Dentro del Plan Nacional de Seguridad entregado por el Ejecutivo uno de los puntos que destaca es el de la recuperación de los espacios públicos para los vecinos. Se pone especial acento en este tema porque es evidente que sectores que antes servían para disfrutar en familia hoy son ocupados por personas en situación de calle o han sido tomado por la delincuencia.

La semana pasada nos enterábamos de casos como el ataque a mano armada que sufría un ciudadano extranjero en un céntrico paseo de Calama y el regreso de personas a habitar en el Skatepark de Antofagasta, lugar que había sido escenario de la agresión a un deportista hace algunos meses.

En ambos casos se dejaba al descubierto que hay espacios otrora de reunión, esparcimiento práctica deportiva que hoy se han tornado peligrosos, los pobladores se alejan y quedan en manos de quienes lo utilizan con otros fines. Lo malo es que los casos se repiten en cada una de las comunas y se comprueba con un simple recorrido por sus plazas, parques y paseos.

Esa situación va en directo detrimento de la calidad de vida de los habitantes. En el norte y, especialmente, en nuestra región son pocos este tipo de lugares para el disfrute familiar y si están tomados para otros objetivos se hace mucho más complejo vivir en esta zona. Por ello el anuncio de Gobierno apunta en el sentido correcto y tiene que hacerse de una manera eficiente.

Lo primero en combatir es la delincuencia y si hay espacios utilizados para la venta y consumo de drogas, se debe actuar con apego a la ley, limpiando de malos elementos para entregarlo al buen uso ciudadano. Lo mismo que los sitios tomados por personas en situación de calle requerirán de un trabajo más exhaustivo y de largo aliento al igual que con el comercio informal.

Ambos tienen la característica que no solo basta con desalojar y limpiar, porque el fenómeno se repite y los desalojados no tardan mucho en volver. Allí es necesario una labor más especializada y que aborde todas las aristas de estos casos.

Son difíciles de resolver pero claramente que tienen soluciones. Allí se necesita de la participación de otros organismos de gobierno y de los municipios para lograr el fin perseguido.

Si hay un lineamiento desde el Gobierno se puede pensar que lo prometido se logrará y con ello no sólo se recuperarán espacios y mejorará la calidad de vida en las comunas.

El profesor de la Universidad de Chile, Fernando Muñoz, ha indicado que el mayor desafío en la redacción constitucional pareciera consistir en dar directrices claras sobre los fines perseguidos por la comunidad política (nuestros representantes y nosotros) y así diseñar las instituciones de tal manera que hagan plausible la realización de los objetivos explicitados por todos (un país más justo, sostenible y con mayor implicación en lo social). Todo aquello requiere no solo creatividad sino también realismo en la evaluación de las alternativas disponibles a nivel de diseño institucional. Hoy, con la versión final del texto divulgado, con la vorágine de miles de voces dando su análisis, nos encontramos en el corazón de ese debate. ¿Es realmente factible aplicar todo lo nuevamente dispuesto? ¿Se pueden cambiar/rectificar los axiomas de una institucionalidad, de la praxis política y ciudadana, sin modificar todo en su integralidad?

Como lo ha señalado el profesor, lo que está en juego al activar la potestad constituyente no es (para nada) la solución repentina y definitiva a las causas estructurales que subyacen y explicarían al estallido social. Lo que ofrece, automáticamente, un proceso constituyente; que gane el "Apruebo" o "Rechazo"; es algo más "modesto" pero no por ello menos importante: hemos asistido a la adopción de un vocabulario común y unos procedimientos compartidos que nos deberían llevar a inaugurar una nueva normalidad política.

Ahora si observamos Antofagasta, los promotores de los cambios no están encarnando para nada lo anunciado. En la alcaldía, él que se llenaba la boca de la palabra "apitutados" y "ratas", no es capaz, después de una oscura polémica, de cambiar a su equipo más cercano, buscando alojarlo donde pueda en el mismo municipio. Pregúntese donde esa gente va a ganar esos mismos sueldos con sus curriculum respectivos… Y sucede lo idéntico que con algunos cuadros y militantes de los partidos políticos de siempre.

