Después de nueve meses, ayer se realizó la primera jornada del juicio oral contra los tres acusados por el homicidio calificado del joven camionero Byron Castillo, ocurrido el 10 de febrero de este año en la Ruta 1, entre Antofagasta y Mejillones.

Según los antecedentes vertidos durante la audiencia en el Tribunal Oral en lo Penal, el transportista habría sido arrojado por un paso nivel hacia el vacío, siendo la causa de muerte un traumatismo cráneo encefálico, de tórax, abdomen y de extremidades superiores e inferiores compatibles con caída de altura.

El caso provocó una crisis en la macrozona norte y en el resto del país, llevando a un paro de camioneros exigiendo mayor seguridad en las vías. El otrora ministro del Interior Rodrigo Delgado visitó la Región de Antofagasta, con el fin de negociar con los dirigentes y que se depusiera la movilización (ver recuadro).

Los acusados son ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana que ingresaron al país irregularmente. Dos de ellos, mayores de edad e identificados como E.R.S.M. y V.A.A.A., están con prisión preventiva como medida cautelar. Mientras que, el tercer imputado, es un adolescente que está en internación provisoria.

Alegatos

La jornada se extendió por más de 8 horas y partió con los alegatos de apertura, donde el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, aseguró que probarían tanto los hechos de la acusación, como la participación de los acusados, con la prueba de cargo que se incorporaría durante el juicio consistente en testimonial, documental, filmaciones, objetos y pericial.

En detalle, en la audiencia de ayer presentaron su versión de lo ocurrido dos testigos reservados, carabineros y el médico perito a cargo de la autopsia de la víctima.

Además, los acusados entregaron sus respectivos testimonios frente al tribunal. V.A.A.A., por ejemplo, aseveró que llevaba cuatro meses en La Serena con su suegra, sus dos hijos y su esposa, quien estaba embarazada. Afirmó que habían decidido volver a Venezuela para que su hijo naciera allá. La ruta de regreso, comentó, la realizaron a pie y pidiendo transporte en la carretera. Ya cerca de Mejillones, el acusado comentó que fue a comprar comida para su familia junto a su hijo, y que "vi de repente un carro azul, que ya estaba rondando. Me pasó por un lado, y yo había escuchado 'ellos también son venezolanos'. Me regresé con mi hijo, ni siquiera compré ni nada (...)". De vuelta con su esposa, V.A.A.A. afirmó que ella le dijo que había visto el mismo vehículo azul, y que "pasaron varias personas tomando licor, tomando aguardiente, tomando licor".

En ese momento, contó el imputado, volvió el mismo vehículo, bajándose varias personas "que estaban tomando aguardiente. Dijeron 'ustedes también son venezolanos'", ahí, argumentó, comenzó la riña, y agregó que le habrían dicho "tú mataste a mi compañero".

En todo momento que el imputado habló sostuvo su inocencia, y que "ni siquiera estuvimos ahí. Simplemente pasamos por ahí porque pasamos por esa vía".

"Alta energía"

Siguiendo con la audiencia, dos de los carabineros que hablaron frente a los jueces fueron los que llegaron al lugar de los hechos aquel día de febrero. El persecutor le consultó a cada uno si reconocían a los sospechosos que fueron arrestados en ese entonces, a lo que los efectivos respondieron afirmativamente.

Del mismo modo, en la presentación del perito - que se realizó aproximadamente a las 14:45, luego de un receso de una hora- se argumentó que la lesión de la víctima podría tener concordancia con una caída de altura, puesto que se requeriría "alta energía" para generar una herida de ese estilo en el cráneo.

Más de 30 testigos

Al finalizar la primera parte de los alegatos se informó que se retomaría la audiencia el lunes a las 8:30 horas. Se espera que el juicio oral se extienda por tres días, con la participación de 37 testigos citados a declarar frente al tribunal.

La investigación está liderada por el fiscal Aguilar, con colaboración de personal de SIP y Labocar de Carabineros. En tanto, los magistrados que componen el tribunal del juicio son Lillian Durán, Álvaro Lezama y Patricia Alvarado.

Mientras, la defensa de los dos adultos está a cargo de Hugo León, mientras que Francisco Barahona representa al menor de edad.

Fue a contar de las 6.30 horas del día de ayer, cuando personal de Bienes Nacionales, en conjunto con DPR y una dotación importante de Carabineros de la Antofagasta, partieron rumbo a Mejillones para desalojar y demoler la polémica toma VIP de Caleta Lagarto.

En el asentamiento, de 663 metros cuadrados y el cual comenzó a formarse a inicios del 2020, figuraban 90 sitios demarcados con sus respectivos cierres, no obstante, solo 30 de éstos mantenían construcciones habitacionales óptimas, entre cabañas pequeñas y casas de mayor envergadura. Todas ellas fueron demolidas frente a sus ocupantes, presentándose algunos roces.

"Todas estas construcciones se sacaron. Nos apoyó un contingente bastante importante de carabineros, quienes han sido un apoyo fundamental en todas estas acciones que hemos tomado, porque a veces estamos en riesgo ya que se producen ciertas resistencias. De hecho, uno de los ocupantes de las construcciones más grandes, puso un poco de resistencia el día de hoy (ayer), pero no había nada que hacer frente a lo que se estaba ejecutando (...) él ya había sido notificado en 2020, después en 2021, pero al parecer pensó que solo eran amenazas", manifestó Angelique Araya, seremi de Bienes Nacionales.

La decisión de desalojar se adoptó luego de cinco notificaciones y tres fiscalizaciones la última, el 22 de agosto de este año.

Araya agregó que "estamos accionando estos operativos, porque ya está bueno de tomas, ya está bueno de que exista este aprovechamiento de los terrenos fiscales que al final son de todos los chilenos, y no es solo eso, sino también el mal uso que le dan, porque son usos individuales y por qué tener privilegios con estas personas, cuando en este minuto estamos empujando un plan de emergencia habitacional que es uno de los ejes de este gobierno, y por eso para nosotros es importante recuperar los suelos".

El hecho se remonta al 10 de febrero del 2022, cuando aproximadamente a las 11:00 horas se produjo un altercado en la Ruta A-1 entre transportistas y un grupo de extranjeros que transitaban por la vía. Según la Fiscalía, entre este grupo habrían estado los tres imputados del delito. La discusión ocurrió en un paso sobre nivel arriba de la línea férrea. En base a lo expuesto por el Ministerio Público, los acusados se habrían acercado a Byron Castillo, que en ese momento estaba solo en el lugar -sus colegas se habían retirado del sector-, atacándolo y después lo habrían lanzado al vacío, falleciendo en el lugar. El crimen generó una huelga del gremio de camioneros, quienes bloquearon las rutas y paralizaron sus funciones. Por esto, el titular de Interior de ese entonces, Rodrigo Delgado, visitó Antofagasta para negociar con los dirigentes. Finalmente, se decretó estado de excepción en la macrozona norte para el control de la migración irregular.