La historia de Chile y de nuestra región tiene varios capítulos que nos recuerda lo vulnerables que somos ante la fuerza de la naturaleza y la obligación de estar siempre prevenidos. Si no cumplimos con esa premisa las posibilidades de lamentar desgracias se multiplican y sería una irresponsabilidad no prestar atención a la historia y a las tragedias que nos enlutaron.

Por ello es muy destacable que el municipio de Antofagasta haya recibido el mapa de evacuación en caso de aluviones y definir los puntos seguros. Son 18 quebradas a lo largo de la comuna, muchas de ellas intervenidas y en las que se prohibió la instalación de viviendas.

Algunas de esas quebradas atraviesan la ciudad en el área central y estuvieron habitadas durante décadas previo al aluvión de 1991, cuando el agua arrasó con construcciones y arrebató la vida a decenas de antofagastinos.

Lamentablemente, improvisadas viviendas se instalan en estas zonas prohibidas debido a la necesidad de contar con un lugar donde refugiarse.

El documento que recibió el municipio -y que fue preparado por un equipo de profesionales - detallas lugares y zonas de riesgo de las conocidas y otras nuevas. Y la obligación comunal y regional es visitar los lugares de peligro y ver si siguen ocupadas por modestas construcciones de familias. De ser así, lo único que resta es la erradicación y reubicación de esas personas que no tienen dónde vivir y con una casi nula posibilidad de acceder a la casa propia.

No es una tarea fácil, pero se tiene que abordar al igual que en otras comunas, como los que están en el borde de ríos que suelen ser pocos caudalosos pero que han tenido crecidas que terminaron con viviendas, espacios de cultivos y recreación. Calama, Toconao y San Pedro de Atacama son testigos de ellos. En parte de esos lugares ya se materializó la erradicación, porque la factibilidad existía, tema distinto es en la capital regional donde por cantidad y por falta de terrenos habilitados la misión no es tan sencilla.

Eso no quita que se deba hacer y lo antes posible, porque es conocido que el cambio climático prevé lluvias más copiosas para esta parte del continente. En tiempos cortos precipitará lo que se espera para un año y con ello los estragos se multiplican.

Se tiene definido el mapa de riesgo y lo que se debe hacer. Una evaluación rápida y erradicaciones controladas pueden ser la salida para evitar pérdidas de vidas humanas en esos sitios de algo riesgo y que están habitados.

La propuesta de Nueva Constitución que ya fue aprobada por al menos los 2/3 de los Constituyentes elegidos democráticamente por la ciudadanía, deberá ser refrendada o rechazada en los próximos días por todos los ciudadanos chilenos.

Ciertamente es una decisión compleja que debemos tomar para lo cual resaltare algunos componentes de esta propuesta que me parecen relevantes acorde a mi experiencia en temas públicos.

Esta propuesta de Constitución contiene entre otras innovaciones, como el definirnos como un Estado Social de Derecho, un significativo reforzamiento del concepto que el desarrollo de nuestro país debe comenzar con el accionar mancomunado desde abajo hacia arriba, es decir desde el esfuerzo que las comunidades locales apliquen en la resolución de sus problemas y necesidades. Para ello deja establecido que las competencias que se entregaran a las comunas y regiones en las futuras leyes que emanen de esta nueva constitución, se radicarán priorizando la entidad local sobre la regional y esta última sobre lo nacional (art. 196.1).

A su vez deja establecido que las comunas y/o regiones garantizan el derecho de sus habitantes a participar, individual o colectivamente en las decisiones públicas, comprendiendo en ella la formulación, la ejecución, la evaluación, la fiscalización y el control democrático de la función pública (art. 191.1). Con ello el Estado de Chile, es decir nuestra futura institucionalidad, asegura a todas las personas la equidad horizontal en el acceso a los bienes y servicios públicos, al empleo y a todas las prestaciones estatales, sin perjuicio del lugar que habiten en el territorio (art. 189.2).

Todo lo anterior en el reconocimiento explícito de la autonomía política, administrativa y financiera de las Comunas y Regiones para la realización de sus fines e intereses (art. 187.2). Sin embargo, también deja establecido que en ningún caso el ejercicio de la citada autonomía podrá atentar en contra del carácter único e indivisible del Estado de Chile ni permitirá la secesión territorial (art. 187.4). Eso en cuanto a descentralización y regionalización.

Junto a estos elementos de juicio, también me parece pertinente resaltar que esta propuesta de Constitución deja establecido que para el ejercicio de estos derechos territoriales tanto como los derechos relativos a vivir en entornos seguros, a la ciudad, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, a la participación, etc., el derecho a la educación, la cual se define como un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, es indispensable para el ejercicio de todos los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país (art. 35.2)

La Ley 21.015, más conocida como Ley de Inclusión Laboral, ha sido un gran desafío para las empresas y organismos públicos con más de 100 trabajadores. Pero no sólo para cumplir con la normativa, que les exige la contratación de -al menos- un 1% de personas con discapacidad respecto al total de sus colaboradores, sino que también para cambiar la cultura laboral en torno a este colectivo que representa casi el 20% de la población nacional.

En el Programa Empresarial de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad, Pacto de Productividad Chile, nos encontramos estrechamente ligados a este desafío. Nuestro principal objetivo es que, a través de la colaboración y articulación de actores públicos y privados, se puedan generar las mejores condiciones para la inserción laboral de personas con discapacidad. Y en ese contexto, la nueva Ley 21.275 -que entrará en vigor el noviembre de este año y que establece la creación del nuevo rol de "Gestor/a de Inclusión Laboral" en las empresas de más de 100 trabajadores- está estrechamente vinculada con nuestro propósito de ser un puente que conecta a las empresas con las personas con discapacidad.

Durante los últimos meses en Pacto de Productividad Chile hemos aportado realizando programas de transferencias de conocimientos sobre intermediación e inclusión laboral, para que las empresas y sus colaboradores puedan comprender a cabalidad la actual legislación y también para que puedan tener una completa preparación con respecto al "Gestor/a de Inclusión Laboral".

Esta nueva figura al interior de las empresas será fundamental para construir espacios de trabajo, que permitan a las personas con discapacidad avanzar en igualdad de condiciones. Deberá preocuparse de la coordinación de un diagnóstico de inclusión laboral de personas con discapacidad al interior de la organización; de la gestión de la implementación del plan de inclusión laboral y de la coordinación de acciones de capacitación sobre este tema, de acuerdo con el enfoque de derechos y normativas vigentes.

El "Gestor/a de Inclusión Laboral" es otro paso adelante en favor de la igualdad de derechos de las personas con discapacidad. Se estima que alrededor de 6.500 empresas deberán contar con este cargo al interior de su organización. Será un gran desafío entonces cumplir con esta normativa, el cual Pacto de Productividad Chile está dispuesto a seguir acompañando.