El avance de un nuevo de tipo de criminalidad surge como un desafío que el Fiscal Jefe del Sistema Regional de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Región de Antofagasta, Juan Castro Bekios (46), reconoce se asume a diario con serias limitaciones de recursos para abordar con éxito las pesquisas.

El persecutor, quien forma parte del Ministerio Público desde 2003, en una franca conversación con El Mercurio de Antofagasta aborda la necesidad de reforzar el recurso humano especializado, como también la infraestructura y tecnología para enfrentar el creciente crimen organizado.

Diagnóstico

El reciente informe de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) detalló que la percepción de inseguridad en el país -personas que perciben alza en la delincuencia- registró un 86,9% en 2021; la más alta desde 2003. Esto en un contexto de aumento de delitos violentos y un nuevo tipo de criminalidad. Usted, Fiscal, expuso hace unos días antecedentes sobre nivel de criminalidad en un Encuentro por la Seguridad Regional. Sobre lo mismo ¿cuál es su diagnóstico sobre la evolución delictual en la Región?

-Son varios fenómenos que de alguna manera están relacionados, y que en conjunto de alguna manera contribuyen a que la criminalidad que estamos enfrentando hoy en la Macrozona Norte, y sobre todo en la Región de Antofagasta, sea distinta. Eso me imagino también afecta en la sensación de inseguridad. Si nosotros revisamos las cifras de esa exposición que hicimos, se trató de mostrar a las autoridades presentes y público en general cuál es la situación general en determinados delitos, sobre todo ahora están dentro de lo que se conoce como crimen organizado. Así por ejemplo, el período que se analizó es un periodo de 22 meses que va desde octubre de 2020 hasta lo que llevamos de agosto 2022, para contar con un período que tuviera la extensión suficiente para extraer conclusiones. De este análisis se pudo obtener que efectivamente hay aumento de ciertos delitos, aumento de participación de determinados grupos de personas en ciertos delitos. Por ejemplo, si vemos los delitos de la Ley de Drogas en el año 2020 al año 2021 hubo un aumento bastante importante en toda la región. Considerando que cada caso puede tener varios imputados, en el año 2020 hubo 1.266 casos pasando a 2021 a 1.373, que ya demuestra que hay un alza. En lo que va del año, solo hasta agosto, ya llevamos 850 casos. La verdad es que mediante una operación matemática sencilla la tendencia es al alza. Eso en la región, mientras que en la comuna de Antofagasta se puede advertir la misma tendencia (…) por lo que uno puede proyectar que lo más probable es que se supere la cifra del año anterior.

Otra cifra que diría es un poco preocupante, dice relación con la nacionalidad de los imputados en la Región de Antofagasta en general por todos los delitos de la ley de drogas. Porque si uno hace un examen de todos los delitos de la ley de drogas, la participación de los nacionales, de los chilenos, es de un 57% y la de los extranjeros es de un 43%; y todos sabemos que la proporción de chilenos y extranjeros no es 57% vs 43%. Por lo tanto llama la atención, que la proporción de extranjeros que participan en delitos de la ley de drogas en general sea tan alta. Lo que uno puede observar es que la participación de nacionales ha ido en descenso desde el año 2019 en delitos de la ley de drogas. Si uno se fija en la participación de nacionales, el año 2019 fueron 1.040, el año 2020, 1.192, pero fíjese que en el año 2021 bajaron a 717 nacionales en participación de delitos de la ley de drogas.

De acuerdo a las cifras que manejamos al día de hoy, en cuanto a las nacionalidades con más participación en general en delitos de la Ley de Drogas aparece en primer lugar Bolivia, seguido de Colombia y luego Venezuela. Esta situación se hace más evidente, cuando examinamos el delito más grave de la Ley 20.000, que es el tráfico señalado en el artículo tercero, es decir, excluimos lo que corresponde al tráfico de pequeñas cantidades y nos quedamos con el tráfico más habitual, que tiene la pena más grave. Ahí la participación de chilenos es de solo un 36%, en tanto, los extranjeros tienen participación en el 64% de los casos.

Este año el fiscal regional de la Región de la Región de Tarapacá, Raúl Arancibia, ante la evolución de los delitos sostenía que aún se está a tiempo de reaccionar porque de otra manera se corre el riesgo de experimentar en zonas fronterizas una transformación tan terrible como la que evidencia la frontera de México o la triple frontera de Paraguay. El diagnóstico del fiscal Arancibia se extendió a la falta de profesionales en el Ministerio Público para enfrentar el alto número de indagatorias, en un escenario en que "no dan abasto" los efectivos de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. ¿Cuál es la realidad en esta última arista en la Región de Antofagasta?

