La Agrupación de Gestores Educacionales del Norte (AGEN) efectuaron llamado a las autoridades a tomar medidas concretas que vayan orientadas a combatir los actos de delincuencia en la educación particular subvencionada, "y que permitan dar seguridad a los planteles educativos que han tenidos casos de esta envergadura", comentó Rodrigo Vega, presidente del organismo que aglutina a los establecimientos educativos subvencionados y particulares de Calama.

El profesional explicó sobre este llamado que "ayer- el día martes pasado- un fallo del Juzgado de Familia de Antofagasta-, ordenó a la Corporación de Educación Municipal de la ciudad, a tomar medidas contra la violencia que se ha manifestado en esa ciudad, y colocar detectores de metales en los establecimientos educativos. Para nosotros como AGEN es grato que ese tribunal haya tomado una medida como esa. Sabemos que pude vulnerar los derechos de los escolares, pero que se hacen necesarias ante tal situación y que en Calama no estamos ajenos".

"En la medida de que no entendamos que las sanciones deben ser ejemplificadoras para quienes incurren este tipo de hechos, va a ser muy difícil y complejo retomar una estabilidad. Esto también para aquellos alumnos que cometen actos delictivos, y actos de gravedad puedan ser sancionados; y sin miedo a demandas o acciones administrativas en contra, será la mejor opción para aquellos alumnos que no generan actos delictuales y los establecimientos donde se educan", agregó Vega.

Más protección

Rodrigo Vega informó además que "tendremos una reunión con el Juzgado de Familia para analizar los alcances de este fallo en Antofagasta, y de cómo afrontar este fenómeno, sobre todo la seguridad, porque entendemos que las medidas han sido insuficientes. Además tendremos otra instancia el día miércoles 23 de noviembre para discutir y debatir esta situación -desbordada-, y para ello convocaremos también a la Superintendencia de Educación y planificar acciones que vayan en esa medida de mayor protección para alumnos, profesores y comunidades educativas en general. Y como AGEN buscamos anticiparnos a posibles hechos de violencia. El llamado a las autoridades es a participar y a tomar medidas claras y que den un respaldo a la tarea de evitar que este tipo de actos sigan ocurriendo".

Pablo Orellana G.

Desde el 30 de junio pasado las autoridades municipales y de Carabineros iniciaron el retiro de vehículos siniestrados desde la Primera Comisaría de la ciudad, así también aquellos que están en cadena de custodia en la Policía de Investigaciones, permitiendo así desocupar espacios para las policías y que también son parte de las incautaciones hechas en materia delictiva que eran investigadas por la justicia.

Su traslado al terreno provisorio que entregó el Ministerio de Bienes Nacionales -por seis meses, y hasta la habilitación del nuevo espacio para su acopio- ha develado detalles sobre los vehículos que se encontraban a cargo de las policías, "lo que permitirá no saturar las dependencias de la Primera Comisaría", explicó el comisario de Calama, José Luis Villegas.

Dentro de los vehículos que han sido trasladados al terreno provisorio se encontraban por ejemplo una camioneta avaluada en 50 millones de pesos, "y que ahora deberá esperar a que el Juzgado de Policía Local determine qué harán con este vehículo, el cual fue robado en el sur del país, y que terminó chocada en la comuna. Para ello el seguro del propietario deberá efectuar las gestiones para trasladarla o determinar qué hará con la camioneta", explicó la autoridad de Carabineros.

Usados en delitos

La labor de custodia de vehículos chocados o siniestrados, incluye además "a vehículos utilizados en la comisión de delito, y de todo tipo y modelos. En nuestras dependencias incluso se resguardó un automóvil marca Audi, el cual tenía un avalúo de más de 20 millones de pesos el cual era utilizado por una banda de delincuentes para la comisión de delitos, y cuyo futuro deberá ser definido por el Ministerio Público tras su incautación", agregó el comisario Villegas.

Nuevo espacio

El nuevo corral municipal se ubicará a 20 kilómetros del radio urbano de Calama. Contará con 29,5 hectáreas de extensión, "y permitirá que las policías y el municipio ya no tengan que ocupar dependencias de Carabineros o de Policía de Investigaciones, y además cuenta con un uso de suelo para tales efectos", comentó la seremi de Bienes Nacionales, Angelique Araya, acerca de la cesión -por 5 años- del terreno entregado a la Municipalidad de Calama.

Algunos de los vehículos que ya han comenzado a ser trasladados el terreno provisorio en tanto, "estaban en dependencias policiales por cerca de siete años, generando problemas para las instituciones y por lo que se decidió hacer estos traslados a la espera de la habilitación del terreno cedido por Bienes Nacionales. Y proyectamos que el nuevo corral esté operativo al primer trimestre del 2023", dijo el alcalde Eliecer Chamorro.

Actualmente el antiguo depósito de vehículos chocados mantiene cerca de 1.100 móviles acumulados desde su traslado al sector de Puerto Seco, y donde se espera sigan llegando más para su custodia.

Ante el incremento del robo de cables de cobre, de generadores y paneles, además de cortes de fibra óptica y otros delitos que provocan graves consecuencias en cientos de hogares de la Región de Antofagasta, corporaciones y organismos de emergencias como las policías, bomberos o centros hospitalarios, se llevó a cabo la "Primera Mesa de Vandalismo a infraestructura de Telecomunicaciones".

Según cifras de la Asociación Chilena de Telecomunicaciones (ChileTelcos), las acciones judiciales presentadas entre octubre de 2020 y marzo de 2021 producto de ataques a las infraestructuras de este tipo pasaron de 350 a 1.150. Mientras que entre enero de 2021 y marzo de este año, las querellas y denuncias por actos de vandalismo sumaron 1.981 a nivel nacional. Adicionalmente, la Región de Antofagasta es la segunda -fuera de la Región Metropolitana- más afectada por estos hechos.

"Como Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, según el mandato del Presidente Gabriel Boric, estamos trabajando en poder garantizar el derecho de las personas en mantenerse conectados. Y en este sentido vamos a realizar todas las acciones que resulten pertinentes para generar un trabajo colaborativo que busque el resguardo de la infraestructura que prestan el servicio de telecomunicaciones, porque entendemos la importancia de esto para la comunidad", explicó la seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Romina Vera.

La coordinadora regional de la Subsecretaría de Prevención del Delito, María Catalina Zuleta, manifestó que "estamos muy contentos de poder levantar esta mesa, ya que es una manera importante de poder resolver de forma integral el problema que tiene que ver con los vandalismos a las infraestructuras críticas, como los cortes de cable que afectan a la población. Todas las instituciones se ven dispuestas a trabajar en conjunto. Y también es importante que las empresas participen, porque son las que trabajan directamente con estos problemas".