Redacción

Entre las dimisiones anunciadas del presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, y del primer ministro, Ranil Wickremesinghe, además de las de varios ministros tras las masivas protestas del sábado en Colombo por la crisis económica, la oposición busca una solución política a la formación de un nuevo Gobierno. Del lado de los manifestantes, cientos de ellos se niegan a abandonar el palacio presidencial mientras las renuncias no se hagan efectivas.

"Nuestra lucha no ha concluido", dijo a la prensa el líder estudiantil Lahiru Weerasekara. "No abandonaremos hasta que se vaya de verdad", añadió.

Aunque la dimisión de Rajapaksa está prevista para este miércoles, según informó el presidente del Parlamento, Mahinda Yapa Abeywardena, ambos continúan oficialmente a las riendas de la nación isleña y por ahora reina la incertidumbre.

Ayer renunciaron otros tres ministros: el de Promoción de las Inversiones, el de Transportes y el de Agricultura.

Mientras, partidos políticos tanto de la oposición como del Gobierno sostuvieron reuniones para tratar de encontrar una solución a la crisis política.

La comunidad internacional, desde la Unión Europea hasta Estados Unidos, ha insistido en la necesidad de una transición sin violencia para evitar que el país descienda en el caos en plena crisis económica.

Ayer se sumó la vecina India, que ha dado varios préstamos millonarios al país para paliar la falta de combustibles.

La tensión y el descontento aumentaron en la isla a finales de marzo, cuando las autoridades impusieron cortes de luz de más de 13 horas, lo que llevó a la población a salir a las calles para pedir la dimisión del Ejecutivo.

El paradero de Rajapaksa, acusado desde hace meses por los manifestantes de gestionar mal la crisis, es desconocido.

Ayer, en su residencia oficial, multitudes hacían filas para entrar y acostarse en la cama presidencial, bañarse en la piscina, probarse la ropa del mandatario o simplemente echar un vistazo.

Afuera, las calles de Colombo por las que el sábado protestaron decenas de miles, con un saldo de 103 heridos, ayer estaban vacías.

Hoy se cumple un año desde el estallido del 11-J en Cuba, cuando se llevaron acabo las mayores protestas contra el Gobierno en décadas, sin soluciones para el grueso de las causas que lo provocaron, del desabastecimiento a la inflación y los apagones, argumentaron a agencia Efe expertos y activistas.

A 35 kilómetros de La Habana, capital de Cuba, se registraba hace exactamente 12 meses una protesta espontánea en la localidad de San Antonio de los Baños, que se transformarían en unas movilizaciones sin precedentes y se extendieron rápidamente en todo el país, motivadas por el descontento social.

Azuzadas por las transmisiones en vivo en Facebook, las marchas lograron articularse en cerca de 50 puntos de la isla, con epicentro en la capital.

La mayoría protestaba por la escasez de alimentos y medicinas, la alta inflación, la dolarización parcial de la economía y los constantes cortes de luz, síntomas de una dura crisis fruto de los errores de gestión, las sanciones de EE.UU. y la pandemia.

No obstante, también se exigía más libertades y la instauración en Cuba de una democracia liberal, frente al sistema socialista de la isla. La canción "Patria y vida", crítica con el Gobierno, se convirtió en himno de las protestas.

Aunque la mayoría de las marchas fueron pacíficas, algunos enfrentamientos con la policía sirvieron para que el Gobierno, que las consideró orquestadas desde el exterior, las tildara además como violentas y contrarrevolucionarias. "Un golpe de Estado vandálico", las calificó el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el viernes pasado.

Detenciones y penas

A las protestas siguieron las detenciones masivas de opositores históricos y ciudadanos anónimos, algunos menores de edad.

Mientras las ONG Cubalex y Justicia 11J han documentado 1.484 arrestos, la Fiscalía General de la República dijo que en enero 790 personas habían sido procesadas por estos hechos, de las que 55 tenían en esa fecha entre 16 y 17 años. La edad mínima penal en Cuba son los 16.

Los tribunales han emitido 76 sentencias a firme contra 381 personas. El 78% de los sancionados (297) obtuvo penas de prisión, algunas de hasta 25 años.

Asimismo, Human Rights Watch (HRW) y ONG locales han reportado un repunte de la represión contra activistas, disidentes y periodistas independientes. Activistas y ONG hablan además de presos políticos y de conciencia, fabricación de pruebas e incumplimiento del debido proceso, algo que el Poder Judicial cubano niega.

El Gobierno cubano no quiso referirse al 11-J.