El compromiso del gobierno del Presidente Gabriel Boric es dar prioridad a la salud mental de los chilenos. Con ese objetivo, se establecieron metas concretas para abordar y mejorar el bienestar psicosocial de la población, especialmente tras el impacto que ha tenido la pandemia de Covid-19 en miles de personas que se enfrentaron al temor, a la muerte de un ser querido o ante la incertidumbre.

Uno de nuestros objetivos, es que los problemas asociados a la salud mental dejen de ocultarse y ser tabú. Porque muchas veces las personas que los sufren son estigmatizadas por eso y enfrentan diferentes formas de prejuicio y discriminación, llegando incluso a retrasar la necesaria búsqueda de ayuda.

Por eso nos hemos sumado a la campaña de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que nos dice "Haz tu parte". Durante la mañana de ayer pintamos una banca del Parque Brasil de verde, que es el color de la salud mental y que simboliza la invitación a conversar sobre nuestras experiencias y dar apoyo a quien lo necesita.

Estas bancas son un lugar seguro para que exista esa conversación sin temor y sin prejuicios, para que las personas puedan compartir con otros lo que sienten.

Junto con invitar a la conversación, hicimos un especial llamado a la población adolescente para que aproveche los "Espacios amigables" disponibles en la red asistencial.

Allí los adolescentes cuentan con asistencia profesional para la resolución de conflictos con padres, amigos o pareja, y orientación con problemas emocionales, de salud mental o por consumo de drogas o alcohol, entre otras prestaciones.

Estos dispositivos están disponibles en los Cesfam Norte, Valdivieso y María Cristina Rojas en la comuna de Antofagasta, Alemania, Central y Montt de Calama, y los hospitales de Tocopilla y Mejillones.

Como gobierno hemos puesto especial énfasis en esta problemática y estamos trabajando el programa "Construyendo salud mental", el cual tiene cinco líneas de acción estratégicas, que son: fortalecer el liderazgo y la gobernanza; mejorar la provisión de los servicios en salud mental; la promoción de la salud mental y la prevención del suicidio; el fortalecimiento en contextos de emergencias y el fortalecimiento de los datos, la evidencia y la investigación.

Para lograr estos objetivos destinaremos más de $19 mil millones. De este monto, se contempla la asignación de casi $15 mil millones para el refuerzo de acciones en salud mental, con foco en atenciones ambulatorias y cerradas infanto-adolescentes y para el refuerzo de las estrategias residenciales.

Además, se utilizarán $4 mil 044 millones para la realización de tamizajes que permitirán la detección precoz de trastornos de salud mental y su posterior acompañamiento hasta la confirmación del diagnóstico y tratamiento.

En estos días se ha hecho público un informe de la Comisión Bicameral de Investigación de Paraguay que señala al expresidente paraguayo Horacio Cartes (durante los años 2013 a 2018) como el "jefe de una red de tráfico de cigarrillos y de lavado de dinero" detallando una serie de irregularidades en las operaciones del grupo Tabesa, propiedad del exmandatario. El informe es relevante porque explica el por qué ha sido tan difícil lograr que en Paraguay se adopten medidas relevantes para controlar el envío de diversos productos de contrabando a los países de la región, siendo Chile uno de los principales afectados con dichos ilícitos. De hecho, un estudio publicado el año 2021 por Cadep (Centro de análisis y difusión de la Economía Paraguaya) concluyó que mientras el consumo de cigarrillos en Paraguay ha disminuido notablemente en los últimos 20 años, la oferta de productos del tabaco de empresas locales en Paraguay ha crecido significativamente en ese mismo período, y la oferta neta estimada de cigarrillos ha sido al menos 7 veces mayor que el consumo doméstico de cigarrillos. La explicación es evidente. Se produce muchísimo más de lo que se consume y el resto se envía de contrabando a los países vecinos.

