El Gobierno francés mantiene las dudas sobre el calendario para su reforma de las pensiones, con un debate en la mayoría parlamentaria que lo sostiene sobre la conveniencia de dar unos meses a la concertación o presentar ya su proyecto al Parlamento, con el riesgo de desencadenar una protesta social.

El ministro de Hacienda, Gabriel Attal, insistió en una entrevista publicada ayer en Le Journal du Dimanche, en que "haremos la reforma de las pensiones" porque el régimen actual "es deficitario" pero también porque se quiere financiar el aumento de la pensión mínima a 1.100 euros mensuales (ahora ronda los 1.000 euros) y cubrir gastos de dependencia.

También -añade Attal- porque el Ejecutivo pretende invertir más en educación para aumentar en un 10% los sueldos de los profesores o contratar 3.000 policías y gendarmes el año próximo. Todo eso sin aumentar los impuestos y sin que se dispare la deuda "que las generaciones futuras tendrán que pagar antes o después".

Por eso persiste el Gobierno en el proyecto del presidente francés, Emmanuel Macron, de "trabajar más para vivir mejor", que en la práctica podría traducirse en aumentar la edad mínima de jubilación de los 62 años actualmente a 64 ó 65 años.

Sin embargo, a la pregunta de si esa reforma se incorporará al proyecto de ley de presupuestos para 2023 en forma de enmienda que se empezará a debatir en el mes de octubre, el titular de Hacienda eludió responder con el argumento de que "ese punto lo decidirán el presidente y la primera ministra".

Su mensaje es que, tanto si se utiliza ese mecanismo rápido como si se opta por dar hasta final de año para discutir con patronal, sindicatos y partidos políticos antes de presentar un proyecto de ley específico a comienzos de 2023, "los interlocutores sociales y el Parlamento estarán en el centro de esos debates".

Attal, en cualquier caso, no se hizo muchas ilusiones sobre la disposición a participar en esos debates.

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, volvió a criticar ayer una supuesta falta de "garantías procesales" en el juicio que la acusa de presunta corrupción, al considerar que existe un "Derecho Penal de autor" contra el peronismo, cuya facción kirchnerista lidera la también expresidenta (2007-2015) del país.

"Las garantías procesales de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, y todas las demás, no aplican si sos peronista", aseguró Fernández en una publicación compartida a través de sus redes sociales.

La exmandataria aprovechó esta publicación para ampliar la declaración judicial que ofreció el pasado viernes, en el tramo final de alegatos del juicio que enfrenta por la presunta adjudicación irregular de obras públicas (causa vialidad) en la provincia sureña de Santa Cruz, feudo político del kirchnerismo, cuando era jefa de Estado.

En este artículo, Fernández aludió al proceso que juzgó la represión policial ocurrida en la Plaza de Mayo el 20 de diciembre de 2001, que terminó con cinco manifestantes muertos y centenares de heridos, en el marco de la mayor crisis política, económica y social en la historia reciente del país.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 6 condenó en 2016 a los principales responsables del operativo policial y cinco años después redujo las penas, previa revisión de la Cámara de Casación Federal, por entender que se había realizado una "doble valoración" del carácter de funcionarios públicos de los condenados, transgrediendo el principio de "no ser juzgado dos veces por el mismo hecho", subrayó Fernández.

"Curiosamente, la misma sala 1 de Casación es la que tiene dos causas de asociación ilícita que, junto a la de vialidad, que también calificaron como asociación ilícita, forman parte de las cinco causas que en forma separada y con el mismo tipo penal se llevan adelante en mi contra, o sea, cinco veces juzgada por el mismo hecho", escribió la vicepresidenta.

"Para el peronismo, Derecho Penal de autor. Para el resto, aunque sean delitos contra la vida ocurridos a metros de la Casa Rosada, a plena luz del día y transmitidos en vivo por todos los canales de televisión, para ellos Derecho Penal liberal, con todas las garantías y principios del debido proceso", agregó.

Las protestas en Irán por la muerte de Mahsa Amini suman al menos 41 muertos y 1.186 detenidos tras nueve días, mientras el Gobierno movilizó ayer a miles de ciudadanos en marchas en contra de los manifestantes que piden más libertades.

Nueve días después de la muerte de Amini tras ser detenida por la Policía de la moral por llevar mal el velo obligatorio en el país parece que las protestas se apaciguan, pero es difícil analizar la situación dadas las restricciones que impone el Gobierno en internet y a informadores.

Las redes móviles están siendo cortadas por las tardes y noches, y la situación del internet fijo empeoró con operadores como Mobinnet sufriendo "apagones", explicó NetBlocks, plataforma que estudia la censura online.

El Comité para la Protección de Periodistas ha reportado la detención de al menos 18 informadores en los últimos días.

Por su parte, las autoridades no informan del número de fallecidos, pero la televisión estatal iraní afirmó que son ya 41.

En cuanto al número de detenidos, tampoco existen datos oficiales completos. El fiscal de la ciudad de Sari, Mohamad Karimí, informó este domingo del arresto de 450 "alborotadores" en la norteña provincia de Mazandarán.

Sumados a los 736 arrestados en la provincia de Guilan, el número de detenciones conocidas asciende a 1.186.

Marcha gubernamental

Mientras tanto, el Gobierno iraní movilizó ayer a miles de ciudadanos a lo largo del país en marchas contra las protestas por la joven Amini.

Los manifestantes mostraron ejemplares del Corán, banderas iraníes y fotos de líder supremo, Ali Jameneí, en Teherán, donde marcharon al grito de "Muerte al alborotador" y "Muerte al sedicioso".

No faltaron los habituales "Muerte a América" y "Muerte a Israel", a quien se señala de estar tras las protestas.

Además, mostraron su apoyo a las fuerzas del orden con lemas como "Policía, te apoyamos" y al líder con "Mientras corra sangre por nuestras venas, Jamenéi es nuestro líder".

Las marchas se repitieron en las principales ciudades del país, como Shiraz, Isfahán, Hamedán, Bandar Abas, Qom, Rasht, Ghazvin, e incluso en Sanandaj, capital del Kurdistán iraní, de donde era Amini.

Se trata de la segunda jornada de marchas pro gubernamentales desde que comenzaron las protestas por Amini el viernes 16.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Exteriores iraní ha convocado a los embajadores británico, noruego y sueco para expresar su descontento por la actitud de esos países frente a las protestas.

"El embajador de Reino Unido (Simon Shercliff,) fue convocado por la presencia en Londres de medios de comunicación en persa hostiles", informó este domingo la agencia Fars, que indicó que la convocatoria se produjo ayer.

Esos medios de comunicación "han incitado" las protestas con sus coberturas informativas y ayudado a "propagar los disturbios en la República Islámica de Irán", según Fars.

El embajador de Noruega en Irán, Sigvald Tomin Hauge, también fue convocado ayer, en su caso por las declaraciones realizadas por el presidente el Parlamento noruego, Masud Gharahkhani, en apoyo a las protestas.

Por su parte el embajador sueco, Mattias Lentz, fue convocado por "el ataque de elementos hostiles a la Embajada de Irán en Estocolmo".

Además, Irán acusó a Estados Unidos de intentar violar su soberanía después de que Washington autorizase a las empresas tecnológicas a ampliar sus servicios en el país persa, en respuesta a las restricciones de internet para atajar las protestas.

"Los intentos de violar la soberanía de Irán no se quedarán sin respuesta", afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kananí.