La plataforma de streaming Netflix y las firmas de bienes raíces Redfin y Compass, junto a la empresa de vehículos eléctricos Tesla, son algunas de las compañías estadounidenses que anunciaron despidos este mes, mientras que tecnológicas como Uber, Meta y Microsoft están reduciendo su contratación a medida que aumenta la inflación y el temor a una recesión.

En mayo, se anunciaron más de 15.000 despidos en empresas tecnológicas, según The Washington Post, a los que se suman los 200 empleados finiquitados de la empresa del multimillonario Elon Musk, que este miércoles dio a conocer la prensa estadounidense.

Asimismo, en mayo la economía de Estados Unidos sumó 390.000 nuevos puestos de trabajo, bajando ligeramente de los más de 400.000 nuevos empleos que se venían creando cada mes durante el último año.

Según los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) anunciados ayer, la semana pasada la cifra de solicitudes del subsidio por desempleo en Estados Unidos bajó a 231.000, 2.000 menos que la semana anterior, con lo que la tasa de desempleo continúa en el 3,6 %.

Después de un auge de una década, la mayoría de las nuevas empresas relacionadas con la tecnología que salieron a bolsa en los últimos dos años ahora ven que sus acciones tienden al rojo.

Seguidilla de despidos

La semana pasada, Netflix despidió a 300 empleados, en su mayoría de EE.UU. y Canadá, para ajustar sus cuentas tras la pérdida de suscriptores que viene acusando desde comienzos de este año.

Por su parte, PayPal, la empresa de procesamiento de pagos, despidió a decenas de empleados en varias de sus oficinas, y la plataforma de comercio de criptomonedas Coinbase anunció este mes que despedirá a unas 1.100 personas.

Además, Office y parte de Windows, pidió a los miembros del personal de su grupo a finales de mayo que sean más cautelosos cuando se trata de abrir nuevos puestos, tendencia que se repitió en la matriz de Facebook, Meta, que está desacelerando el ritmo de contratación debido a ingresos más débiles.

El Gobierno de Ecuador y el movimiento indígena firmaron ayer un acta que puso fin a las protestas por el alza en el costo de la vida, en la que se recoge un acuerdo donde el Ejecutivo acoge parcialmente las demandas que motivaron una movilización que duró 18 días.

El acuerdo se logró gracias a la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que mantuvo conversaciones con ambas partes hasta alcanzar concesiones por parte del Gobierno, aceptadas por el movimiento indígena para anunciar el cese de las manifestaciones.

Eso sí, la firma del acuerdo peligró a ratos cuando parte de los miembros del movimiento indígena se mostraron en desacuerdo con los puntos aceptados por sus dirigentes, lo que hizo suspender el acto por cerca de una hora hasta que finalmente hubo consenso y se pasó a la suscripción del documento.

Detalles del acuerdo

El punto más polémico entre los indígenas era la rebaja en 15 centavos de dólar de los combustibles subsidiados, pues su demanda original era de 40 centavos.

A ello se añadió el compromiso del Gobierno de derogar un decreto que promovía la actividad petrolera en la Amazonía y de frenar las concesiones mineras en áreas naturales protegidas, zonas intangibles, áreas de recarga hídrica y territorios ancestrales de pueblos indígenas.

El Gobierno también había aprobado en días anteriores condonar a familias campesinas deudas vencidas de hasta 3.000 dólares, reducir los intereses de los créditos vigentes, subsidiar hasta en 50% el costo de la urea (abono), aumentar de 50 a 55 dólares un bono para familias en vulnerabilidad, duplicar el presupuesto de la educación intercultural y declarar en emergencia el sistema de salud.

De igual manera, el resto de los diez puntos del pliego de demandas del movimiento serán tratados en mesas de trabajo, como la condonación de deudas de hasta 10.000 dólares, el control de precios de productos de primera necesidad y la no privatización de empresas estatales.

A cambio del cese de las protestas, el Gobierno se comprometió a derogar el nuevo estado de excepción decretado el miércoles en cuatro provincias del país donde se concentraban varios episodios de violencia y desabastecimiento de combustible y oxígeno medicinal.

El acta fue suscrita en representación del Ejecutivo por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y por parte del movimiento indígena por Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Iza admitió que el acta no incluye todas las demandas, pero destacó que tiene "importantes logros". "Basta de llamarnos terroristas", añadió y avisó que volverán a convocar movilizaciones si no ven cumplido el acuerdo en 90 días.

Efe/Redacción

El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló ayer limitar la autoridad de la gubernamental Agencia de Protección Ambiental (EPA) para regular las emisiones de gases contaminantes emitidos por las centrales eléctricas.

En una sentencia redactada por el presidente del tribunal, John Roberts, y apoyada por los otros cinco jueces conservadores, la mayor instancia judicial del país consideró que la ley de Aire Limpio no ofrece a la EPA amplia autoridad para regular las emisiones de plantas ya construidas.

El polémico fallo no critica los límites a las emisiones de dióxido de carbono, que considera "una solución sensata a la crisis de nuestro tiempo" -citando una sentencia anterior-, pero niega que la Agencia de Protección Ambiental tenga la potestad de regularlos según la ley de Aire Limpio, que se redactó hace décadas.

Para algunos medios estadounidenses el fallo es una muestra de la tendencia de la mayoría conservadora de este tribunal de limitar la autoridad de las agencias federales en favor de una mayor acción legislativa y ocurre a menos de una semana de que la Corte decidiera revocar el derecho constitucional al aborto después de casi 50 años vigente en el país.

Biden

Aludiendo a esa decisión, el presidente Joe Biden, consideró que el fallo del tribunal Supremo es "otra devastadora decisión" de esta institución que significa otro "paso atrás" para el país.

En un comunicado, Biden señaló que el fallo pone en riesgo la habilidad del país de mantener un aire limpio y luchar contra el cambio climático, y n advirtió que no piensa ceder en el uso de su autoridad legal para proteger la salud pública y afrontar la crisis climática.

Asimismo, el mandatario anunció que le pidió a su equipo legal a trabajar con el Departamento de Justicia para revisar el fallo con cuidado y encontrar maneras de, bajo la legislación federal, seguir protegiendo a los ciudadanos ante la polución y la crisis climática.

"No podemos y no ignoraremos el daño que puede hacer a la salud la crisis climática", dijo Biden, quien también prometió trabajar con los estados y las ciudades para aprobar regulaciones que protejan a los ciudadanos, así como presionar al Congreso para que actúe al respecto.

Por su parte, el vocero del secretario general de la ONU calificó de "revés" para la lucha contra el cambio climático la decisión del Tribunal Supremo.

"No es el papel de la ONU proporcionar comentarios legales sobre las decisiones judiciales de los Estados miembros. Pero, de manera más general, podemos decir que esto supone un revés en nuestra lucha contra el cambio climático, cuando ya estamos muy lejos de cumplir los objetivos del Acuerdo de París", dijo el portavoz.