Un grupo de gendarmes de la cárcel de Angol, Región de La Araucanía, se manifestaba al cierre de esta edición en demanda de mayores medidas de seguridad, producto de las numerosas amenazas recibidas por parte de reos. Esto, debido a que el alcaide del recinto firmó un acuerdo de traslado con tres comuneros mapuches, luego de ser amedrentado.

El alcaide del penal, Luis Poveda, firmó un acuerdo con los condenados por hechos de violencia Johan Millanao Nahuelpi y Juan Calbucoy Montanares, para ser llevados al Centro de Educación y Trabajo (CET). En tanto, Sergio Levinao, que al igual que los otros comuneros permaneció varios días en ayuno prolongado, fue trasladado al hospital de la comuna y luego se uniría a ellos en el CET, una vez que se aprobara su postulación.

Esto luego de que una decena de personas se manifestara afuera del penal el miércoles y el alcalde recibiera amenazas contra él y su familia.

El dirigente nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, César Padilla, dijo a Canal 13 que "el tema de la movilización responde netamente a faltas de medidas de seguridad" para los gendarmes. "Nos resulta gravemente hiriente cuando nos faltan los elementos tecnológicos, los recursos para poder ejercer de mejor manera nuestra labor".

Sin embargo, el funcionario criticó que esta vez "se generaron protocolos de acuerdo que no fueron consultados ni consensuados con el personal".

Diputados de RN acudieron ayer a Contraloría para pedir que se esclarezca la situación, ya que, según explicó el legislador por La Araucanía Miguel Mellado, el citado acuerdo "traspasa cualquier decreto supremo que el Gobierno de Chile haya emitido a través de un Presidente".

"Una huelga de hambre te hace cambiar tus beneficios intrapenitenciarios", dijo Mellado y anunció una acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos.

Con el propósito de ayudar a analizar los contenidos del proyecto de Constitución elaborado por la Convención Constitucional, este medio inicia hoy la publicación de la guía "El proyecto de Constitución explicado".

Se trata de un trabajo realizado por un grupo de académicos e investigadores de POLIS, el Observatorio Constitucional de la Universidad de los Andes.

Los 388 artículos que forman la propuesta han sido organizados de acuerdo con los capítulos que la integran, para explicar de manera simple sus principales contenidos. José Ignacio Martínez, decano de la Facultad Derecho de la U. de Los Andes, explica que se pensó en "entregar a los ciudadanos una explicación simple y didáctica de los principales aspectos de la propuesta de nueva Constitución, así como las innovaciones que ésta introduce con relación al actual texto constitucional".

El académico señala que en este análisis "transcribimos las normas que hemos considerado más relevantes, procurando mantener siempre el más alto nivel de rigor intelectual y objetividad en nuestros análisis y comentarios".

Sin embargo, añade que "a nuestro juicio, es indispensable que los lectores conozcan de primera fuente la propuesta de Constitución, y revisen y contrasten directamente en ella los diversos capítulos y artículos que la conforman", por lo cual aconseja leer la propuesta de Constitución elaborada por la Convención.

La noche del jueves se realizó un operativo en Antofagasta luego de que la delegada presidencial de la región, Karen Behren, dio curso a la solicitud de desalojo por parte del ministerio de Bienes Nacionales en la denominada "toma VIP" ubicada en el sector El Huáscar.

Al lugar llegó Carabineros y se demolieron con dos retroexcavadoras las viviendas, una de las cuales incluso tenía mil metros cuadrados, dos pisos y vista al mar en sus habitaciones.

En el lugar también estaba el alcalde Jonathan Velásquez, quien criticó que además "esta era una toma que se relacionaba a dos personas del partido Socialista aquí en Antofagasta, al exalcalde que estuvo como suplente, Wilson Díaz, a su pareja Jacqueline Santander", excandidata a senadora y vicepresidenta de Mujer y Género del PS en la ciudad.

Consultada por lo anterior, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, respondió en TVN que "como Gobierno y desde nuestro ministerio no le daremos trato privilegiado a nadie (...) Nunca les vamos a dar tratos preferentes a dirigentes políticos o autoridades. El patrimonio que es común no puede ser utilizado con esta finalidad privada de segunda vivienda".

En radio Biobío, Toro reconoció que "el tema de las ocupaciones es muy complejo" a lo largo de todo el país y luego hizo un alcance: "Es muy distinto una toma que corresponde a una necesidad habitacional en el contexto de una emergencia país que estamos enfrentando, de una ocupación que no tiene nada que ver con esa necesidad. A necesidades distintas, tenemos que dar soluciones distintas".

Junto con enfatizar que "no legitimamos ni promovemos ningún tipo de ocupación", agregó que "cuando hablamos de ocupaciones que tienen que ver con la necesidad habitacional, sabemos que como Estado tenemos que llegar con soluciones. Pero cuando no tienen esta justificación, nos importa mucho actuar rápidamente y evitar que estas se consoliden".

Otra distinción, detalló la ministra, es si se trata "de terrenos fiscales o privados. El ministerio de Bienes Nacionales solo administra los fiscales y pro lo tanto me concentro en esas ocupaciones".

Finalmente, el alcalde Velásquez declaró sobre la llamada "toma VIP" de Antofagasta que por lo mismo, el edil asegura que cree que "hay más personas involucradas de la política local en esas tomas (…) de la misma (colectividad)". No necesariamente autoridades, pero sí militantes, precisó.