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Beneficios del TPP11
Los TLC suscritos por Chile y su tradición exportadora han llevado al país a tener la capacidad de ser un actor competitivo en los mercados internacionales de alimentos, exportando a más de 190 países en los últimos 10 años, con 90 categorías de alimentos en los top 10 del mundo. Por lo mismo, para el sector exportador en general, y especialmente para los exportadores de alimentos, la ratificación del CPTPP11 sería una muy buena noticia.Ser parte del TPP11 representa más de 3.000 nuevas oportunidades comerciales, además de otorgar seguridad y certeza jurídica, facilitar el comercio, profundizar la integración con el Asia-Pacífico y generar crecimiento económico, empleo y desarrollo en las regiones.
A modo de ejemplo, las exportaciones de vino a Vietnam, que al 2023 pagarán 20% de arancel, podrían bajar a 0% en 11 años desde el comienzo del TPP11.
Por el contrario, su no aprobación significará darle ventaja a nuestros competidores, como es el caso de Perú, México y Nueva Zelanda. A su vez, supondría perder más de 540 millones de dólares al año en exportaciones de alimentos y sobre los US$2.000 millones en exportaciones totales.
Este nuevo tratado nos dará un acceso preferencial al 18% de la economía mundial, siendo un peldaño más en la consecución del objetivo de abrir la mayor cantidad de mercados posibles para nuestro sector exportador y mantener las ventajas que hemos obtenido respecto de otros países exportadores.
Claudio Cilveti Presidente Consejo Exportador de Alimentos y gerente general Vinos de Chile A.G.
Agilizar proyectos
En un escenario de desaceleración y de una urgente reactivación económica, la aprobación de proyectos de infraestructura se torna clave. Nuevas inversiones en obras públicas, inmobiliarias y portuarias, entre otras, tendrán un pronto efecto en la generación de empleo, en la movilización de las empresas proveedoras y en crear nuevas oportunidades. Esto es especialmente importante en momentos de una alta inflación que afecta a miles de personas que buscan reinsertarse en el mercado laboral.
El Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) viene alertando hace años sobre las complejidades a la hora de que el Estado lleve a cabo proyectos en diferentes sectores de la economía, sin que estos se relacionen entre sí. Por ello, se ha propuesto la creación de una Comisión Asesora para coordinar a los actores sectoriales, lo que podría mejorar la productividad del sector en un 30%. Esta entidad -que asesoraría a la máxima autoridad política-, también se encargaría de monitorear el cumplimiento de políticas a largo plazo de cada una de las carteras encargadas de la ejecución de los proyectos.
La necesidad de esta institucionalidad cobra aún mayor urgencia ahora que el Gobierno anunció un plan de concesiones que asciende a US$ 13.258 millones, que el presupuesto de inversión pública se ve aumentado a través de diferentes partidas y que los gremios han solicitado al Presidente Boric nuevas medidas para acelerar la tramitación de proyectos. Esperamos que propuestas de esta naturaleza se puedan implementar.
Carlos Cruz Director ejecutivo Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)
Expulsión
La nueva Ley de Migración y Extranjería N° 21.235 incorpora el reconocimiento de diversos principios y derechos especialmente relevantes para la protección de las personas migrantes, alineándose con el estándar internacional sobre expulsión de extranjeros. Sin embargo, existe una tensión entre el paradigma de control y seguridad que rige en materia de extranjería y el enfoque basado en derechos humanos, el cual enfatiza su calidad de grupo vulnerable.Un ejemplo patente de esta tensión es el ingreso clandestino de extranjeros. Si bien la ley indica expresamente que no se criminalizará la migración irregular, no crea directamente mecanismos de regularización para este caso, sino que faculta a la Subsecretaría del Interior para establecerlos. En este sentido, los Estados deben facilitar la migración regular; el principio de migración ordenada no significa que se deba expulsar a todos los irregulares, al contrario, implica que se debe posibilitar que estas personas regulen su permanencia en el país, en tanto no constituyan una afrenta a la seguridad nacional o al interés público. Desde luego, nos referimos al éxodo venezolano, el cual se reconoce por las organizaciones internacionales como un caso de refugio y el segundo más grave y cuantioso después de la diáspora siria.
Es necesario, por lo tanto, crear mecanismos de regularización por motivos humanitarios. Mientras éstos no se establezcan, mayor importancia cobra la aplicación del estándar internacional sobre expulsión de extranjeros, ofreciendo a las personas una protección sustantiva que impida la aplicación arbitraria de medidas de expulsión.
Dra. Regina Díaz Tolosa Instituto de Investigación en Derecho, Universidad Autónoma de Chile