Durante la pandemia de coronavirus el acoso escolar ha ido en aumento. Según la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, entre 2020 y 2022 se registraron 5.934 casos graves de acoso escolar en Chile, donde 2.516 corresponden a la Región Metropolitana y le sigue Tarapacá con 540.

Las encuestas revelan que hasta la mitad de los niños en edad escolar son intimidados en algún momento, conductas agresivas que se dan principalmente en los varones, los cuales prefieren métodos directos de agresión, al contrario de las mujeres que utilizan métodos indirectos. El Documento Técnico Bullying y Ciberbullying "Hablemos de Todo" 2020-2021 del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) evidencia que la prevalencia de victimización por acoso es de 15,1%, 15,8% en hombres y 13,9% en mujeres.

El principal tipo de bullying es el sexual (18,4%), seguido del físico (8,6%) y el psicológico (6,8%), siendo la principal causa la apariencia física (32,3%), luego la nacionalidad, raza o color de piel (7,8%) y la religión (4,8).

Si bien la problemática del acoso escolar no es nueva, el Ministerio de Educación ha generado una serie de iniciativas para reducir la violencia al interior de los establecimientos escolares, tras el regreso a las clases presenciales.

Pero aunque no todas los episodios pueden ser catalogados como un acoso escolar, es importante que los establecimientos generen los planes de convivencia que permitan alertar a la comunidad educativa sobre los peligros que revisten este tipo de prácticas.

Es importante, como dicen los especialistas, que se hagan las denuncias pertinentes en caso de detectar situaciones de acoso escolar, con el fin de que los establecimientos o los organismos a cargo, como la Superintendencia de Educación, tomen las acciones necesarias para evitar que estos casos se sigan acentuando.

Por otro lado, tanto en las familias como en el caso de los docentes, deben estar atentos a este tipo de situaciones, que muchas veces se dan de manera silenciosa y donde los niños muchas veces por temor a represalias peores evitan hablar al respecto.

Si bien en las comunidades educativas hay una mayor conciencia respecto a los perjuicios que provoca este tipo de acciones, es claro que se requiere una mayor agudeza y preocupación tanto de los equipos directivos y autoridades, como de los padres y apoderados, para concientizar sobre la importancia de un ambiente de buena convivencia escolar. Es necesario avanzar hacia una educación libre bulllying y para ello se requiere el trabajo de todos.

La reforma a las pensiones es, sin lugar a duda, una de las iniciativas más esperadas por la ciudadanía. Es bien sabido la precariedad de estas, así como el deterioro de la imagen de las AFP que son el pilar de nuestro sistema. En función de esto, el presidente Boric, en cadena nacional, ha dado luces de lo que sería una reforma de marca mayor, comparable incluso, con la creación de las AFP en los años 80.

A la luz de esto, se hace necesario revisar algunos elementos novedosos que fueron presentados en el mensaje. El primero de ellos, y sin duda el más potente en términos mediáticos, es el fin de las AFP tal y como se conocen actualmente. Si bien es probable que las AFP migren a ser gestores de inversión, ya no tendrán la tutela completa del proceso de pensiones, puesto que la recaudación y pago estará a cargo de un ente estatal. La opción que tendrán los trabajadores de ahorrar en estos gestores privados o en uno estatal, también es una novedad interesante, así como el tránsito a un sistema mixto, que mezcla elementos de capitalización individual con sistema de reparto, representado por la cotización adicional del 6%.

En el papel, la reforma solucionaría en gran parte los problemas de pensiones. Sin embargo, hay muchas dudas, referida al financiamiento de la PGU, así como la instrumentalización de ente estatal, así como el gestor de inversiones público, dado que la evidencia empírica indica que la eficiencia operacional no es una característica vital en los organizamos estatales y en tema de pagos e inversiones, se requiere una agilidad importante.

Un tema no menor, en términos políticos, es que la reforma de pensiones necesariamente está ligada a la reforma tributaria que actualmente se discute, puesto que gran parte de las iniciativas pretenden ser financiadas con impuesto generales.

A pesar de que esta reforma es necesaria y solicitada transversalmente por toda la opinión pública, llama la atención que haya sido enviada cuando hay un proyecto de reducción de la jornada laboral a 40 horas que, de aprobarse, aumentará los costos de contratación. Si a ese escenario se incorpora el 6% adicional de cargo del empleador, la situación para las empresas será más compleja, sobre todo en un año que se vislumbra como de contracción económica global.

Es de esperar que los legisladores analicen el proyecto con una mirada técnica, sin sesgos ideológicos, pensando que esta reforma de pensiones, probablemente se quede por los próximos 40 años en Chile.

José Navarrete Oyarce

Director del Magister en Tributación. Universidad Andrés Bello

La discusión sobre el presupuesto para el año 2023 está en pleno desarrollo y en la importante etapa de definiciones y decisiones. El Estado, mediante la discusión pública en el Congreso Nacional, precisa el financiamiento de sus responsabilidades en las diferentes áreas de desarrollo y de servicios asociadas a su quehacer, como salud, educación, vivienda y transporte, entre otras.

Paralelamente, se está desarrollando otra discusión asociada al presupuesto, que implica una negociación importante y crucial entre el Estado y sus trabajadores: el reajuste para el sector público. A juicio nuestro, este tema no debiera tratarse de manera separada, ya que afecta, sustantivamente, los presupuestos operativos de las instituciones del Estado en lo que dice relación con las remuneraciones. Situación, por supuesto, de suma importancia.

Hablamos acá, en términos concretos, de una preocupación mayor por las universidades del Estado, toda vez que el porcentaje de reajuste aprobado y concordado debe ser asumido directamente por estas instituciones de sus propios recursos. Hasta el momento, no se considera entregarles un aporte extra para enfrentar este aumento de costos en los sueldos, el que debiera aplicarse desde las remuneraciones del mes de diciembre en adelante. Esto tensiona más el financiamiento del sistema de educación superior en su conjunto, el cual ya se encuentra complicado por una serie de otras materias sensibles que en numerosas oportunidades hemos hecho ver a las autoridades.

Todas y todos entendemos la difícil situación económica que atraviesa nuestro país, la que tiene diferentes explicaciones, fundamentos y razones; todas ellas comprensibles, con causas de distinta índole, pero conocerlas o discutirlas no es suficiente para resolver la problemática. Desde nuestro punto de vista, el Estado debiera asumir su responsabilidad en cuanto a apoyar financieramente a sus instituciones universitarias, al igual como lo hace con todas las empresas e instituciones de Estado. No se justifica, de modo alguno, la discriminación que año a año afecta a las universidades y que hoy seguimos advirtiendo.

La necesidad de recursos adicionales para el pago de reajustes salariales es solo una de las muchas necesidades planteadas. Por supuesto, también hemos hecho propuestas para que sean consideradas en el actual debate presupuestario y muchas de ellas ni siquiera implican gastos adicionales para el Estado, pues basta la voluntad política para destrabar mecanismos existentes.

Las universidades tienen, nada más y nada menos, la estratégica misión de formar a las futuras generaciones, que a su vez tendrán la tarea de conducir a nuestro país en las próximas décadas, probablemente en complejas circunstancias y con escenarios muy adversos, por lo cual el Estado debe realizar todos los esfuerzos que estén a su alcance y colocar toda la voluntad posible para satisfacer estas necesidades cruciales en favor de su comunidad.