El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, recibió este lunes a unos 40 embajadores extranjeros, a los que expuso su desconfianza en las urnas electrónicas que el país utiliza desde 1996, ahora en ocasión de las elecciones de octubre próximo.

La reunión fue en la residencia de la Presidencia y transmitida por las redes sociales del propio Bolsonaro, quien insistió en su campaña de descalificación del sistema electrónico de votación, que en Brasil no ha sido objeto de una sola denuncia de fraude desde que fue adoptado.

Bolsonaro exhibió documentos de la Policía Federal referidos a una investigación realizada unos meses antes de las elecciones de 2018 debido a unos supuestos ataques de piratas informáticos al sistema.

La Justicia electoral y la propia Policía Federal concluyeron que el intento de invasión no tuvo éxito y que no influyó en nada en los comicios de ese año, en los que Bolsonaro fue elegido presidente en segunda vuelta, aunque él sostiene que ganó en la primera.

En su exposición ante los diplomáticos, no obstante, insistió en que las elecciones de 2018 "no fueron totalmente transparentes", en que la investigación sobre lo que ocurrió ese año "no fue concluida" y en que el sistema de votación brasileño "no es auditable".

También citó unas supuestas irregularidades ocurridas en 2014, cuando la entonces presidenta Dilma Rousseff fue reelegida por un margen de tres puntos porcentuales frente al socialdemócrata Aécio Neves.

Aunque no lo dijo directamente, Bolsonaro volvió a aludir a una presunta posibilidad de que esté en preparación un fraude para las elecciones de octubre a fin de favorecer a Lula, quien según todas las encuestas tiene una intención de voto cercana al 45%, frente al 30% del actual mandatario.

Críticas a la suprema

Bolsonaro también reiteró sus críticas al Tribunal Superior Electoral (TSE) y citó que algunos de sus miembros integran también la Corte Suprema y "le devolvieron los derechos políticos" al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Aludió así una sentencia de la Suprema que, a inicios de 2021, anuló las condenas que pesaban contra Lula por supuesta corrupción por inconsistencias jurídicas detectadas en los procesos.

Bolsonaro volvió a insinuar, además, que algunos de los miembros de la Justicia electoral y el Supremo tienen "claros vínculos" con "la izquierda", por lo que puso en duda su "imparcialidad".

Demanda opositora

La oposición brasileña presentó ayer mismo una nueva denuncia ante la Corte Suprema contra Bolsonaro, acusándolo de "mentir" frente a los embajadores extranjeros.

"No se puede permitir que se utilice el cargo de Presidente de la República para subvertir y atacar el orden democrático, crear el caos y desestabilizar a las instituciones", dice la demanda.

También se acusa a Bolsonaro de hacer uso de la estructura del poder público en forma ilícita, de propaganda electoral anticipada, de abuso de poder político y económico y de atentar contra el Estado democrático de Derecho.

El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, afirmó en una nota oficial que "el Parlamento, cuya composición fue electa por el actual y moderno sistema electoral, tiene la obligación de afirmar que las urnas electrónicas darán al país el resultado fiel de la voluntad popular, sea cual sea".

El primer ministro italiano, Mario Draghi, revelará hoy en el Parlamento si mantiene su dimisión tras la crisis en su coalición, mientras que los partidos deberán decidir si siguen apoyándolo o si optan por llamar al país a las urnas en medio de un clima de descontento económico y social.

Draghi ofrecerá un discurso en el Senado a las 9.30 locales y la discusión y votación de la moción de confianza llegará a última hora de la tarde, por lo que el pasaje en la Cámara de los Diputados tendrá que esperar probablemente al jueves.

La política italiana vivió ayer una especie de jornada de reflexión ante la de hoy en el Parlamento, donde Draghi aclarará la incógnita que trae de cabeza al país en estos días: si dimite o no.

La coalición de unidad nacional que preside desde febrero de 2021 entró en crisis el pasado jueves cuando uno de sus integrantes, el Movimiento 5 Estrellas (M5S), se desmarcó del resto y decidió no votar una moción de confianza vinculada a un decreto económico.

Acto seguido, el primer ministro presentó su dimisión al jefe del Estado, Sergio Mattarella, alegando que él había aceptado gobernar con el apoyo de todos, pero el presidente la rechazó emplazándole a solucionar la crisis ante el Legislativo.

Desde entonces, Draghi se refugió en su casa de Città della Pieve, una apacible aldea en la montañosa Umbria; luego viajó a Argelia para pedir más gas y ayer se mantuvo en su habitual mutismo, solo roto por la conmemoración del asesinato del juez antimafia Paolo Borsellino.

Pero trascendieron dos importantes encuentros en Roma, empezando por el que mantuvo en el palacio del Quirinale con Mattarella, para referir sobre los nuevos acuerdos con Argel, claves en sus planes para zanjar la dependencia del gas ruso.

Pero también recibió en el Palacio Chigi, sede de la presidencia del Gobierno, al líder del progresista Partido Demócrata (PD), Enrico Letta, uno de los que más presionan para convencerlo a seguir.

El expresidente del Banco Central Europeo ha recibido en las últimas horas miles de peticiones para que no renuncie y acabe la legislatura en su término natural, marzo de 2023. Entre sus prioridades están culminar el programa de reformas y tomar medidas contra una recesión sin precedentes desde 1986.

Unos 1.600 alcaldes de todo el país y todo color político firmaron una petición en ese sentido, y el respaldo también llegó de la iglesia católica, sindicatos, gremios y asociaciones de toda índole.