Por otro lado, vean a los representantes locales del partido de Gabriel Boric. El presidente y vicepresidente regionales retomaron la praxis de lo tan vilipendiado. Ambos son jefes de gabinete de delegación y Seremía, y se ven involucrados en polémicas, como las que conciernen el servicio de salud y el personal de los hospitales de la región. En la Seremía de Medio Ambiente, un ex asesor de la diputada Catalina Pérez, durante su última legislatura, empresario en el mundo de la energía solar, fue designado seremi. Acá a lo menos se plantearía una problema ético. A lo menos. Otro ejemplo: un ex alcalde, eterno candidato, sin título profesional, dueño de un medio digital, es contratado como asesor del gobierno regional. ¿Cual es la plusvalía de ese aporte sino "politiquero"? ¿Cual es la plusvalía de todas esas acciones sino para los propios concernidos? Muy poco proporcionan a la voluntad de cambio, porque para llegar a ese fin deseado están aplicando exactamente los mismos medios que siempre. Pero en política sabemos que los fines justifican los medios. Esa filosofía está explicitada en "el Príncipe" de Maquiavelo. A no confundirlo con "el Principito", de Antoine de Saint-Exupéry. Aparentemente, haciendo un remix de los dos, se pueden lograr milagros. Como ese de comprometer un cambio que la gran mayoría anhela.

Cristian Zamorano Guzmán

Doctor en Ciencias Políticas

Siempre que se aborda el tema de los tributos, sea del Gobierno que sea, surgen voces a favor y en contra, tal como sucede en estos momentos cuando el Ejecutivo ha hecho un llamado a lograr una tramitación de la reforma tributaria "sin prisa, pero sin pausa", por supuesto de los más diversos sectores emergieron los cuestionamientos y los acuerdos, entonces ¿cuál es el camino?

Desde la oposición indican que con este pacto fiscal "el Ejecutivo no se está haciendo cargo de la situación económica en que nos encontramos". A su vez, el oficialismo celebra que se avance en una mayor justicia tributaria. Por su parte, el ministro de Hacienda informó que se estima una recaudación de 4,1% en un plazo de cuatro años, en tanto su estructuración se centra en torno a cuatro iniciativas legislativas, dos de las cuales se presentarán al Congreso durante el mes julio, en tanto las restantes se concretarán en el cuarto trimestre.

Si analizamos la iniciativa presentada recientemente por el Gobierno podemos definir que como objetivos identificamos aumentar en régimen la carga tributaria para lograr el financiamiento de gastos permanentes en educación y salud; además de mejorar la equidad e incrementar la progresividad del impuesto a la renta.

Resulta imposible no apoyar cualquier modificación que apunte a aumentar el gasto en educación y salud, puesto que ambos tópicos apuntan a incrementar la inclusión de nuestra sociedad y, en el mediano plazo, contribuir a mejorar la distribución del ingreso, dos temas que desde el estallido social se han mantenido dentro de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Volvemos a lo social, los temas económicos que la gente suele ver como temáticas áridas y a ratos poco entendibles, no son otra cosa que hablar de la forma en que se redistribuyen los recursos para hacer de Chile un territorio más equitativo y más justo. La economía es la ciencia de los números que busca otorgar mayor felicidad al ser humano y una mejor condición de vida para las y los habitantes del país.

Hablamos de formar mejores ciudadanos, de aumentar el capital humano y esto sin lugar a dudas nos exige acotar las brechas de la desigualdad, de equiparar las oportunidades en niños, jóvenes, adultos y personas mayores.

La educación es pilar para lograr no solo avances en las oportunidades en el ámbito de la formación y lo laboral sino que además permite generar esperanzas en una población que hoy ve en la violencia y delincuencia la forma de obtener bienes y una "mejor calidad" de vida.

Expertos nacionales y extranjeros sostienen que el foco una reforma educacional debe mejorar la formación en los niveles más básicos, a través de un cambio importante en la calidad de la enseñanza preescolar, básica, media y técnica que recibe la mayoría de las niñas y niños chilenos. Las grandes carencias están en las áreas municipal y privada subvencionada que reciben más del 90% de las y los estudiantes, aunque tenemos claro que falta de recursos es solo una de las causas que afectan la educación.

El proyecto de reforma tributaria del Gobierno apunta a resolver parte de los problemas de los chilenos, como salud y educación, lo que se traduce en aumentar la equidad horizontal…la tarea de hoy nos obliga a estudiar esta propuesta a fondo y ver cuáles son sus principales bondades y cuáles son sus defectos.

Pedro Araya Guerrero

Senador de la República