El Capítulo V es extremadamente ambicioso, primero por lo extenso y por la diversidad de materias que regula, desde el principio de probidad, hasta los deberes más rebuscados de la función pública, como la fijación de sueldo. En segundo lugar, porque incorpora deberes subjetivos difíciles de cumplir o de probar su incumplimiento por los ciudadanos, como la buena fe, la lealtad, la honestidad y la imparcialidad en ejercicio de la función pública. A ello hay que sumar que la infracción de dicho deberes no acarrea una sanción clara.

Dentro de este capítulo se eleva a rango constitucional una posición del Estado respecto de la corrupción al catalogarla como "contraria al bien común y atentar contra el sistema democrático, señalando que es deber del Estado promover la integridad de la función publica y erradicar la corrupción en todas sus formas, tanto en el sector publico como en el privado, debiendo adoptar medidas eficaces para su estudio, prevención, investigación, persecución y sanción" (artículo 170).

Sin duda incorporar estas materias en la Constitución es relevante para el fortalecimiento del Estado de Derecho, pero dichas nobles intenciones pueden quedar en letra muerta o meras declaraciones de principio si no existe un adecuado fortalecimiento de las instituciones públicas, tanto una profesionalización de la función pública que permita que buenos profesionales se interesen por el mundo público sin el temor a un cambio de gobierno, como de las instituciones públicas encargadas de garantizar la probidad y controlar la corrupción, como la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, la Unidad de Análisis Financiero del Estado, con mayores atribuciones y sanciones.

No se debe olvidar que en el Estado Chileno conviven dos almas, una moderna (regulatoria, superintendencias) y otra arcaica (sumarios sanitarios que el Covid-19 nos hizo recordar), y para que lo propuesto por la nueva Constitución funcione, es necesario que exista una modernización seria del aparato estatal, más allá de llenar de adjetivos calificativos sus funciones, pensar que tipo de Estado esperamos en 40 o 50 años más.

Finalmente, muchas de las materias reguladas en el Capítulo V deben ser reguladas por ley, sin necesidad de incorporarlas -con tanto detalle- en la Constitución, por cuanto, el Estado no va ha ser mejor ni funcionará de forma más eficiente, porque la Constitución le dedica muchas normas y le impone más deberes, el Estado será y funcionará mejor sin entiende que está al servicio de las personas y a ellas orienta su actuar.

*Profesor de Derecho Administrativo e investigador de POLIS, Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes

La Coordinadora Arauco Malleco anunció la ocupación ilegal de siete fundos pertenecientes a empresas y empresarios forestales de la comuna de Angol y que abarcan alrededor de 5.000 hectáreas.

A través de un comunicado, desde la organización informaron que los predios donde se desarrolla el proceso de "recuperación política y territorial" son "en los fundos El Chequen y Santa Marina de Forestal Mininco, en el fundo San José de Trintre de Forestal Arauco, en los fundos Santa María y Santa Guillermina de Forestal Cautín, en el fundo El Tesoro de Forestal Comaco y en el fundo El Porvenir del acaudalado latifundista Vásquez".

La CAM agregó que "en el escenario político actual sostenido por el Gobierno de Gabriel Boric se ha producido un reacomodo de las relaciones de dominación que históricamente han operado sobre el Wallmapu". Agregó que "las expresiones de capitalismo y colonialismo hoy continúan reproduciéndose en nuestras tierras, y aunque quieran disfrazarlas de un progresos sustentable típico de las nuevas pseudoizquierdas, las seguiremos combatiendo por todo el territorio".

En este contexto, añade, se realizó una asamblea en uno de los fundos tomados donde se "asumió un compromiso y una alianza entre este lof (Comunidad María Cayulleo) y la CAM, más las diversas comunidades asociadas a nuestra organización, con el fin de iniciar un proceso de restitución definitiva de los predios demandados".

Estas declaraciones se dan a pocos días de que el Congreso aprobara una prórroga del estado de excepción en la Macrozona Sur y que el Gobierno decidiera ampliar dos querellas por Ley de Seguridad del Estado en contra del líder de la CAM, Héctor Llaitul. Una decisión que adoptó el ministerio del Interior luego de las críticas que recibiera la ministra Izkia Siches por no querellarse contra el líder mapuche, quien llamo al "sabotaje" y validó ataques contra forestales.

"No transar"

"Este proceso de recuperación está en línea con los planteamientos político-estratégicos de la CAM, lo que implica en el actual contexto no transar frente a los principios y líneas que nos legaron nuestros futakeche kuifi (ancestros) en materia de territorio y autonomía", asegura el escrito.

En el documento publicado se critica los estados de excepción que se han decretado en la zona, señalando que "Muestra de esto es cómo con el estado de excepción se han elevado las exportaciones forestales y el extractivismo en el Wallmapu, así como la represión y criminalización mediática y política de las organizaciones revolucionarias mapuche, mientras la clase política y la Convención Constituyente se llenan la boca hablando de plurinacionalidad y otros inventos neoliberales"

Además hicieron un llamado a las comunidades "del wallmapu, y particularmente en las zonas en conflicto del territorio Nagche", con el fin de que estén "atentos y acompañar este significativo proceso de recuperación territorial y reconstrucción político-cultural".

Al cierre, el comunicado remarca que "la CAM seguirá impulsando su proyecto estratégico, recuperando territorio, multiplicando las acciones de resistencia y reconstruyendo la cultura ancestral de nuestro pueblo, más allá de las migajas con que en este escenario el Gobierno opta a los sectores mapuche vacilantes y oportunistas".

Reacciones

Durante la jornada hubo reacciones por parte de distintos parlamentarios de la zona. El diputado Henry Leal de la Unión Demócrata Independiente, dijo que "vez más la CAM y su líder nos notifican que van a empezar un proceso de toma y recuperación de siete predios en La Araucanía y no pasa nada, el Gobierno habla pero no actúa, por eso quiero decirle al Presidente de la República que hay un proyecto de ley que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, que tipifica como delito las usurpaciones y que está en el Senado. De usted depende, lo emplazo a ponerle suma urgencia y que se convierta en ley prontamente, ya que será una importante herramienta para combatir este tipo de hechos".

El diputado Miguel Mellado de Renovación Nacional, en tanto, aseguró que "era previsible que la CAM sacara un comunicado y accionara luego de que el Gobierno se diera cuenta de que esta organización era terrorista y accionara en contra de (Héctor) Llaitul, su gente y los terroristas de la CAM".

La diputada Ericka Ñanco, de Revolución Democrática, afirmó que "el trabajo parlamentario consiste en cuidar la democracia y para cuidar la democracia, necesitamos dialogar con los distintos sectores que ven cómo las políticas de Estado no han sido suficientes para resolver una demanda histórica con las primeras naciones".

"Como parlamentaria mapuche, de La Araucanía, invito a entender la situación existente hacia el sur del Biobío, más allá de las políticas de seguridad, sino en una voluntad de trabajo conjunta, donde se propongan y cumplan soluciones reales, que solo se lograrán si nos hacemos cargo de la deuda existente entre el Estado de Chile y los Pueblos Originarios. La invitación es al diálogo sincero y concreto, garantizando así el bienestar para todas y todos", dijo.