En medio de un panorama preocupante, invadido de Fake News en Redes Sociales, e incluso de borradores de la constitución que están a la venta con errores en las calles, no podemos sino preguntarnos qué cambios temen tanto quienes aún, con una estrategia deshonesta, buscan boicotear el plebiscito. Probablemente el tener al fin una constitución en la que las mujeres estemos presentes de principio a fin, sea uno de ellos.

"No somos un capítulo, ni un puñado de artículos", sostuvo hace unos días la Coordinadora Feminista 8M en sus redes, con la esperanza de ver recogidas demandas históricas a lo largo de todo el borrador. Y es que si hay algo que nos ofrecen estas 170 páginas, es una composición igualitaria, en donde la alegría con que recibimos este proceso que, por primera vez en la historia mundial, instauraba una Convención Constitucional paritaria, se multiplica con la posibilidad de traducir esa característica inédita, en un texto que contiene normas constitucionales con perspectiva de género, y que fue escrito por un órgano democrático en Chile, también por primera vez.

El resultado es un borrador pionero por donde se le mire, pero cuyos avances no son más que la concreción de una lucha que lo gatilló, y que hoy nos tiene a un paso de aprobar una Carta Magna en la que existen cerca de 35 normas que ponen de manifiesto temáticas de género.

El 4 de septiembre tenemos la oportunidad de aprobar aquello que en su conjunto, posibilita una transformación real en la materia. Así lo hace, por ejemplo, al establecer conceptualmente una democracia paritaria, en que el Estado reconozca y promueva una sociedad en que "mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas, participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del proceso democrático, es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía".

Se trata de una constitución que reconoce la desigualdad estructural actual, por lo que incluso en la definición de Estado, establece la paridad como un elemento central, instaurando la igualdad de género en todas sus expresiones, y garantizando el mismo trato y condiciones ante todos los órganos estatales y espacios de organización de la sociedad civil. En concreto, acaba con una marginación histórica y sistemática, e instaura sistemas políticos, democráticos y de justicia paritarios. Eso sumado a la posibilidad de garantizar desde derechos reproductivos y sexuales, hasta derechos genéricos como el trabajo o la vivienda, o el recibir una educción sexual integral y no sexista, y reconocer la diversidad de familias e identidades existentes.

Por último, aunque quizás lo más importante, en menos de dos meses tendremos la oportunidad de aprobar una constitución que reconoce el derecho a una vida libre de violencia de género, estableciendo al Estado como un garante, que deberá adoptar todas las medidas necesarias para erradicarla, "actuando con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar dicha violencia, así como brindar atención, protección y reparación integral a las víctimas". En un voto, ni una menos.

Durante el año 2021, el Sernac recibió 738 reclamos contra cementerios privados en el país, y en lo que va de este año suman más de 500 casos. Pero si comparamos el período de enero-mayo de este año versus el año pasado, hubo un incremento de un 48%.

Detrás de estas cifras se esconden situaciones que afectan gravemente a las familias. Uno de los reclamos recibido por el Sernac relata la siguiente situación. "Compré una sepultura, pero al momento de utilizarla, apareció otro dueño. Al realizar el reclamo, nos ofrecieron una segunda sepultura, pero cuando estábamos arreglando el sitio, volvió a aparecer otro dueño. La única solución que me dan es que compré una nueva sepultura, pero con un valor 5 veces mayor".

Otro consumidor relata su experiencia. "Compré una sepultura, y según el contrato, sólo la puedo ocupar dentro de un plazo de dos años. Quiero anular el contrato y la empresa no lo acepta".

Otra persona indica lo siguiente. "Para trasladar a nuestro hijo de sepultura, nos ofrecieron un nuevo contrato de mantención perpetua por 50 UF, más $1.600.000 al contado y el pago de $1.700.000 de la tumba anterior. Al momento de pagar la mantención, nos informan que son 100 UF y no 50 UF. Al no respetar el precio, quise anular la compra, la empresa no me quiere dar solución".

