La agrupación creada durante el proceso constitucional que finalizó con el plebiscito del 4 de septiembre y partidaria del Rechazo, Amarillos por Chile, comenzó ayer el camino para convertirse en partido político.

Con la inscripción de las 100 primeras firmas dieron inicio al trámite legal para tener la escritura de constitución como colectividad, que deberían tener la próxima semana.

Así, este documento tendrán que entregarlo al Servicio Electoral, que revisará si se cumplen con los requisitos necesario para la conformación de un partido político.

Según las estipulaciones previas de Amarillos por Chile dentro de la primera mitad de octubre ya deberían tener todo aprobado para oficializarse.

A través de una declaración de diez páginas, los 100 primeros firmantes definieron los "principios del Partido Movimiento Amarillos por Chile", donde señalan que "es un partido democrático y reformador que aspira a contribuir a que Chile sea una República organizada en base a los principios y mecanismos del sistema democrático representativo".

"Para avanzar de manera persistente hacia una sociedad más justa, libre, igualitaria y fraterna, propia de una democracia más exigente, el camino que propone el Movimiento Amarillos por Chile es el de la Reforma", reza el texto en uno de sus párrafos.

Así, ponen su foco en los países que "han logrado mayores éxitos", los que aseguran que "se han desarrollado a través de reformas graduales y no a través de procesos revolucionarios".

Si bien asumen "la importancia del mercado como una herramienta indispensable para el desarrollo", se definen "críticos de las visiones mercado-céntricas de corte ultraliberal".

"Surge como un partido nuevo, producto de un movimiento ciudadano que se opuso a una propuesta constitucional que carecía de las características necesarias para unir a los chilenos y chilenas", manifiestan.

Por último, plantean que el primer objetivo es "proveer a Chile de una nueva y buena Constitución".

Hasta el momento el rostro más visible del movimiento era Cristian Warnken, pero entre los primeros firmantes aparecen figuras de la Democracia Cristiana como Soledad Alvear, José Pablo Arellano, Clemente Pérez, René Cortázar, José de Gregorio, Zarko Luksic, Jorge Burgos, también algunos exconcertacionistas como Fulvio Rossi y Eugenio Tuma; y algunos reconocidos cercanos al exPresidente Ricardo Lagos, como Óscar Guillermo Garretón.

Redacción

La filtración de cerca de 400 mil correos electrónicos entre altos mandos militares y civiles, obtenidos a través de un hackeo que se atribuye un grupo de ciberpiratas llamados Guacamayo, caló hondo dentro de las Fuerzas Armadas y la primera gran consecuencia fue la renuncia del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Guillermo Paiva.

En el diario La Segunda, entregó antecedentes de cómo se gestó su salida: "Me llamaron de la Comandancia en jefe, y estando con licencia, con parte de mis intestinos fuera de mi cuerpo, concurrí y por iniciativa mía presenté la renuncia. Mi renuncia fue producto de mi responsabilidad de mando".

Paiva también indicó que hubo alertas sobre la posibilidad de un robo de información. "Se tomaron medidas, se buscó financiamiento y se obtuvo para aplicar dichas medidas de resguardo", dijo y sostuvo "no tengo mayores antecedentes (de lo ocurrido), porque no tengo la expertise técnica, pero se produjo una falla en los sistemas de seguridad que permitieron el acceso a los hackers".

"No voy a responder eso... por ahora", contestó al ser consultado si había advertido al ministerio de Defensa sobre un riesgo en esta materia.

El Presidente Gabriel Boric, desde Nueva York, se refirió a la filtración y a la renuncia de Paiva: "Me parece correcto que haya asumido su responsabilidad, él la puso sobre la mesa. Sobre mayores responsabilidades hay una investigación en curso".

El Mandatario abordó la posibilidad de que vengan nuevas renuncias por este caso y afirmó que "en esto estamos trabajando como Estado con todos los comandantes en jefe. La ministra de Defensa por eso viajó con antelación de vuelta a Chile".

"Tanto la ministra del Interior como la ministra de Defensa están trabajando en conjunto con los comandantes en jefe para resguardar el interés nacional", complementó.

Por último, Boric respaldó a la titular de Defensa, Maya Fernández, luego de que se supiera que en mayo la jefa de cartera habría recibido en mayo una advertencia del peligro cibernético, pero de manera verbal. "Tengo certeza de que la ministra Fernández, cuando recibió la alerta de vulnerabilidad, no de un hackeo, siendo que el hackeo ya se había producido, tomó todas las medidas que estaban a su alcance y destinó los recursos necesarios para fortalecer los sistemas de seguridad", dijo Boric.

La vicepresidenta Carolina Tohá también abordó esta situación y destacó que "la respuesta que ha habido ha sido oportuna y adecuada. Apenas se tuvo antecedentes de vulnerabilidad se tomaron las medidas para proteger los sistemas de seguridad del Estado Mayor Conjunto".

"Cuando la información se recibió en el ministerio de Defensa, ya había ocurrido el hackeo y en ese momento no se informó a la ministra. El lunes se tuvo conocimiento", selló.

Finalmente, el Consejo de Defensa del Estado anunció que se sumará a la causa legal ante la Primera Fiscalía Militar del Segundo Juzgado Militar de Santiago por la filtración, tras el requerimiento del ministerio de Defensa, y analizará los antecedentes para determinar si toman otras acciones.

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TTP-11) que se está tramitando en el Congreso y a solo un paso de ser despachado, se volvió tema de conversación dentro del Gobierno en especial por las diferencias que hay entre las dos coaliciones que lo conforman.

Unos han dicho que el tema no tiene prioridad para ponerse en tabla en el Senado y otros creen que se debería acelerar el trámite.

Si bien el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que el Ejecutivo "no entorpecerá" la tramitación del proyecto, tampoco serán impulsores y se limitarán a presentar un proyecto aparte sobre side letters.

Ahora la vicepresidenta, Carolina Tohá, también se refirió a este acuerdo y las diferentes visiones dentro de los partidos de Gobierno: "No hay una división, hay una coalición plural en la cual han convivido distintas visiones en esta materia, y sigue siendo así".

"El Presidente va a actuar poniendo por delante los intereses del país, eso es lo que ha dicho en Nueva York y lo hemos reafirmado todos los ministros", agregó.

En ese sentido, Tohá explicó que "el Parlamento tomará la decisión de cuándo se hace la votación, no es un tema que esté en el programa de Gobierno, pero el Gobierno está preparado para el resultado que sea de esa votación".

La secretaria de Estado también señaló que el Gobierno "ha trabajado en contactos con otras partes que han sido parte del TPP-11, para que como país tengamos acuerdos para sobre todo resolver uno de los temas que genera mayor preocupación, que es el sistema de resolución de controversias de la inversión extranjera".

"Estamos negociando con varias partes lo que se llama side letters, que son acuerdos complementarios que modifican esta modalidad que causa crítica y preocupación en algunos sectores. En eso, divisiones no hay, hay pluralidad", sentenció la vicepresidenta.

Las "cartas bilaterales" es un mecanismo que en el mismo TPP-11 utilió Nueva Zelanda.

Sobre esta materia, la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, tuvo una curiosa respuesta en un punto de prensa, donde aseguró que "no sé qué es lo que son los 'side letters'".

La titular de la cartera descartó referirse al tema, "porque no me corresponde" y "el Gobierno ya se pronunció".