Correo
Colegios y 40 horas
Reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, proyecto que el Gobierno declaró apoyar, será especialmente complejo de implementar en los colegios estatales y particulares subvencionados (90% de ellos gratuitos), ya que, en primer lugar, el currículum escolar establecido por el Mineduc exige una cierta cantidad de horas por curso, cumplidas con la actual planta de profesores trabajando 44 horas a la semana.
Al disminuir la jornada en 4 horas habrá que contratar nuevos docentes, lo que generará un problema financiero de envergadura al Estado, que deberá hacerse cargo de este incremento de gastos y, algo no menos importante, ajustar el presupuesto nacional para absorber tales costos.
En orden económico, si pensamos que en 2021 había 124.006 docentes trabajando en ambos sectores contratados por 44 horas, tendría que contratarse un 9% de nuevos profesores; es decir, 11.106 docentes adicionales. Si estimamos un sueldo bruto promedio de $1,8 millones mensuales por cada uno, y considerando el dólar a $850, significaría un gasto anual aproximado de US$235 millones para el aparato público.
Una situación similar sucede con otros profesionales y asistentes de la educación que trabajan en los colegios. En este último segmento tendrían que contratarse a 11.267 asistentes adicionales, con un costo anual estimado de US$159 millones.
A lo anterior habría que adicionar el déficit actual de docentes, lo que suma un problema operacional no menor. Luego, la pregunta es: además del "sello 40 horas", ¿tendrá el Estado la espalda suficiente para hacer frente, como le corresponde ante esta situación, sin perjudicar a los estudiantes y la calidad de la educación que reciben?
Hernán Saldaña Secretario general Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados
Censura y tolerancia
Recientemente, dos expresiones artísticas disponibles para el público sufrieron similar destino: ambas fueron censuradas. La primera, en Viña del Mar, relativa al estallido social, tuvo que ser clausurada por amenazas; y la segunda, en Valparaíso, correspondiente a una estatua del almirante Merino, tuvo que ser removida por una sentencia judicial.
En democracia parece poco aceptable que bajo argumentos morales o emocionales se censuren ciertas expresiones artísticas, más aún cuando el arte en sí mismo muchas veces es controversial y provocador.
Una sociedad que comienza a aplicar censura a la libertad de expresarse de forma civilizada es síntoma de la intolerancia y del autoritarismo cultural que se va imponiendo. Es normal que personas y grupos tengamos visiones diversas sobre los hechos y contextos en que se generan los acontecimientos en la sociedad, pero es esencial para lograr una convivencia pacífica, que cultivemos la capacidad de aceptarnos con un mayor grado de tolerancia cívica individual y colectiva.
Mauricio Moltedo M.
Proceso constitucional
Como pienso y creo que ganará el Rechazo, espero que continuemos con la Constitución firmada por el Presidente Lagos, a lo mejor con algunas modificaciones, y no se les ocurra otro despilfarro de dinero llamando a otra convención para elaborar una nueva Carta Magna. Pero si así fuera, que se llame a abogados constitucionalistas de todos los colores políticos para su redacción.
Mario Oneto Godoy
Fallo judicial y aborto
Respecto a la carta de Francisca Millán, socia abogada de AML Defensa de Mujeres, publicada en este medio el 1 de julio, la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. que anuló Roe vs. Wade (1973) y Planned Parenthood v. Casey (1992) es correcta, tanto del punto de vista legal como moral. El juez Samuel Alito escribió en la opinión mayoritaria del Caso Dobbs (2022) que dicho "derecho" nunca estuvo protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional, incluida aquella en la que se basan principalmente los defensores de Roe y Casey: la cláusula del debido proceso de la decimocuarta enmienda. Por ello, siempre fue una falsedad y una aberración legal sostener el argumento de su carta, si es que siquiera puede ser considerado como argumento la vergonzosa farsa de Roe.
Aunque la noticia sea positiva y un avance en el valor y el carácter inviolable de la vida humana, no oculta la perversidad y la maldad intrínseca de que un crimen absoluto como el aborto, es decir, la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, haya podido legalizarse por quienes -curiosamente- ya han nacido.
Carlos P. González