-En lo objetivo hay coincidencia. Si tomamos las cifras expuestas, estas van al alza tanto en los delitos de la Ley de Drogas como en los delitos en la Ley de Control de Armas, que por su naturaleza normalmente están asociados al crimen organizado. Si nosotros a eso le agregamos los delitos de robos de vehículos motorizados, tienen un alza tremenda. En el marco de la Macrozona Norte, y considerando desde Coquimbo hasta la Región de Arica y Parinacota, en la Región de Antofagasta se cometen 43% de todos los delitos de robo de vehículo; y ¿por qué menciono el robo de vehículos asociado al crimen organizado?, porque normalmente los vehículos se utilizan como moneda de cambio para obtener en nuestro vecino país, ya sea droga o armas. Si nosotros sumamos todos estos factores, evidentemente los delitos asociados al crimen organizado van al alza. Ahora, ¿cuál es la realidad que tenemos en la región para enfrentar estos delitos? La realidad, y esta es una opinión como Jefe de Análisis Criminal, es que al día de hoy hay una dotación de funcionarios judiciales y policiales de unidades especializadas que no es suficiente. Sobre todo, y creo que aquí está el punto, funcionarios de unidades especializadas que se dediquen a la persecución de delitos vinculados al crimen organizado, porque usted podría aumentar la dotación de carabineros, de lo que por cierto estoy de acuerdo; pero si usted aumenta la dotación de carabineros en general, no de unidades especializadas en la región haciendo presencia, va a tener más detenidos. Sin ninguna duda; pero va a tener detenidos por delitos que son fácilmente visualizables; es decir, delitos comunes: robos por sorpresa, hurto, robo con intimidación, de personas que no tienen relación con el crimen organizado, pero no va a estar atacando el problema de fondo, que consiste en agrupaciones criminales en la Macrozona Norte, como también en la región y comuna de Antofagasta.

Por lo tanto, hay un déficit de funcionarios policiales especializados. Un ejemplo concreto, para la investigación de delitos vinculados al robo de vehículos la dotación en ambas policías, de unidades especializadas, es absolutamente deficiente. Tanto en lo que se refiere a los recursos humanos, funcionarios, como los recursos materiales. Partiendo por la posibilidad de contar con buenos vehículos para concretar investigaciones, vigilancias, seguimientos. Lo mismo ocurre, en el trabajo en la investigación sobre delitos de la Ley de Drogas. Los funcionarios también son insuficientes para la cantidad de ingresos de delitos de la Ley de Drogas que tenemos. La dificultad que enfrentamos es que un funcionario que investiga droga, es un funcionario especializado (…) Además hay deficiencia en el equipamiento tecnológico en las policías al día de hoy.

¿Qué tipo de deficiencias enfrentan en este aspecto?

-Por ejemplo, la cantidad de vehículos, la posibilidad de acceder a más escuchas telefónicas, la capacidad de contar con más equipos y analistas que puedan hacer el examen de los teléfonos incautados, y la información que está contenido en ellos, es muy poca. Hoy la capacidad que tenemos de análisis de la información que está en los teléfonos, que es esencial, es muy escasa.

Sobre estas mismas limitaciones, recientemente un experto planteaba que en muchas ocasiones las pesquisas en ingreso de mercancías y cargamentos muchas veces quedan sujetas a la "olfatología" o intuición de los funcionarios de Aduanas debido a la falta de implementación tecnológica necesaria, como escáners. Debido a esto, en ocasiones solo de manera fortuita se descubren armas u otro tipo de mercancías ilícitas.

Efectivamente, Aduanas trabaja con perfiles. Evidentemente Aduanas no tiene la capacidad para examinar todas las mercancías que llegan a la ciudad de Antofagasta. Nosotros tenemos mercancías que llegan por el aeropuerto, pero también tenemos mercancías, y esto es súper relevante, que llegan vía marítima. Ahí lo que puede hacer Aduanas es trabajar sobre la base de perfiles, que es en el fondo analizar información, pero no existe la capacidad de revisar, imagínese, una embarcación, con cuántos containers, donde basta que la declaración diga una cosa, pero en la realidad dentro venga otra cosa. Ese fenómeno, que está vinculado con Aduanas, también está vinculado con Directemar, que se conoce como la Policía Marítima, que es una institución que si bien pertenece a las Fuerzas Armadas, tiene una definición con las mismas facultades que las policías; y sus recursos también son escasísimos. Y en el tráfico de drogas o el tráfico de armas, que pudiese estar desarrollándose a través de la vía marítima, no existe la capacidad para hacer revisiones que permitan efectivamente controlar o abarcar un número suficiente para encontrar más cargamentos con mercadería ilícita, particularmente armas y drogas. De manera tal, que lo que dice usted es efectivo. Falta tecnología. Le pongo un ejemplo, hay otros puertos que tienen pórticos escáner, donde la embarcación que ingresa pasa por un escáner, completa.

