitaran a "decir que los comicios habían sido corruptos. Y déjenme el resto a mí y a los congresistas republicanos". El entonces presidente se había negado a reconocer el resultado de la votación al denunciar, sin pruebas, que los demócratas habían cometido fraude electoral.