Por su parte, las cifras muestran que el contrabando de cigarrillos está teniendo un aumento muy significativo en nuestro país, existiendo bandas organizadas que se dedican a su importación y distribución. Una de las señales que han evidenciado el poder de fuego de dichas organizaciones es el hecho que en dos oportunidades se han producido enfrentamientos entre bandas rivales que se disputan los cigarrillos de contrabando, semejantes a las "mexicanas" como conocemos a las quitadas de drogas, que han acabado con delincuentes muertos. El estudio 'Pack Swap' de Mide UC muestra que cerca de un 50% del cigarrillo que se comercializa en la macrozona norte del país es cigarrillo de contrabando. Todo ello, por cierto, genera problemas graves de criminalidad organizada, competencia desleal con el comercio establecido y mermas significativas en la recaudación fiscal que sólo por este ítem se estiman en 500 millones de dólares anuales de menores impuestos recaudados.

Todo lo anterior pone de manifiesto la importancia de reforzar el combate contra la criminalidad organizada en el país, y especialmente en la macrozona norte. La extensa frontera que nos separa de Perú y especialmente de Bolivia (861 kilómetros esta última, con cientos de pasos fronterizos no habilitados) constituye un poderoso obstáculo para controlar el flujo de mercancía ilícita que ingresa a Chile, favoreciendo también una inmigración que en los últimos años se ha vuelto descontrolada. Es por esa misma frontera por donde ingresan drogas, armas, mercadería de contrabando y por donde ingresan de manera irregular cientos de personas al país. Recuperar el control de esa frontera es entonces vital y constituye un esfuerzo donde las principales instituciones del país deben actuar coordinadamente.

Son esperanzadoras y van en la dirección correcta las medidas anunciadas esta semana por el subsecretario Monsalve respecto a un aumento de 6 mil millones de pesos para reforzar la seguridad en la zona norte, destinados a Carabineros, PDI, Fiscalía y Servicio de Aduanas para mejorar la seguridad en las fronteras sin que exista, a mi juicio, un obstáculo para que el Ejército y la Armada puedan colaborar con sus capacidades en dicha mejora. La magnitud del desafío exige que nuestros mejores esfuerzos se mancomunen en esa dirección antes de que sea demasiado tarde. Ese es el desafío.

Carlos Gajardo

Abogado y exfiscal

Ya lo dijo el Presidente Gabriel Boric, que vivir con temor a ser víctimas de la delincuencia es lo peor que puede afectar a una sociedad. Y lo dijo tras conocer los resultados de la encuesta de Paz Ciudadana que reveló un incremento en la sensación de temor, llegando a un 28% de los encuestados un 7,6% más que el año anterior.

Es una cifra altísima y refleja el mal momento que se vive en nuestro país respecto a la seguridad. La gente siente miedo y ello le obliga a cambiar sus hábitos y lo peor se encierran y le ceden espacios a la delincuencia.

En su visita por la Región de Antofagasta el mandatario conoció parte de ella y que también le fue comentada por los representantes de la sociedad civil y el comercio. A modo de ejemplo, el miedo a ser víctimas de asaltos o algún otro delito restó vida al centro de la ciudad y a los espacios comerciales.

Lo mismo sucede en otras comunas de la región, como Calama que ya entre las 18 y 20 horas la actividad comercial concluye, las cortinas se bajan y los espacios son copados por quienes desarrollan actividades delictivas.

Los comerciantes y los transeúntes entienden que ya a esa hora es peligroso y no vale la pena arriesgarse. Se acabó la efervescencia y las alternativas para concluir las jornadas laborales con alguna compra o compartiendo un café.

En los barrios sucede lo mismo. Los vecinos temprano cierran sus hogares y se refugian hasta el otro día a la espera que la claridad del sol les dé mayor seguridad.

Es necesario que las autoridades no sólo entiendan y les preocupe lo que ocurre. Se deben tomar medidas contundentes que impliquen el retorno a la tranquilidad y a la paz social.

Nuestras ciudades eran tranquilas. Los vecinos se conocían y se protegían y los espacios públicos estaban a disposición de sus habitantes, incluso hasta altas horas aprovechando la situación climatológica. Eso no se puede perder y hay que retornar a ese concepto de ciudad.

Los sistemas de seguridad liderados por nuestras autoridades tienen que ser lo suficientemente efectivos para que la paz vuelva a nuestras comunas.