Sin duda se trata de situaciones complejas, que afectan gravemente a las familias. Hay que considerar además que las personas podrían ser más vulnerables a abusos si se encuentran en un contexto de dolor por la pérdida de un ser querido y en esos momentos, deben tomar una serie de decisiones en un máximo de 48 horas, incluyendo, por ejemplo, la contratación de servicios funerarios que también es un mercado que estamos fiscalizando.

Considerando la gravedad de estos incumplimientos, fiscalizaremos este mercado, para lo cual pretendemos analizar el comportamiento de las empresas de cementerios respecto de sus obligaciones y exigencias establecidas en la Ley del Consumidor, con especial consideración en la revisión de los contratos, así como de aquellas prácticas informadas por los consumidores en reclamos y alertas ciudadanas.

Los contratos con cementerios suelen tener un alto valor y son servicios que en algún momento todos utilizaremos. Por eso es tan importante estar monitoreando que cumplan con la Ley, que entreguen información veraz y oportuna, y que cobren lo que corresponde.

Una vez finalizado dicho análisis, y en caso de detectar infracciones graves a la Ley, tomaremos las acciones que consideremos adecuadas y pertinentes para ir en defensa de los derechos de los consumidores.

Es importante que las personas recuerden que al momento de contratar este tipo de servicios tienen derecho a recibir un servicio de calidad, lo que incluye recibir toda la información sobre las condiciones relevantes del mismo antes de contratarlo, como el precio, ubicación, modalidad de pago, cobros por mantención, posibilidades de dar término al contrato, entre otros.

Marcelo Miranda

Director regional del Sernac

Hace una semana el Presidente Gabriel Boric, en conjunto con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunciaron la entrega de una serie de beneficios para apoyar a las familias durante este invierno, en un ambiente marcado por el alza en los precios en distintos productos básicos debido al contexto internacional.

Esto también beneficiará a las familias de la Región de Antofagasta que cumplan los requisitos y será una ayuda importante para paliar los efectos inflacionarios para quienes tienen menores ingresos.

Se puede precisar que el paquete de medidas, incluye la entrega de un bono de $120.000 a las personas pertenecientes al 60% más vulnerable del registro Social de Hogares. La extensión del IFE Laboral hasta el último trimestre del año para facilitar el retorno al empleo formal de las trabajadoras y trabajadores. Además, extender el Permiso de Postnatal Parental por hasta 60 días a quienes terminen su postnatal hasta el 30 de septiembre; y ampliar las postulaciones al subsidio laboral Protege hasta fin de año.

El conjunto de medidas anunciadas por el gobierno contempla un costo fiscal cercano a los $1.160 millones. De estos, $896.326 millones financian el bono extraordinario de invierno; $250.452 millones, la extensión del Subsidio Protege y el IFE Laboral; y $12.170 millones, la extensión del Permiso Post Parental (PPP).

Habrá que esperar si estas medidas tienen los resultados esperados por el Gobierno y no se transforman a en un salvavidas de plomo para la economía nacional.

Sin dudas, los beneficios están mucho más acotados en esta instancia, no obstante, cualquier inyección artificial de recursos a la economía puede tener implicancias adicionales a la de ser un paliativo a la clase más vulnerable.

Si bien los efectos en la economía nacional están siendo afectados en gran parte por los problemas internacionales, gatillados por la guerra, los efectos de las políticas monetarias de estados Unidos y los efectos del coronavirus en China, lo cierto es que en Chile estos se han acentuado debido a la incertidumbre de estar en medio de un proceso constituyente y un gobierno nuevo.

Pese a lo anterior, es de esperar que se puedan ir tomando las medidas necesarias con el fin de por un lado ayudar a quienes se han visto más afectados con la crisis, pero también con acciones que impidan el estancamiento económico.