¿Acá no ocurre eso?

-No existe. No existe esta tecnología. Entonces, cómo nosotros podemos controlar la cantidad de containers que entran y salen desde los puertos de nuestra región, si no contamos con esa tecnología. Cuando un funcionario de Aduanas no la tiene, cuando un funcionario de la Policía Marítima, además de ser escasísimo, tampoco tiene la tecnología, la verdad es que quedamos entregados efectivamente a la labor, que con lo que tienen, pueden hacer estas instituciones: Aduanas como entidad fiscalizadora y Directemar como Policía Marítima.

Si uno ve solo los delitos de control de armas en la Región de Antofagasta, solo de enero a agosto de 2021 a enero a agosto de 2022, ha aumentado en un 55%. Es una cifra altísima, y en la comuna de Antofagasta, esta misma tendencia se replica, con un 45%. Pero si se quiere atacar el crimen organizado, yo le diría, que desde nuestra perspectiva desde la persecución penal, la gran deficiencia que tenemos es la posibilidad de desarrollar investigaciones patrimoniales. Cuando usted de verdad quiere desbaratar de verdad una organización criminal, tiene que necesariamente investigar el patrimonio. Si no investiga el patrimonio, lo que vamos a tener son detenciones y condenas respecto solo de brazos operativos de la organización criminal.

¿Y por qué no se implementan investigaciones patrimoniales, como las que se requieren?

-Le digo de inmediato. No tenemos en la Región de Antofagasta ninguna unidad especializada dedicada a la investigación patrimonial, ni en particular a la investigación del delito de lavado de activos. No hay, no existe; ni en Carabineros ni en la Policía de Investigaciones. Las investigaciones que hemos podido desarrollar en ese ámbito, para investigar casos de lavado de activos para que sean perseguidas las personas que son dueñas del negocio, las hemos tenido que realizar con unidades de Santiago, y con la dificultad que eso implica. Lo logramos hacer en un caso con Carabineros de Chile, a propósito de una entrega controlada en la ciudad de Viña del Mar y hallazgo de dineros, y donde se obtuvo, imagínese, la primera sentencia condenatoria por lavado activo de la Reforma Procesal Penal recién este año. Porque no tenemos la capacidad. Esta semana estamos llevando otro juicio, en que está incluida una acusación por lavado de activos, como en el caso de Los Lulas, y también la investigación debió activarse con personal de otra región, sobre todo de la Región Metropolitana, porque acá no tenemos la capacidad instalada. Usted no puede destinar funcionarios de una unidad distinta a investigar lavado de dinero, porque son investigadores y profesionales absolutamente técnicos. Estamos hablando de manejar investigaciones patrimoniales que tienen carácter financiero, tributario y análisis de cuentas corrientes, donde lo que se requiere son contadores, auditores y personal especializado para iniciar la investigación patrimonial acá en la región. De manera tal que si no atacamos el patrimonio de las organizaciones criminales no vamos a hacer una persecución penal eficiente, porque vamos a tener detenidos, sí, pero vamos a tener detenido al transportista. Pero sin una investigación patrimonial no podemos llegar al fondo.

Bekios, en tanto, agrega que ante el nuevo tipo de criminalidad hoy resulta indispensable cambios legislativos que permitan investigaciones de fiscales y policías más efectivas en lo referido a la ley de control de armas. Para esto se requiere, sostiene, una ampliación del plazo de detención por este delito, desde las 24 horas actuales a cinco días como ocurre con los delitos por Ley de Drogas. Lo mismo, afirma, resulta necesario para la figura de tráfico de pequeñas cantidades, con el fin de limitar lo que se considera microtráfico, que hoy puede considerarse en casos de 200 gramos de pasta base de cocaína, equivalentes 2 mil dosis.

Hay una carencia de recursos humanos en el Ministerio Público...

-Efectivamente la dotación de fiscales está absolutamente sobrepasada. Cuando se creó la Reforma Procesal Penal, se pensó de acuerdo a la realidad criminal que teníamos hace poco más de 20 años, sin embargo, la realidad criminal que enfrentamos hoy es absolutamente distinta. Ha aumentado, y además se han incorporado nuevas formas de criminalidad, utilizando tecnología que no existía a la época, y además ha incorporado un tipo de criminalidad importada desde otros países. Eso, cuando se fijó la planta de fiscales no existía.